Podemos fija Madrid y Barcelona como el escaparate de sus políticas de cara a las generales

La misma noche electoral del 24 de mayo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya lo dejaba claro: "Las grandes ciudades son el motor del cambio político". Y es que la cúpula del partido asume que sus resultados en las generales estarán influidos en buena medida por las decisiones que se tomen en los primeros meses de mandato de las futuras alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau.

La decisión que tomó Podemos el pasado otoño en su congreso fundacional de Vistalegre fue, a la vista de los resultados, acertada: las candidaturas de unidad apoyadas por el partido –que renunció a presentarse con sus siglas a nivel local– tienen serias posibilidades de hacerse con el bastón de mando en las dos principales ciudades de España. Y, pese a que la formación obtuvo con su propia marca buenos resultados a nivel autonómico y se plantea entrar en gobiernos en comunidades como Baleares o la Comunitat Valenciana, Podemos asume que su gran escaparate de cara a las generales –su gran objetivo– son las políticas que desarrollen de forma prioritaria en las dos grandes capitales.

Tanto Ahora Madrid como Barcelona en Comú son candidaturas donde confluyen diferentes fuerzas y plataformas, si bien Podemos tiene un papel preponderante en ambas, especialmente en la madrileña. Ambas formaciones han presentado en su programa una batería de medidas urgentes para aplicar "en los primeros meses de mandato", en el caso de la ciudad condal, y "en los primeros 100 días de gobierno" en el de la capital madrileña. Y las dos coinciden casi plenamente en sus ejes: asuntos como la paralización de los desahucios, la revisión de las privatizaciones o la creación de empleo son los objetivos prioritarios que se plantean.

Parar los desahucios, prioridad número uno

El problema más urgente para Ahora Madrid es el del "derecho a techo", una meta que conllevaría "poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional a sus habitantes". El mismo planteamiento hace Barcelona en Comú, que planea invertir 50 millones de euros: "Consideramos indispensable hacer un cambio de rumbo y dedicar todas las competencias y el máximo de recursos del Ayuntamiento a evitar los desahucios por razones económicas y a garantizar un realojo digno a quienes lo necesiten, teniendo en cuenta criterios de proximidad", sostiene el partido.

En este sentido, Inés Sabanés, concejala electa del Ayuntamiento de Madrid y número 3 de la lista encabezada por Manuela Carmena, se muestra cauta a la hora de concretar las medidas antes de que su partido acceda al Gobierno municipal. No obstante, Sabanés explica que una de las primeras iniciativas que plantea Ahora Madrid es la creación de una "oficina de intermediación hipotecaria", que serviría para mediar entre los bancos y las personas amenazadas por un desalojo para conseguir una solución y evitar que queden en la calle.

Barcelona en Comú también plantea negociar con los bancos e incluso interpondrá sanciones en caso de incumplimiento de sus obligaciones", si bien su número 5, Janet Sanz, presenta otra medida como prioritaria para garantizar el derecho a la vivienda: "Inspeccionar los pisos vacíos de la ciudad para intentar ponerlos en circulación". La iniciativa, según asegura, ya está contemplada legalmente a nivel municipal, por lo que no haría falta promover una normativa nueva. Ahora Madrid plantea una acción similar: "incentivar la puesta en uso de viviendas permanentemente desocupadas de la SAREB, entidades financieras y otras grandes empresas".

Examinar y deshacer las privatizaciones

El análisis y la paralización de las privatizaciones es otra de las medidas urgentes en las que Ahora Madrid y Barcelona en Comú coinciden. Cada una de las candidaturas especifican servicios concretos que desean remunicipalizar, como las escuelas públicas o el servicio de basuras en el caso de Madrid o la red de aparcamientos o la empresa de aguas en el caso de Barcelona. Pero los problemas a los que tendrán que enfrentarse con comunes, ya que algunas de estas privatizaciones ya están firmadas.

"Hay contratos que son difíciles de echar atrás a nivel jurídico", reconoce Sanz, que explica que "el riesgo son las indemnizaciones que habrá que pagar, porque todas las privatizaciones se pueden revertir, pero hay que garantizar la seguridad jurídica" de las empresas perjudicadas, lo que implica resarcirles por los compromisos incumplidos. En cualquier caso, la concejala electa considera que hay margen para actuar, ya que a su juicio hay privatizaciones que se han llevado a cabo de forma irregular.

"En el caso del agua, por ejemplo, nosotros nos vamos a apoyar en que hay varios informes jurídicos que dicen que la constitución de la empresa público-privada que ahora la gestiona se ha hecho mal", explica, y afirma que esta externalización "contraviene derechos básicos de la ciudadanía". El argumento es el mismo que utiliza Ahora Madrid, que en su programa expone la necesidad de elaborar "una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos". La candidatura de Manuela Carmena propone "auditar los contratos integrales, para analizar su legalidad y sus incumplimientos, y establecer un sistema de control y sanciones riguroso".

Luz, agua, gas y alimentación

Garantizar los suministros básicos a las familias –luz, agua, gas y comida– es otro de los puntos marcados en rojo para los futuros gobiernos locales de Colau y Carmena. Sabanés asegura que Ahora Madrid tiene decidido abrir los comedores escolares durante todo el verano en Madrid para ofrecer comidas a los ciudadanos que lo necesiten. De igual forma, el partido también plantea invertir 79 millones de euros en ayudas directas para cubrir las necesidades alimentarias de 106.000 personas, y otros 121 para garantizar los suministros de luz, agua y gas.

Medidas similares plantea Barcelona en Comú, que para afrontar los problemas alimenticios invertirá inicialmente 20 millones de euros y anuncia la introducción de un impuesto a las compañías eléctricas "por la ocupación del espacio público", si bien no detallan la cuantía de la tasa. La candidatura de Colau señala, además, que creará "un fondo específico de 5 millones de euros para atender los casos más urgentes de pobreza energética".

Paralelamente, Sanz explica que Barcelona en Comú pretende construir una entidad municipal que, a medio plazo, pueda asumir funciones de comercializadora de energía. Y para "generar empleo", ambas candidaturas hacen hincapié en la necesidad de potenciar la rehabilitación de viviendas, lo que también permitiría ahorrar energía, así como la potenciación de los servicios públicos como herramienta para crear puestos de trabajo. Hay que "desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración", según Ahora Madrid.

Este programa, en el caso de la ciudad condal, tendría como objetivo la creación a corto plazo de 2.500 puestos de trabajo con una inversión de 50 millones de euros, y se centraría en aspectos como la "prevención y gestión sostenible de residuos", la mejora de la "atención y cuidado de las personas", y el "fomento de la economía cooperativa y de su actualización tecnológica". Ambos programas coinciden, además, en promover el "tejido comercial" a través de iniciativas como, por ejemplo, "el uso productivo de espacios e infraestructuras vacías e infrautilizadas para el desarrollo de proyectos sociales y productivos en régimen de cooperativas o proyectos de autoempleo", como sostiene Ahora Madrid.

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El derecho a la salud es el último objetivo prioritario en el que coinciden ambas candidaturas. Tanto Ahora Madrid como Barcelona en Comú sostienen que los recortes en sanidad provocan un aumento de las desigualdades sociales, por lo que plantean de forma urgente "garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a las acciones municipales de prevención y promoción de la salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa", en palabras de la candidatra de Carmena.

Barcelona en Comú se fija un primer objetivo concreto: localizar y asistir a las "6.000 personas migrantes ya empadronadas en Barcelona no disponen de tarjeta sanitaria", así como a "todas aquellas personas que ni siquiera se encuentran empadronadas y que tampoco gozan de una atención sanitaria adecuada". La coalición de Colau, que sostiene que sus planes urgentes en sanidad le costarán unos 5 millones de euros, es menos concreta al plantear otras dos medidas: presionar desde el Ayuntamiento a la Generalitat para "revertir la actual política de recortes y privatizaciones de servicios", "poner en marcha campañas de acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad" y "retirar las comunicaciones desinformativas y disuasorias de los Centros de Atención Primaria y de los Hospitales".

El partido, además, expone en su plan de emergencia la necesidad de introducir una “renta municipal complementaria”, una propuesta similar a la que realizó Podemos a nivel autonómico. A esta ayuda tendrían derecho todas las familias bajo el umbral de la pobreza de Barcelona, y completaría el resto de subvenciones de otras administraciones “hasta llegar al 60% de la renta media de la ciudad (unos 600 euros)”. El coste inicial de esta medida, según Barcelona en Comú, sería de 25 millones de euros.