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De la Riva no podrá ser concejal en Valladolid tras ser condenado por desobediencia

  • El hasta ahora alcalde de Valldolid había demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero
  • La juez ve interés "personal" de León de la Riva en su propósito de "dilatar y obstaculizar" la sentencia

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Publicada el 29/05/2015 a las 10:49 Actualizada el 29/05/2015 a las 12:53
El alcalde de Valladolid, ahora en funciones, Francisco Javier León de la Riva.

El alcalde de Valladolid, ahora en funciones, Francisco Javier León de la Riva.

E.P.
El alcalde de Valladolid, ahora en funciones, Francisco Javier León de la Riva, fue condenado este viernes por delito de desobediencia al haber demorado durante casi un lustro la ejecución de una sentencia judicial que le obligaba a restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, inmueble donde cuenta con un piso y en el que se habían cometido distintas irregularidades urbanísticas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El fallo de la jueza Evelia Marcos Arroyo llega una vez celebrados los comicios y, aunque ya León de la Riva no podrá revalidar su puesto de alcalde, al haber perdido la mayoría absoluta y facilitar un tripartito entre PSOE, VTLP y Sí Podemos, también le impide incluso conservar su acta de concejal al frente del principal grupo de la oposición, como así solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado', partidarios de su inhabilitación para el desempeño de cargo público por quince años y veinticuatro meses, respectivamente, y del pago de multas, por el mismo orden, de 3.000 y 63.000 euros.

La juez justifica la condena del alcalde en funciones en que todas sus actuaciones estuvieron movidas por el propósito de "dilatar y obstaculizar" la ejecución material de la sentencia dictada en abril de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para restituir la legalidad al edificio de Caja Duero.

En su fallo condenatorio, consistente en trece meses de inhabilitación para el desempeño de cargo público y multa de 12.600 euros, la magistrada atribuye la conducta delictiva del condenado a su "interés particular" en el proceso, en su condición de titular de una vivienda (un séptimo A) en el polémico inmueble, y a un "evidente interés profesional" como alcalde, ante el innegable y cuantioso coste económico que la ejecución de la sentencia del TSJCyL en sus justos términos comportaría para el presupuesto municipal.
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