Un juzgado de Madrid investiga a Jaime Botín por la salida de España de su Picasso

Un juzgado de Madrid investiga al expresidente de Bankinter Jaime Botín y determinará si cometió un delito por la salida de España de su cuadro Cabeza de mujer joven, valorado en 26,2 millones de euros y declarado inexportable por el Ministerio de Cultura en 2012 y por la Audiencia Nacional el pasado mayo. El lienzo, encontrado el pasado 31 de julio en un barco en Córcega, fue localizado por autoridades galas tras detectarse un intento de llevarlo de Francia a Suiza.

Según confirmó a infoLibre el fiscal coordinador de sala de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, el expediente gubernativo que se inició para esclarecer lo ocurrido en torno a la salida de territorio nacional de la pintura no ha prosperado, pues el asunto "ya estaba judicializado". Vercher precisó que existía una denuncia "previa" en un juzgado de la Comunidad de Madrid y afirmó que, tras tener conocimiento de ella, se remite "a ese trámite judicial".

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo es la competente para investigar hechos relacionados con el Patrimonio Cultural Español, al que pertenece la obra en cuestión. El fiscal Vercher reiteró que "con la apertura del expediente gubernativo se observó que el tema ya estaba judicializado" a raíz de la citada "denuncia previa" ante una sede judicial madrileña, por lo que ahora es la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Madrid la encargada en el caso.

A preguntas de este diario, los abogados de Jaime Botín declinaron hacer comentario alguno sobre el estado de la causa. Los representantes legales del expresidente de Bankinter se remitieron al comunicado enviado a los medios la pasada semana, donde afirman que el cuadro no fue exportado "ni licita ni ilícitamente" porque "siempre" ha tenido su "domicilio permanente" en el extranjero, y que las resoluciones de Cultura y la Audiencia Nacional que decretan la inexportabilidad del lienzo no son firmes. 

Un frustrado viaje a Suiza

El Picasso de Botín descansa ahora bajo la custodia de las autoridades españolas en las dependencias del Museo Reina Sofía, a las que fue llevado este martes. Un equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que seguía el rastro de la pintura desde mayo, se desplazó en un avión del Instituto Armado a Francia, donde el lienzo había permanecido desde su incautación en la Dirección General de Aduanas gala. Fueron precisamente los agentes de aduanas franceses los que recuperaron el cuadro.

Las autoridades del país vecino pusieron el foco sobre el cuadro a raíz de "un intento de exportación a Suiza" y decidieron abordar el barco que lo transportaba, que estaba atracado en el puerto deportivo de Calvi (Francia). A bordo del velero encontraron al actual vicepresidente ejecutivo de Bankinter e hijo de Jaime Botín, Alfonso Botín, y al capitán de la nave que, al ser requerido a aportar la documentación de la obra, únicamente pudo entregar un informe de evaluación y una copia del fallo de la Audiencia Nacional que decretó la prohibición de exportarla.

Fue entonces cuando alertaron a las autoridades españolas y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo inició un estudio de las posibles consecuencias penales de los hechos bajo la fórmula del expediente gubernativo, que las fuentes jurídicas preguntadas por este medio calificaron de inédita. Agregaron que lo habitual es iniciar diligencias penales, pues los expedientes se suelen emplear para dilucidar cuestiones internas del funcionamiento del ministerio público y no para realizar pesquisas.

Esta operación no es la primera en la que Jaime Botín intenta llevar el lienzo fuera de España. Ya en 2012, la casa de subastas Christie's pidió trasladarlo a Londres en representación de Botín, operación que fue denegada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, competente para autorizar o denegar las exportaciones. Tras esa solicitud fallida, Cultura lo declaró "inexportable" como medida cautelar, decisión que recurrió el banquero y en cambio confirmó la Audiencia Nacional.

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El último paradero del cuadro, según declaraba el propio Botín en las diligencias judiciales del caso, era un barco atracado en el puerto de Valencia. Actualmente el fallo de la Audiencia está recurrido por la representación legal de Botín ante el Supremo, que no se ha pronunciado por ahora. A esa decisión pendiente hay que sumar ahora otra incógnita que depende del Ministerio de Cultura, que no ha precisado qué ocurrirá con la obra a medio plazo tras su vuelta a España.

La Ley de Patrimonio Histórico indica que "pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que sean exportados sin la autorización requerida". Por su parte, la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando establece, en el apartado e) de su artículo 2, que exportar bienes del Patrimonio Histórico supone un delito de contrabando si el valor de la obra supera los 18.000 euros.

De acuerdo con la norma, el referido ilícito penal puede acarrear "penas de prisión menor" y multas "del duplo al cuádruplo del valor de bienes, mercancías, géneros o efectos", sanción que en el caso de las obras de arte deberá establecerse "en grado medio o máximo" dentro de ese abanico. Fuentes jurídicas consultadas por este medio agregaron que, además del banquero Jaime Botín, también podrían tener algún tipo de responsabilidad legal las otras dos personas presentes en el velero cuando fue abordado: el capitán y Alfonso Botín.