Una testigo clave dinamita la versión oficial del Gobierno andaluz sobre el concurso de Aznalcóllar

El testimonio de la empleada pública señalada por el Gobierno andaluz como quien personalmente supervisó y garantizó la solvencia de la oferta que luego ganó el concurso para reabrir la mina de Aznalcóllar, la de Minorbis-Grupo México, ha dinamitado literalmente la versión oficial.

Transmitida, primero, a través de un informe jurídico y luego en las declaraciones policiales de cargos y funcionarios interrogados por la Policía como sospechosos, esa versión oficial sostiene lo siguiente: que Pilar Trujillano, analista de una empresa pública de capital riesgo –Invercaria– y que no pertenecía ni a la Mesa de Contratación ni a la Comisión Técnica creada para asesorarla, fue no obstante la persona cuyo dictamen corroboró la solvencia de los ofertantes y su compromiso para llevar adelante la inversión.

Pero Trujillano lo ha negado ante la Policía de forma categórica y ha remarcado que su único vínculo con el concurso de Aznalcóllar se limita a haber sustituido en la primera reunión de la comisión técnica –mayo de 2014– al alto cargo de Invercaria realmente designado para ofrecer asesoramiento financiero, Juan José García Bartolomé. Lo sustituyó, dijo, porque “por motivos familiares” su compañero no podía asistir a esa sesión y el consejero delegado de Invercaria le pidió “verbalmente” que acudiera ella.

El Gobierno andaluz se ha negado a pronunciarse sobre el desmentido de Trujillano, “que no es funcionaria”, dijo un portavoz de la Consejería de Economía, de la que depende la Dirección General de Minas, a cuyo frente está María José Asensio. A las preguntas de infoLibre en relación a las comprobaciones efectuadas sobre Grupo México, la fuente se limitó a responder lo siguiente: “La empresa ha acreditado suficientemente la solvencia económica que las bases del concurso requerían”.

Tres desmentidos

En contra de lo que los servicios jurídicos de la Junta escribieron en el informe con que, el pasado 14 de mayo, trataron de detener la hemorragia política desencadenada por la investigación judicial sobre el caso, la analista Pilar Trujillano desmiente haber estudiado el informe anual de 2012 de Grupo México.

Desmiente también haber comunicado a la Mesa de Contratación que la oferta presentada junto con Minorbis por la citada corporación azteca cumplía las exigencias de solvencia.

Y su tercer desmentido tampoco es menor: ni siquiera conocía –declaró Trujillano– los requisitos económicos estipulados en las bases de la licitación. Todo ello consta en el acta de su declaración policial, a la que ha tenido acceso este diario.

El informe jurídico que la Junta enarboló en mayo como prueba de descargo y que mencionaba por su nombre y apellido a Pilar Trujillano lleva la firma de Pastora Sánchez de la Cuesta.

Letrada de la Consejería de Economía, Sánchez de la Cuesta fue miembro de la Mesa de Contratación de Aznalcóllar y es uno de los altos funcionarios que, en sus declaraciones prestadas ante la Policía en calidad de sospechosos de prevaricación y exacciones ilegales, han señalado a la analista de Invercaria como quien revisó las cuentas de Grupo México.

Ni Sánchez de la Cuesta ni ninguno de los otros integrantes del órgano de contratación han explicado esto: por qué habría sido Trujillano quien “verbalmente” recibió el encargo de verificar la solvencia económica de los licitadores si no solo no pertenecía a la Mesa que debía adjudicar la concesión de Aznalcóllar ni a la Comisión Técnica expresamente creada para asesorarla sino que la Junta ya había situado en el segundo de esos órganos a un alto responsable de Invercaria, nada menos que su gerente de inversiones, Juan José García Bartolomé.

El directivo de Invercaria aportó a la Policía la resolución por la que se le designaba miembro de la comisión técnica del concurso.

Firmado por el consejero delegado de esa sociedad pública de capital-riesgo, Francisco Álvaro, el documento que entregó García Bartolomé expone cómo la Mesa del Concurso había solicitado “a la Agencia IDEA la designación de una persona empleada pública con experiencia en valoraciones económicas y financieras”, por lo que, a renglón seguido, IDEA “encargó a Invercaria que designara una persona de esta entidad (…)”.

A renglón seguido, Álvaro escribe: “En base a lo anterior, designamos la persona de D. Juan José García (…) para formar parte de la citada comisión técnica en relación con las tareas de valoraciones económicas y financieras que se desarrollen en el marco de la misma”.

¿Hubo una segunda designación oficial y escrita, la de Pilar Trujillano, por parte de Invercaria?, preguntó este diario. La Junta no dio respuesta.

Pese a lo anterior, cuatro cargos y altos funcionarios descargaron la responsabilidad sobre Trujillano durante sus respectivas declaraciones policiales: la ya referida Pilar Sánchez de la Cuesta, letrada de la Junta; el jefe de servicio de Minas, Iván Maldonado; el jefe de servicio de Contratación, Julio Ramos; y el secretario general de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Sevilla, José Salvador Camacho.

En el extensísimo atestado entregado a la juez, la Policía resume las actas de las seis reuniones que celebró la Comisión Técnica y a las que infoLibre no ha tenido acceso. Pero si las actas dicen lo que resume la Policía y, tal como mantiene el atestado, la comisión técnica jamás tuvo acceso a la documentación económico-financiera de los licitadores, el desmentido de Trujillano quedará automáticamente reforzado.

Este diario no ha logrado que el Gobierno autonómico dé contestación a dos de los interrogantes que planean ahora sobre el caso: si la empleada de Invercaria dice la verdad, ¿quién y cómo indagó entonces sobre la solvencia de la que luego se convirtió en oferta ganadora? Y si miente, ¿a qué atribuye la Administración andaluza una discrepancia de semejante magnitud y que entrañaría graves riesgos de toda índole para quien lance falso testimonio ante la Policía?

¿Impecable o amañado?

El atestado policial sostiene que el concurso estuvo amañado. Y que los funcionarios que participaron en su tramitación le “sisaron” puntos al otro licitador, Emerita Resources, de capital canadiense y cuya denuncia activó la investigación judicial.

Emerita parte de una premisa: la de que los dueños de Minorbis, los hermanos cordobeses Isidro y Mario López Magdaleno, propietarios de múltiples sociedades nucleadas en torno a la firma Magtel, son meros “conseguidores” o traficantes de influencias.

Su relato de hechos se resume así: que Minorbis, recién creada entonces y sin ninguna experiencia en minería, se jactó ante Emerita de que tenía “la llave del concurso” gracias a sus influencias con la Junta; y que solo cuando Emerita se negó a darle a Minorbis entrada en el negocio mediante el sistema de acudir juntas al concurso, los López Magdaleno buscaron el respaldo de Grupo México.

Ese respaldo terminó fraguado con vaguedad en un memorándum de entendimiento que no garantizaba nada y que, por imposición de la Mesa de Contratación del concurso, hubo de ser corregido por un segundo compromiso de financiación. La Policía entiende que, pese a ese segundo documento, el memorándum de entendimiento no ha perdido validez. Y que sus términos permitirían a Grupo México eludir sus responsabilidades en caso de accidente. Exactamente, como hizo Boliden. 

La Policía dice que la empresa que explotará Aznalcóllar podría irse sin pagar en caso de accidente como hizo Boliden

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En el polo opuesto, el Gobierno andaluz, que niega la posibilidad de una nueva fuga en caso de vertido, defiende que el procedimiento de adjudicación fue impecable. Y considera lógico que Minorbis y Grupo México hayan constituido una tercera sociedad que es la que ha terminado aceptando la adjudicación: la sociedad limitada Minera Los Frailes.

A día de hoy, Minera Los Frailes SL sigue apareciendo en el Registro Mercantil con un capital social de 1,003 millones de euros. La Junta, no obstante, remacha que esa compañía, con estructura de opaca muñeca rusa (una sociedad propietaria de otra sociedad que a su vez es dueña de una tercera sociedad), “cuenta con fondos propios de 93 millones de euros, lo que supera el 30% de los 304 millones de euros de la inversión comprometida”.

Cómo ha verificado el Gobierno andaluz que esos 93 millones, al parecer depositados en una sucursal bancaria de Sevilla, poseen la condición de fondos propios constituye otra incógnita. Según el Gobierno andaluz, Minorbis se ha reservado el 2% del capital societario en Minera Los Frailes.