El juez pide a la Guardia Civil que investigue a cargos del Gobierno de Madrid por la venta de 3.000 viviendas públicas

El Juzgado de Instrucción 48 de Madrid quiere comprobar si existen "indicios objetivos de enriquecimiento" en la operación de venta de 2.935 viviendas de protección pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en 2013. Y, por ello, pide a la Guardia Civil que investigue "la posible interrelación" entre las empresas que compraron estos pisos por 201 millones de euros. Así consta en una providencia fechada el pasado 17 de marzo a la que ha tenido acceso infoLibre. 

Las compañías implicadas en esta operación –realizada a través de subasta pública– son tres: la sociedad de gestión Azora; el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por ambas y constituida en septiembre de 2013, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

El objetivo del juez es determinar si "los responsables del organismo adjudicador [el Instituto de la Vivienda de Madrid] o de la consejería de la que dependa" se enriquecieron de forma ilícita con esta operación. La licitación se publicó en el BOCM el 6 de junio de 2013 y el contrato fue adjudicado el 11 de octubre de 2013. Durante todo ese tiempo fue consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda Pablo Cavero, que continúa en el cargo en la actualidad y ocupa el puesto número 11 en la lista de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, la gerente del Ivima desde abril de 2013 es Ana Gomendio López de Asiaín, que accedió a ese cargo en sustitución que Juan Van Halen, que pasó entonces a ser viceconsejero de Empleo y desde marzo de 2014 es director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.

El consejero Pablo Cavero, tal y como adelantó elplural.com, posee junto a cinco hermanos una sicav (sociedad de inversión de capital variable) denominada Bussola 99. Esta compañía cuenta con un patrimonio declarado en el primer trimestre de 2015 de 6,154 millones de euros. 

Según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque los fondos están depositados en el BBVA, la entidad en la que se delega la función de gestión, es decir, la subgestora, es Goldman Sachs International. En marzo de 2012, al entrar en el Gobierno de Aguirre, Cavero dejó el puesto de consejero en la sicav. Según admitió a preguntas de infoLibre, a día de hoy mantiene el 16,6% del capital de la sociedad, que se distribuye a partes iguales junto a sus cinco hermanos. 

Goldman Sachs desempeñó un papel relevante en la operación de venta de vivienda pública del Ivima. Aportó, a través de su filial inmobiliaria Whitehall, "la mayor parte de la inversión" realizada para la compra de esos 2.935 pisos, según informó la adjudicataria formal, que fue la sociedad de gestión Azora, a través de su página web.

A preguntas de este periódico, en la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda aseguran que no hay ningún tipo de incompatibilidad entre ambos hechos: que Goldman Sachs gestione parte del patrimonio de Cavero y que, al mismo tiempo, esta entidad se beneficie de una adjudicación de la consejería que dirige. "La sicav no es propietaria  de acciones  de Goldman Sachs, es su cliente. Es decir, Goldman Sachs cobra por gestionar, por lo tanto no tiene intereses económicos en su accionariado", señaló un portavoz. Y añadió: "Es misma diferencia que existe entre una persona particular que tiene una cuenta en un banco, por la que le cobran por los servicios y no tiene intereses económicos, o que tuviese en propiedad acciones de la entidad, en cuyo caso sí tiene intereses". 

La vía judicial 

La venta de estas 2.935 viviendas de protección pública es objeto de una investigación iniciada tras la querella contra esta licitación presentada por el PSM y a la que se adhirieron las asociaciones de afectados como acusación popular. En la misma providencia en la que pide a la Guardia Civil que investigue, el juez también reclama los contratos de adjudicación de estas 32 promociones, situadas en varios emplazamientos de la Comunidad de Madrid, que fueron vendidas por 201 millones de euros. La Comunidad justificó la venta bajo el argumento de obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que ya gestiona y que tienen desperfectos. 

Meses antes, en diciembre de 2014, el juez ya había pedido a la Policía Nacional que indagara sobre "la posible interrelación" de las empresas relacionadas con esta operación para determinar si ha habido "indicios objetivos de enriquecimiento" por parte de los responsables políticos de esa venta. En un escrito del pasado enero el inspector del Grupo IX de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) recomienda al juez que encargue a Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, que asuma el seguimiento de las pesquisas abiertas porque está “más especializada”.  

Por este asunto está imputada la directora gerente del Ivima, Ana Gomendio López de Asiaín, a la que los querellantes atribuyen los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber aprobado unos pliegos que implicaron la venta a un precio que consideran "irrisorio": 68.484 euros de media por inmueble. Los querellantes creen que esta venta, que se llevó a cabo en agosto de 2013, ha generado un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y se ha hecho con el ánimo de favorecer "intereses privados".

Plusvalía de más del 180%

En la querella, los afectados aportaron un informe de valoración elaborado por la Sociedad de Tasación utilizado por el Ivima para determinar el presupuesto base de la operación. En este documento se determina en 128.053 euros de media el valor protegido en la fecha de opción de compra de estos inmuebles, es decir, el precio medio al que pueden ser vendidos estos pisos cuando se cumplan los siete años en régimen de alquiler que establece el contrato. Y los pisos fueron vendidos a 68.484 euros de media a Azora y Goldman Sachs. De ahí la plusvalía de más del 180% por vivienda que, según los querellantes, puede obtener la actual dueña. 

Gomendio López de Asiaín, que acudió a declarar como imputada el pasado tres de septiembre, defendió la legalidad de esa adjudicación y basó su defensa en dos aspectos. Por un lado, argumentó que el precio fue más ventajoso porque se trató de una venta conjunta y que eso explica la diferencia entre el precio al que las empresas compraron los inmuebles y el precio máximo medio al que los pueden vender. Asimismo, dijo desconocer algunos de los aspectos planteados por los querellantes porque cuando llegó al cargo, en abril de 2013, el proceso de venta, que se consumó cuatro meses después, ya estaba iniciado.

Los querellantes basan la atribución del delito de prevaricación en la consideración de que la directora gerente del Ivima y las personas que participaron de forma "activa o pasiva" en el proceso eran conocedoras de la "injusticia" de la medida que estaban tomando fijando un precio que, a su juicio, "resulta a todas luces ridículo para el producto objeto de la venta". Con una simple operación aritmética se puede comprobar que, si vendieran todos los pisos con el precio más barato de los fijados en el informe de tasación, la administradora obtendría 372,4 millones, cuando pagó por ellos 201.

Otras supuestas irregularidades 

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Los querellantes consideran también que otra de las irregularidades del proceso es que la firma que adquirió los edificios es EnCasaCibeles, una nueva empresa que está participada en un 98% por el fondo Goldman Sachs y un 2% por la sociedad de gestión Azora. Pues bien, según las actas de la mesa de contratación Goldman Sachs fue una de las licitadoras excluidas del procedimiento porque ella misma comunicó al órgano de contratación su voluntad de no subsanar la documentación [ver documento, aquí]. Esto supone que, de facto, la adjudicataria fue una empresa excluida del concurso.

Otro de los aspectos que, según los querellantes, apuntan a la irregularidad del proceso es el hecho de que el Ivima no haya explicado por qué se eligieron esas 32 promociones y bajo qué criterios teniendo en cuenta que la venta conjunta supone un "enorme perjuicio patrimonial" a la Administración pública y que se hizo a un bajo precio cuando, utilizando a otro método, la ganancia para el erario público habría podido ser mayor.

Asimismo, las acusaciones creen que otro de los elementos que podrían incurrir en la invalidez de la adjudicación es el hecho de que las promociones no se vendieron con todos sus elementos, pues en algunos casos hay locales comerciales que se enajenaron antes o después de la adjudicación. En consecuencia, esta circunstancia podría invalidar la pérdida del derecho a compra de las viviendas que los actuales inquilinos tras la adjudicación de sus viviendas.