La Generalitat Valenciana deberá pagar casi 200.000 euros a una ONG marginada por Rafael Blasco

Abril de 2011 y Rafael Blasco, entonces consejero de Solidaridad, apura la firma de las últimas subvenciones con el objetivo de premiar afines y castigar adversarios. Meses antes, en octubre de 2010, se ha destapado el desvío de 1,6 millones destinados a combatir el hambre en Nicaragua a pisos y garajes en Valencia. Un escándalo por el que cumple seis años y medio de prisión en compañía de su cúpula de la consejería. Pero aquel abril de 2011, Blasco presume de superviviente y cree que, una vez más, todo quedará en nada. Es uno de los hombres de confianza de un Francisco Camps tocado por la Gürtel en lo político, pero no en las encuestas, que a un mes de las elecciones vaticinan al Partido Popular una nueva mayoría absoluta, el mejor detergente para las manchas de la política clientelar.

Y en aquel abril, ocho ONG de larga trayectoria en el ramo y marginadas de la reciente convocatoria de ayudas se reúnen para compartir malestar y soluciones. Tres de ellas deciden pleitear. La pionera es Atelier (Asociación de Técnicos Especialista en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana) que al mes siguiente interpone un recurso de reposición a la consejería, que es rechazado. Y el 28 de julio presenta una demanda en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). “Quien se quiso arriesgar se arriesgó”, señala a InfoLibre Consuelo Vidal, cofundadora de Atelier, y explica que en aquel tiempo “Blasco aún gobernaba con mucho poder y te exponías, si protestabas, a quedar excluido de nuevas subvenciones”.

Pero casi cuatro años después, el 19 de junio, el TSJCV ha fallado a favor de Atelier, tal y como indica la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, quien ya informó sobre la demanda el pasado mes de febrero. El fallo obliga a pagar a la ONG 199.413€, lo presupuestado para el proyecto denegado: “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda a la paz en Colombia". Una propuesta con impacto sobre mil beneficiarias directas relacionadas con la OFP, que trabaja desde los setenta en el Magdalena Medio, uno de los territorios más deteriorados por la guerra, ya que entre 1985 y 2014, 9.000 mujeres fueron asesinadas y unas 94.000 desplazadas forzosamente. Gracias a este proyecto, 400 mujeres se formarán sobre derechos humanos y otras 400 participarán en audiencias públicas de denuncia y reparación.

“Falta de motivación”

En su demanda, Atelier requirió la práctica de una prueba pericial y, tras aceptarla, el TSJCV señaló que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), del Ministerio de Exteriores, la encargada de valorar técnicamente ocho proyectos propuestos por Atelier, incluido el de ésta, de la convocatoria de 2011. La Generalitat había puntuado a Atelier con 85,9, la más baja de las ocho. Y la AECID aumentó la valoración a 88,11 puntos, dejándola la segunda de ocho tras destacar que se trata de “un proyecto de apoyo y acompañamiento a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, en circunstancias en las que su apoyo, manifestado desde el ámbito internacional, significa una salvaguarda esencial, incluso de las propias vidas de sus integrantes”.

La sentencia también incide en los 20 puntos que, bajo el epígrafe de “Objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo”, utilizaba Rafael Blasco para beneficiar o perjudicar a las entidades. “Siempre hemos criticado que era un abuso de poder y en cuatro años jamás han aportado el contenido de esos objetivo y prioridades”, subraya Vidal. En aquella subvención Atelier consiguió 12 puntos a pesar de sus 25 años de experiencia con cerca de 40 proyectos subvencionados por la Generalitat y con un perfil de género y con más de 20 años de trabajo en Colombia, condiciones prioritarias según el Plan Director de la Cooperación Valenciana.

Denominador común

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Además de Atelier, el TSJCV se ha pronunciado recientemente sobre otras ONG marginadas en su día por Blasco. Se trata de Solidaridad Internacional del País Valenciano, a quien el tribunal reconoció a finales de marzo los 550.000€ que le negó Solidaridad para “promover la salud sexual y reproductiva en Cisjordania” y permitir “el acceso sostenible al agua potable en dos municipios del Salvador”. Y a principios de abril, la Asamblea de Cooperación por la Paz vio reconocido el derecho a ingresar 125.000€ para dos proyectos centrados en la sensibilización ciudadana sobre “los objetivos del milenio”. Atelier aún está pendiente del fallo de otra subvención de 62.600€ para un programa sobre “Violencias contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia: campaña de sensibilización de la opinión pública”.

En todas estas sentencias, que parecen calcadas, el denominador común es “un vicio de motivación” e “indefensión” en la adjudicación de las ayudas. Los fallos se centran en los 20 puntos “discrecionales y arbitrarios”, no tanto en su existencia como en los criterios para otorgarlos. Según la ley, una vez la Generalitat reciba comunicación de las sentencias, dispone de dos meses para abonar las cantidades. “El proceso se ha dilatado mucho”, critica Vidal, aunque no esconde la satisfacción “de tantas personas con conciencia ciudadana y crítica ver entrar a Blasco en la cárcel”.

De hecho, Blasco podría encadenar varias condenas. Además de las investigaciones que se llevan a cabo por sus etapas en las consejerías de Bienestar Social y Sanidad, en Cooperación se instruyen dos piezas más. Una se refiere a los 3,5 millones desviados entre 2009 y 2011 a fundaciones y entidades bajo el paraguas de Hemisferio, una de las marcas de la trama corrupta. Pero la pieza más avanzada trata sobre la fallida edificación de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010. El proyecto, de 4 millones, se licitó a dedo a Hemisferio, que pese a no colocar ni una sola piedra logró 175.000€. En los últimos días se han citado a declarar a varios testigos de ONG, pero la instrucción transcurre lenta a la espera de que el juzgado número 21, el mismo que investiga el accidente del metro, reciba el juez de refuerzo solicitado desde hace meses.