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Desahucios

El Ayuntamiento de Barcelona pide suspender el desalojo del edificio okupado La Bordeta

  • El concejal del distrito critica que el juez ha ordenado el desalojo saltándose los protocolos y que se ha citado a declarar a los okupas con petición de cárcel
  • Piden un plazo de dos meses para buscar alternativa habitacional a los vecinos, entre los que hay personas "en situación de vulnerabilidad", ancianos y menores de edad

infoLibre
Publicada el 08/07/2015 a las 18:12 Actualizada el 08/07/2015 a las 18:51
Vecinos del bloque okupado La Bordeta, en Barcelona.

Vecinos del bloque okupado La Bordeta, en Barcelona.

PAH
El concejal del distrito barcelonés de Sants-Montjuïc, Jaume Asens, anunció este miércoles que el Ayuntamiento ha pedido la suspensión de la orden de desalojo del bloque privado la Bordeta –okupado por la PAH desde febrero– y un plazo de dos meses para evaluar la situación de las siete familias que viven en el edificio.

En rueda de prensa junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, Asens destacó que los servicios sociales necesitan un tiempo para dar una alternativa habitacional a los vecinos, que en algunos casos son "núcleos familiares en situación de vulnerabilidad y con personas de tercera edad y menores".

Según Asens, el juez ha incumplido el protocolo

Asens alertó de que el juez no ha cumplido el protocolo sobre desahucios acordado en 2013 por el Ayuntamiento, la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Procuradores de Barcelona.

Según Asens, el juez entiende que el protocolo no le vincula porque no es una ley, alegato insólito, dice el concejal, que les ha "despertado todas las alarmas" y que elevarán al TSJC para exigir el cumplimiento.

"Esta situación nos preocupa y queremos trasladarla a sus superiores jerárquicos para intentar que se resuelva y que no establezca un precedente", señaló Asens, y matizó que se reunirán con la juez decana de Barcelona, Mercè Caso. Además, han pedido al juez que reconsidere su decisión. "Si hay jueces que desatienden los acuerdos a los que llegan aquellos de los que dependen, tenemos un problema".

Piden penas de cárcel para los okupas

Asens lamentó que se haya "enfocado la problemática por la vía penal" porque esta debería ser la última de las alternativas, y aseguró que las personas que viven en el edificio han sido citadas a juicio con peticiones de penas de cárcel.

El concejal criticó que el edificio ha estado vacío durante años y que el propietario no tiene previsto darle uso, de manera que el Ayuntamiento no ve "ninguna urgencia" en la recuperación.

Posible contacto con el propietario

Asens explicó que, "como tercera vía", se pondrán en contacto con el propietario formal del edificio, una promotora de la que es acreedora la Sociedad de gestión de activos procedentes de la restauración bancaria (Sareb).

Fuentes de Sareb han insistido a Europa Press en que el inmueble no es de su propiedad, sino que es acreedora del promotor, mientras que Asens consideró que la entidad "se escuda en que formalmente no consta como propietaria".

El concejal Josep Maria Montaner añadió que el Gobierno municipal está estudiando 160 pisos que podrían ceder entidades bancarias y está trabajando para poner en alquiler social una treintena, que podrían aumentar a 50.

La Sareb ha ofrecido más de 45 viviendas en la ciudad, de las que tres se han ofertado o se ofrecerán en alquiler social. La ciudad obtuvo 45 en una primera fase en la que la Sareb puso a disposición 600 viviendas en toda Catalunya, a las que luego añadió 300 más.
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