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Canarias

El Tribunal Constitucional anula el reglamento de consultas ciudadanas de Canarias

  • Estas consultas son la vía que el Gobierno regional se había valido para preguntar a los ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas
  • El TC considera que las consultas tienen carácter referendario, por lo que la norma autonómica es "inconstitucional" al invadir competencias que corresponden en exclusiva al Estado

infoLibre
Publicada el 24/06/2015 a las 13:37 Actualizada el 24/06/2015 a las 14:05
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Las protestas se han sucedido en los últimos meses en Canarias

Un grupo de manifestantes protesta contra las prospecciones de petróleo.

Coordinadora
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad, y según una sentencia hecha pública este miércoles, inconstitucionales varios preceptos del reglamento de consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de Canarias, vía que había utilizado el Gobierno regional para preguntar a los ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas.

El Tribunal considera que las consultas reguladas en el capítulo III de dicho reglamento tienen carácter referendario, por lo que la norma autonómica es "inconstitucional" al invadir competencias que corresponden en exclusiva al Estado.

La sentencia, del 11 junio, señala que el régimen de distribución de competencias sobre consultas populares entre el Estado y las Comunidades Autónomas está ya definido por una "muy consolidada" jurisprudencia constitucional.

Así, corresponde en exclusiva al Estado la convocatoria del referéndum, entendido éste como un "instrumento de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos", como un instrumento para ejercer el derecho fundamental definido por la Constitución en su artículo 23.1.

Las consultas populares que no revisten caracteres de referéndum y que, por lo tanto, pueden ser convocadas por las Comunidades Autónomas, "no son ya expresión del derecho fundamental de participación política enunciado en el artículo 23.1, sino manifestación, por el contrario, de una democracia participativa", mediante la cual, aclara el propio Tribunal "ya no el cuerpo electoral, sino cualesquiera otros colectivos, pueden ser llamados a expresar su parecer sobre asuntos de relevancia pública [...]".

En resumen, según la citada doctrina, se trata de un referéndum "cuando el poder público convoca al conjunto de los ciudadanos de un ámbito territorial determinado para que ejerzan el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos emitiendo su opinión, vinculante o no, sobre una determinada cuestión, mediante votación y con las garantías propias de un proceso electoral".

La sentencia advierte de que el referéndum no perderá su condición como tal por el hecho de que las normas que lo regulen lo identifiquen bajo otro nombre o regulen un proceso para su celebración que difiera del previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone en su artículo 32 que corresponde a esa Comunidad Autónoma "el desarrollo legislativo y la ejecución del sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias".

Se dirige a los ciudadanos

La sentencia señala que, para que sea conforme a la Constitución, este precepto debe interpretarse en el sentido de excluir el referéndum de la competencia que se reconoce a la Comunidad Autónoma.

Para determinar si las consultas a las que se refiere el Reglamento impugnado son respetuosas con el Estatuto canario y con la Constitución, el Tribunal analiza si reúnen las características propias del referéndum.

Y concluye que la norma cuestionada permite "convocar inequívocas consultas populares de carácter referendario", lo que lleva a declarar su inconstitucionalidad. En primer lugar, porque las consultas reguladas por el reglamento impugnado se dirigen "a los ciudadanos en cuanto tales", no "a sectores determinados de la ciudadanía definidos por sus intereses sectoriales o de grupo". Y porque, aunque el reglamento no contiene "una previsión específica sobre un instrumento administrativo unitario parangonable al censo", sí prevé mecanismos que permiten realizar las consultas "sobre la base de lo que, desde un punto de vista material, no cabe sino calificarlo de censo de electores".

Por todo ello, el Tribunal entiende que la norma recurrida permitiría "convocar inequívocas consultas populares de carácter referendario".
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