Varias ONG quieren saber si se han usado armas españolas contra civiles en Yemen

Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón han pedido este miércoles al Gobierno que investigue si se han utilizado armas españoles para matar civiles en el conflicto de Yemen, al tiempo que han reclamado que se suspendan las exportaciones de este tipo de material a este país.

En un informe elaborado por las cuatro organizaciones, éstas aseguran que los datos sobre autorizaciones y exportaciones de armas publicados en marzo de este año por la Secretaría de Estado de Comercio no permiten saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles exportados tanto en 2014 como en años anteriores en los ataques aéreos en Yemen.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ¿Secretos que Matan? sobre las estadísticas del Gobierno sobre comercio de armas realizado por España durante el primer semestre de 2014. El documento incluye recomendaciones para reforzar el control parlamentario y la transparencia, así como garantizar que España respete el "principio jurídico de no autorizar armas para cometer atrocidades".

Ataques en zonas densamente pobladas

"Hemos documentado diversos casos de ataques en cinco zonas densamente pobladas en Yemen a consecuencia de los que han muerto al menos 139 personas, de las que al menos 97 eran civiles y 33 de ellas menores, y 460 resultaron heridas, incluidas 157 civiles", ha explicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por su parte, Jordi Armadans, director de FundiPau, considera que "el Gobierno español debe investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos bombardeos y suspender las transferencias de armas a todas las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades". Según la ONU, desde el comienzo de la campaña militar, el 25 de marzo, han muerto más de 550 civiles, entre ellos más de 100 niños y niñas.

"Yemen se enfrenta a una grave crisis humanitaria", ha indicado José María Vera, director de Oxfam Intermón, que ha añadido que "hay más de 150.000 personas desplazadas internas y una grave escasez de combustible, medicamentos y alimentos básicos".

Por todo ello, el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que "es hora de que el Gobierno deje de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas y revoque esa decisión adoptada en 1.987", ya que "el nivel de transparencia actual del informe gubernamental impide al Parlamento y a la sociedad civil saber quién usa qué tipo concreto de armas exportadas por España".

Casi 2.900 millones en exportaciones

Según el informe de estas ONG, en el primer semestre de 2014 el Gobierno español autorizó exportaciones de armas por un valor de más de 1.445 millones de euros y exportó armas españolas por más de 1.447 millones de euros.

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Las ONG valoran positivamente el informe detallado del Gobierno remitido al Congreso, que incluye información sobre algunas de las operaciones y describe el tipo de producto exportado o autorizado, en el que destaca la aplicación del enfoque preventivo por parte del Ejecutivo en algunos casos.

Dichos casos, entre otros, son las denegaciones de cuatro aviones de transporte militar a Sudán del Sur, botes de gas lacrimógeno para la policía de Egipto y cartuchos de caza a Guinea Bissau, la suspensión de licencias de material antidisturbios y cartuchos de caza a Venezuela, además de la suspensión temporal de licencias de armas de caza y tiro deportivo a Ucrania.

Sin embargo, más de siete años después de la aprobación de la ley de 2007 que regula el comercio de armas y ante el "constante aumento de estas exportaciones desde hace una década", las ONG piden al Gobierno y a los partidos políticos que adopten "una serie de medidas para seguir avanzando en transparencia y control parlamentario para garantizar que no se autoricen transferencias de armas españolas que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario".