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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (c), junto a la portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (i).
EFE
alfonsigo
19/06/15 01:26
Belcebú
19/06/15 00:38
Olé por Rita!!! mujeres valientes y libres, como ella, honran el género y nos honran como especie. Que las damas combativas sigan mostrando el camino en la calle y en el Ayuntamiento (pronto en la Generalitat, con la Forcades, en el Gobierno y, por qué no, en la Jefatura del Estado, democráticamente electas) Salud y República!!
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Mursiyano
17/06/15 15:28
Si Dios existe, apañados estais los católicos españoles, vais todos al infierno de cabeza. Solo defendeis lo indefendible. Sería ilustrativo saber de donde vienen los fiscales y jueces españoles. Me juego los cojones que en el 90 % de los casos, sus antepasados fueron franquistas ilustres. Quienes serian los papas de este fiscal. Republicanos no. Franquiestas quizas. JJJJJJJJJJJJJJJ.
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pep48
17/06/15 13:17
Como un Estado, cuya Constitución designa que somos un Estado laico y aconfesional, tiene metida en un cuarto de la universidad pública un recinto de una iglesia católica para sus oficios. Si hay un recinto es para todas las iglesias y si no para ninguna. Este fiscal es un prevaricador, partidista y no ejerce su profesión que es la de legislar para todos, no para un sector y si no sirve uno, tiene que ser honrado y dimitir como fiscal, vuelvo a repetir, no se puede ser partidista, nadie está en posesión de la única verdad. Esto solo ocurre cuando hay en vez de gobiernos democráticos, gobiernos de república bananera.
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Irenepaz
17/06/15 12:14
asereje
17/06/15 12:04
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, art. 16.3 Constitución Española, El Tribunal Constitucional ha indicado que la Constitución formula una declaración de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa y tradicionalmente ha definido al Estado como aconfesional, empleando por vez primera la palabra laicidad, en su sentencia 46/2001. ¡Qué mas da una palabra u otra¡, creo yo. Queremos decir todos que ya vale de que tengamos a la Iglesia católica metida donde no debería estar: en lugares y actos públicos, rigiendo la vida de las mujeres -aborto- y también de los hombres -anticoncepción-, adoctrinando en los colegio públicos y concertados. Que se mire: pedofilia, confabulación con el franquismo para fusilar, encarcelar, jorobar la vida de los republicanos, delatar, etc.
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manuel romero mesa
17/06/15 10:06
Lo lamentable de este enredo es que algo que ha ocurrido hace cuatro años, se vaya a juzgar ahora¿casualidad? Yo no lo creo, ¿no ha prescrito el ,posible delito? Es curioso que sea mas punible, una opinión que meter mano en la caja para lucrarse de lo público, y que esos delitos prescriban y estos no. Denunciar el "contubernio" (como les gusta llamar a los franquista lo que no les gusta de los demás) que hay entre la iglesia católica y el gonierno de España, y también con los autonómicos, parecer ser que es un delito. El Sr. fiscal del caso sabrá que España en su constitución es un país laico, por lo que si la capilla no la han quitado de ese lugar lo lógico es protestar para que se tomen las medidas para que se quite.
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999
17/06/15 08:54
Nos retrotraemos a la España de 1972 cuando por la denuncia de un policía municipal de Arcos de la Frontera, fue encarcelado y condenado Antonio (el bailarín) por blasfemar. Fue durante el rodaje de “El sobrero de tres picos” cuando desesperado soltó “me cago en los muertos de Cristo”. El delito de BLASFEMIA (castigado tanto por los tribunales seculares como por la Inquisición) fue sustituido en la Transición por el delito de “ofensas a la religión”, aplicado ahora a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. No olvidemos que el atentado contra la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo fue por “blasfemar”.
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Birth
17/06/15 02:47
William Cobbett tiene un comentario muy apropiado en el que explica la relación directa, física del sufrimiento que se ha padecido y del espacio que ha sido la fuente o sede que lo ha causado. Este engranaje justifica que unas manifestaciones contrarias a una religión que agrede a las mujeres se desarrollen precisamente en una iglesia. En ciertos casos de imposibilidad de manifestarse de otra manera (las mujeres no tienen voz entre la jerarquía) el lugar es el apropiado. La iglesia no recuerda ahora que defendió el tiranicidio cuando le fue conveniente. Por todas las vejaciones que se ha recibido por esta institución, la iglesia católica debería de avergonzarse y pedir perdon.
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MASEGOSO
16/06/15 21:46
Sí a esta mujer se le condena a un año de carcel por entrar a una capilla y protestar de un modo que, hoy en día, es usual yo pregunto ¿A que se deben condenar los obispos que roban bienes públicos (Plaza de San Rafael, Mezquita de Córdoba, Tamplos construidos por el pueblo para su religión y un largo etc.? ¿Quien condena a aquellos eclesiasticos que ayuban a fulisar a los repúblicabnos, antges, durante y despues de la Guerra Civil? El Fiscal debe tener la mente en otro lugar distinto al de hacer justa Justicia.
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Cristina Monge
Jesús Maraña
Raquel Martos
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
Si queda algún fiscal de carrera que ejerza con honradez su difícil función en el sistema penal español, se planteará que pinta él o que pinta el fiscal que se presta a incoar una causa por un presunto delito que habría prescrito o que dejaría en libertad a los imputados por dilación indebida de la justicia si no estimara, en salvaguarda de la presunción de inocencia, que los hechos podrían estar incluidos en el derecho a la libertad de expresión en un lugar público, como es una universidad pública y en todo caso debería investigar si la adscripción de este espacio a un culto religioso particular si se hizo conforme al carácter aconfesional de nuestro Estado. Esta fiscalía está para la confusa acción de la no separación de poderes y asalariada al servil servicio de un ejecutivo que gobierna de espaldas y contra la mayoría de ciudadanos. Lo mismo se puede pensar de los jueces del Supremo, el CGPJ y el Tribunal Constitucional, porque en Estrasburgo y la ONU están suspensos
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