Adjudicación de contratos
Fomento aceptó como subcontrata en las obras del ministerio a una empresa recién constituida
La experiencia no es imprescindible a la hora de trabajar para el Ministerio de Fomento. La empresa Vías y Construcciones, que se encarga de las obras de reacondicionamiento de la sede central del departamento dirigido por Ana Pastor, subcontrató este mes de julio los servicios de Axima Servicios Energéticos, una compañía fundada hace tan sólo cinco meses, pese a que la ley estipula que este tipo de trabajos han de encargarse a empresas experimentadas.
Hace apenas dos semanas, Fomento permitió que Vías y Construcciones –perteneciente al Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez– eligiese a Axima Servicios Energéticos como subcontratista para encargarse de sustituir la instalación eléctrica de su sede. Esta firma sustituyó en las obras a Cofely España, imputada en la investigación de la operación Púnica por ser, presuntamente, una de las principales beneficiarias de la red que intercambiaba contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.
Cofely España, previamente, había reemplazado irregularmente a Ingedom, la compañía que, inicialmente, debía hacerse cargo de esta parte del trabajo, según desveló infoLibre. La empresa investigada por el caso Púnica tiene estrechos lazos con Axima Servicios Energéticos, la compañía que finalmente se ha hecho con la subcontrata: su presidente, Etienne Jacolin, también pertenece al consejo de administración de Cofely, según el último informe anual disponible en la página web de la firma.
La elección de Axima sorprende por la escasa experiencia de la empresa, que apenas cuenta con cinco meses de existencia. Y es que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 227, estipula que el adjudicatario de un contrato público debe justificar la aptitud del subcontratista para ejecutar su parte del trabajo "por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia". De hecho, en su oferta inicial –a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre–, Vías y Construcciones justificaba haber elegido como subcontratista a la compañía Ingedom por su prestigio en el mercado y por la confianza que le merecían los trabajos llevados a cabo anteriormente con ella. Ingedom nunca llegó a hacerse cargo de las obras.
Fomento y ACS guardan silencio
Este diario trató de conocer a través del Ministerio de Fomento la manera en que Vías y Construcciones justificó la experiencia de Axima Servicios Energéticos, teniendo en cuenta que es una empresa con apenas medio año de existencia, pero el departamento de Ana Pastor se ha negado a realizar cualquier tipo de aclaración sobre estos hechos.
De igual forma, infoLibre también se puso en contacto con el Grupo ACS para conocer los argumentos utilizados por Vías y Construcciones, pero un portavoz del grupo empresarial presidido por Florentino Pérez rehusó responder a las preguntas por tercer día consecutivo.
A principios de julio, después de que los empleados de Cofely España llevasen dos meses trabajando de forma irregular en la sede central del Ministerio de Fomento, el departamento de Ana Pastor reaccionó y negó a Vías y Construcciones de manera formal el permiso para subcontratar a Cofely España. Fue entonces cuando la empresa del grupo ACS decidió proponer como subcontratista a Axima, también vinculada a Cofely España.
La irregularidad cometida por Vías y Construcciones faculta a Fomento para exigir una multa de hasta 536.580 euros a la empresa del Grupo ACS por haber cambiado de subcontratista sin autorización, tal y como se contempla en el artículo 227.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero el departamento dirigido por Ana Pastor no ha iniciado por el momento ninguna acción contra la compañía.
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Cofely, fuertemente vinculada con la red Púnica
En cualquier caso, no es la primera actuación polémica en la que se ve envuelta la empresa Cofely España. Su presunta vinculación a la red Púnica provocó que, el pasado otoño, hasta seis alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid que habían firmado contratos con esta compañía fuesen detenidos: José María Fraile (Parla, PSOE); José Carlos Boza (Valdemoro, PP); Agustín Juárez (Collado Villalba, PP); Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco, PP); Antonio Sánchez Fernández (Serranillos del Valle, del partido localista UDMA); y David Rodríguez Sanz (Casarrubuelos, PP), informan Tono Calleja y Alicia Gutiérrez.
Cofely podría haber cobrado más de 170 millones de euros a raíz de sus contratos con diferentes administraciones. Varios de los acuerdos fueron especialmente jugosos: por ejemplo, en el municipio de Parla la empresa se encargaba desde 2013 de prestar los servicios energéticos en diferentes instalaciones de la localidad tras firmar un contrato valorado en 66 millones de euros con el exalcalde José María Fraile.
