Madrid investiga a un colegio concertado por el cobro de cuotas y otras irregularidades

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid investiga, a través del Servicio de Inspección Educativa, al colegio concertado de educación especial Cisen por supuestos cobros ilegales en concepto de escolarización e irregularidades en el transporte escolar de los alumnos. El origen de esta investigación está en la queja presentada ante este departamento por dos familias que llevan a sus hijos a ese centro, al que asisten alumnos con discapacidad motora e intelectual. 

Céline Rodríguez es una de las madres afectadas. En este colegio está escolarizado su hijo Marc, de cuatro años y siete meses, y que tiene una discapacidad del 67%. Denuncia que el colegio le obliga a pagar cada mes 300 euros por unos supuestos "servicios complementarios" que, en realidad, "no existen". "Es una cuota que cobran de manera fraudulenta porque las actividades extraescolares como psicología o musicoterapia que se hacen por la tardes el colegio las cobra aparte a razón de 50 euros por sesión", subraya. Otras actividades como fisioterapia, logopedia o deglución entran dentro del plan de formación. 

Hay que tener en cuenta que la ley establece que la escolarización en los centros concertados debe ser gratuita porque se subvencionan con dinero público. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios como transporte escolar o comedor o las actividades extraescolares, aunque tienen que tener siempre carácter voluntario. 

La dirección del colegio, a preguntas de infoLibre, se limitó a mantener que el centro "cumple la normativa vigente" y se remitió a la consejería. Pero el colegio, en una respuesta por escrito que dio a la Dirección de Área Territorial que investiga este caso, señaló al respecto que "no exige ni cobra importe alguno en concepto de aportación" y que "las familias realizan la aportación bajo el carácter de voluntariedad sin contraprestación alguna". De ser así, mantiene Céline Rodríguez, ella no tendría los recibos domiciliados de cada mes y, al ser una donación, se podría haber desgravado esos importes en la declaración de la renta por ser una donación. 

Transporte escolar en taxi

Sin embargo, esta no es la única cuestión denunciada por las familias. El transporte escolar se realiza en taxis ordinarios en los que los alumnos, que tienen graves discapacidades motoras e intelectuales, no van acompañados por personal especialista. Un solo taxista, asegura la madre afectada, lleva a cuatro alumnos por vehículo. "Hay dos niñas que, por su discapacidad, tienen comportamientos agresivos y llegan a pegarse entre ellas, así que el taxista ha tenido que colocar una tabla de madera entre ambas", denuncia Rodríguez. De hecho, ella ha optado, para garantizar la seguridad de este, por acompañar a su hijo en todos los trayectos junto a dos alumnos más y el conductor.

La realidad es que los centros privados concertados no cuentan con una orden reguladora del transporte escolar como sí tienen los públicos, sino que tienen autonomía para su organización. No obstante, el Servicio de Inspección Educativa –según ha comunicado en un escrito a las familias– está investigando este asunto y ha requerido al centro que amplíe la información de la organización y funcionamiento del transporte escolar en relación a las rutas, alumnos, tiempos o acompañantes.

La Comunidad de Madrid subvenciona los servicios de transporte escolar y comedor para los alumnos de centros de educación especial sostenidos con fondos públicos. Pero, según las cantidades abonadas por esta madre, no en su totalidad. En el colegio Cisen las familias tienen que hacer un pago mensual de 375 euros por el transporte (3.750 euros por curso) y de 78 por el comedor (780 euros por curso). Por tanto, la suma total que tienen que desembolsar cada mes, uniendo los gastos de escolaridad, es de 753 euros. De esa cantidad se recupera alrededor del 35% por las becas de transporte y comedor. 

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Por otro lado, las madres detallan también irregularidades en el servicio de logopedia –que está incluido en el horario lectivo–, en el que aseguran que no existen objetivos y no se cumplen horarios ni se emiten informes y deficiencias en las instalaciones del centro. En la Consejería de Educación, a preguntas de este diario, declinan responder de forma concreta sobre estos asuntos. Reiteran que es el Servicio de Inspección Educativa está haciendo el seguimiento de estas cuestiones y mantienen que "en cuanto se reciba el informe que está elaborando la Inspección, la Consejería tomará las medidas oportunas”.

------------------------------------ACTUALIZACIÓN 

Esta información fue publicada el 11 de junio de 2015. Meses después infoLibre contactó de nuevo con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para interesarse sobre la situación del colegio y la investigación iniciada del Servicio de Inspección Educativa. Un portavoz oficial respondió que, a raíz del informe de ese servicio "de finales del curso pasado", la Consejería de Educación "instó al centro a que corrigiese el sistema de transporte y lo adecuase a la normativa y a que justificase los cobros que realizaba a las familias". Asimismo, aseguró que, durante este curso, "la Inspección ha hecho comprobación de que se estaba cumpliendo con esa instancia".