El Congreso aprueba la Ley de Montes con el rechazo de la oposición

El pleno del Congreso aprobó este miércoles las enmiendas planteadas en el Senado a la Ley de Montes, dando así el refrendo definitivo. La norma, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, incluye una enmienda por la que se permitirá construir en terreno incendiado sin que pasen 30 años cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden. Esta enmienda se aprobó con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos.

Concretamente, el texto contempla que "con carácter excepcional" las comunidades autónomas podrán cambiar de uso un terreno calcinado "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden" que sean aprobadas por ley, siempre que a cambio se repoble una superficie forestal equivalente a la quemada.

En el caso de que esas razones imperiosas correspondan al interés general del país, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal.

Junto a este cambio, los conservadores introdujeron una precisión: que el Ministerio de Agricultura colabore con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada región, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos.

Además, la ley incluye en forma de disposición adicional las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional.

En el marco de su tramitación, la oposición ha criticado que el texto entra en competencias autonómicas y desprotege a los montes al permitir el cambio de uso del terreno sin esperar 30 años, y al limitar la necesidad de planes de gestión, que serán aprobados cada 25 años y no cada 15 como hasta ahora.

Durante el debate de las enmiendas en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Manuel Torres, aclaró que la norma "mantiene la prohibición expresa del cambio de uso de un terreno incendiado durante 30 años" y lo que hace es incluir una "nueva excepción" que pretende evitar "que por motivo de incendio no se puedan llevar a cabo actuaciones de interés público".

Asimismo, Torres precisó que la norma clarifica la posición de los agentes forestales como "apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado", y que son la Fiscalía y el juez los que deben decidir si existe una infracción penal, para "no seguir dando lugar a confusiones entre vigilancia, inspección y policía", pero matizó que los agentes forestales no pierden ninguna competencia y podrán seguir denunciando delitos en el monte.

"Atajo hacia la privatización"

Por su parte, la diputada del PSOE, Laura Seara, tachó la norma de "atajo" hacia la privatización y "la compra y negocio de los terrenos forestales". "Es un ladrillo pintado de verde, una ley para los amigos", y criticó que se "socava la autoridad e independencia de los agentes forestales".

Por otro lado, el portavoz de Uniò, Martí Barberà, consideró que se han conseguido algunos "logros" durante la tramitación de la ley, por ejemplo, que haya quedado "preservada la capacidad que se les quería retirar a los agentes forestales de investigar los delitos" cometidos en los montes, pero criticó la invasión de competencias al establecerse que deberá ser una ley estatal y no autonómica la que determine la necesidad de cambio de uso forestal de un terreno quemado cuando exista un interés general de la nación.

Mientras, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Josep Pérez Moya, estimó que con esta excepción para construir en zona incendiada el Gobierno "abre la puerta a la implantación de actividades que no tienen nada que ver con el monte", como ocurrió, según Pérez Moya, con Terra Mítica. También le preocupa que se blinde el trasvase Tajo-Segura con la "excusa" de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el portavoz de UPyD, Julio Lleonart, coincidió en que la ley "disminuye la protección de los montes" y carece de "medidas eficaces", y aprovechó para criticar que, durante el paso de esta norma por el Senado, casi las únicas modificaciones hayan sido "seis correcciones gramaticales y un cambio ortográfico". "El Senado es el departamento de corrección ortográfica y gramatical más caro del mundo, casi 52 millones de euros. Cierren el Senado", dijo.

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Por su parte, Maite Ariztegui, de Amaiur, lamentó que con la aprobación de esta ley se llega al "abismo" tras una "escalada antimedioambiental" y se coloca "el bidón de gasolina a pie de monte". Además, criticó que el Gobierno apruebe esta ley "a lo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", en solitario y frente al rechazo social, y que "desproteja los montes" en favor de "la privatización".

También la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Teresa Jordà, reiteró su "no" a la Ley de Montes porque, a su juicio, "abre la puerta a que los incendios sean rentables para los especuladores" de forma que "lejos de proteger" los bosques, "incentiva su quema".

El portavoz del PP, Manuel Torres, tildó los argumentos de la oposición de "machacones" y les reprochó no haber prestado atención a las modificaciones introducidas en el texto y de tener un concepto "rancio" de lo que es el monte "como algo que no se puede tocar". "A ustedes los árboles no les dejan ver el bosque", añadió.