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Sanidad propone dar asistencia sólo a las familias ‘sin papeles’ que ganen menos de 533 euros al mes

  • Los inmigrantes deberán estar empadronados al menos medio año para poder acceder a la atención normalizada
  • El Gobierno no informa sobre cuánto ha ahorrado con la exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares

Publicada el 02/09/2015 a las 14:13 Actualizada el 02/09/2015 a las 15:50
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, junto al director general de Cartera Básica, Agustín Rivero.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, junto al director general de Cartera Básica, Agustín Rivero.

EFE
El Ministerio de Sanidad pretende que las comunidades sólo garanticen la atención sanitaria normalizada a las personas inmigrantes en situación irregular cuyos ingresos familiares sean inferiores en cómputo anual al IPREM, es decir, que entre todos los miembros de la unidad familiar no ganen más de 533 euros al mes. El Gobierno, en su propuesta de hace unas semanas ya había adelantado que para recuperar este derechos los 'sin papeles' deberían acreditar que no disponen de recursos económicos suficientes. 

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, se reunió este miércoles con las comunidades en la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para tratar de unificar la manera en que las autonomías prestan atención a las personas que están en una situación administrativa irregular en España. En su propuesta, además de esta cifra máxima de ingresos, se recoge la obligación de que estas personas lleven empadronadas al menos seis meses en la comunidad correspondiente. La propuesta inicial fue de un año, aunque algunas autonomías como la Comunitat Valenciana ya han anunciado que rebajarán esta cifra hasta los tres meses. 

Sobre el polémico registro en el que deberían estar inscritas estas personas para tener acceso a la atención normalizada –criticado por la oposición y ONG porque podría disuadir a los inmigrantes de acudir al médico– Moreno explicó que estas personas deben estar en la base de datos del SNS porque "tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas". Aseguró, no obstante, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior no tendrá acceso al mismo porque "ni puede acceder ni pretende hacerlo".

En cualquier caso, el secretario general de Sanidad admitió que la de su gabinete es sólo una propuesta con "criterios mínimos" para ampliar la atención sanitaria a estos inmigrantes para que ésta sea "homogénea" en toda España. De hecho, el ministerio ha dado quince días a las comunidades para que hagan sus alegaciones "constructivas" a la propuesta. Cualquier acuerdo deberá cerrarse en un Consejo Interterritorial al que sí acudirían los consejeros y el ministro. 

En este sentido, Moreno dijo que si alguna comunidad se desvía del criterio marcado "está en su derecho de hacerlo" y admitió que el ministerio no puede tomar medidas. En este sentido, remarcó que él nunca llegó a amenazar con sanciones a las autonomías que estaban poniendo en marcha planes para devolver la asistencia normalizada a los sin papeles y reconoció que, por el momento, no le consta que ninguna esté incumpliendo lo que marca la UE. Por el momento, las autonomías gobernadas por el PSOE han pedido que se derogue la reforma sanitaria de 2012. 

Cuando, en 2012, el Ejecutivo pasó a garantizar la atención gratuita de los inmigrantes sin papeles sólo en Urgencias, parto y posparto, así como para los menores, lo hizo argumentando criterios económicos. Este miércoles, en rueda de prensa, hasta en dos ocasiones Moreno fue preguntado por el ahorro obtenido, si bien declinó dar la cifra. 
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