España no denunció un solo caso de fraude en contratos con fondos europeos en los años del estallido de la corrupción

"Algunos Estados miembros comunican muy pocas irregularidades que consideran fraudulentas a la OLAF [la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude]. Por ejemplo, España y Francia no comunicaron ninguna entre 2007 y 2013". Este es un párrafo de uno de los últimos informes del Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea sobre la contratación pública con cargo a los presupuestos de la Unión. La ausencia de información remitida por las autoridades españolas coincide con unos años en los que se destaparon importantes casos de corrupción, con adjudicaciones y contratos públicos amañados de por medio.

Según informan a infoLibre fuentes del Tribunal de Cuentas de la UE, con sede en Luxemburgo, "los Estados miembros tienen la obligación legal de trasladar a la Comisión Europea de forma trimestral todas las irregularidades de este tipo –con fondos públicos de la UE– cuyo valor supere los 10.000 euros, indicando las que sospechan que han sido fraudulentas". 

Las mismas fuentes aseguran que la información comunicada por los Estados miembros comprende "todo tipo de irregularidades", incluidas aquellas relacionadas con la contratación pública. Es con esta información con la que la Comisión elabora su informe anual sobre la protección de los intereses de la UE y la lucha contra el fraude.

El informe que destapa estos datos sobre España –"Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión", hecho público a mediados de septiembre–  subraya que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "la contratación pública es la actividad pública más sujeta a derroche, fraude y corrupción debido a su complejidad, a la envergadura de los flujos financieros que genera y a la estrecha interacción entre los sectores público y privado".

Las explicaciones del ministerio de Hacienda

En España, el departamento encargado de trasladar este tipo de información a las instituciones europeas es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en manos de Marta Fernández Currás. Fuentes de este departamento consultadas por este diario achacan el hecho de que la OLAF no cuente con estos datos con origen en España a que "el fraude es un tema penal" que no puede juzgarse desde el ministerio.

Pese a que el Tribunal de Cuentas de la UE subraya esta obligación de los Estados miembros, en Hacienda y Administraciones Públicas subrayan que "no es normal" que sean ellos los que comuniquen estos casos "a no ser que existiera alguna decisión judicial previa". Este último extremo, subrayan, "es muy raro".

Más allá de los casos específicos de fraude, en la citada secretaría de Estado recuerdan que tanto el ministerio como la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas trasladan "regularmente" a la OLAF las "irregularidades detectadas".

Datos de la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude apuntan a que en lo que respecta a la política de cohesión –transferencias de fondos europeos a los Estados miembros–, el 38% de las cerca de 12.000 irregularidades comunicadas en el periodo estudiado se referían a la contratación pública. Es decir, más de 4.500. Y de estas, sólo el 2%, menos de 100, se notificaron como fraudulentas. 

349.000 millones de euros

Entre 2007 y 2013, los años que abarca este informe, se asignaron un total de 349.000 millones de euros al gasto de la política regional con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo de Cohesión y al Fondo Social Europeo. "Una parte importante de este dinero se adjudicó mediante procedimientos de contratación pública", subrayan desde el Tribunal de Cuentas Europeo. "Se detectaron errores de contratación pública en cerca del 40% de los proyectos en los que se auditó este aspecto" en los informes anuales analizados entre 2009 y 2013.

Para el periodo 2014-2020 se han asignado 367.000 millones.

Los errores más graves tienen que ver con la "falta de competencia leal" o la adjudicación de contratos "a licitadores que no habían presentado la oferta más ventajosa", añaden.

El documento del órgano fiscalizador de la Unión Europea da cuenta de que tras revisarse los datos sobre irregularidades que aparecen en el mismo, un equipo de auditores visitó la República Checa, España, Italia y Reino Unido, Estados en los que el Tribunal había detectado "un elevado número de errores de contratación pública". Esta observación, no obstante, contrasta con la actuación del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que no consignó una sola irregularidad que considerara fraudulenta.

Casos concretos en España

El citado informe menciona un ejemplo de "error grave" relacionado con modificaciones en un contrato ya celebrado. El Tribunal de Cuentas no precisa el proyecto concreto –no lo hace en ninguno de los otros ejemplos que da sobre otros países–. Pero da todos los datos. "En España, se licitó y adjudicó correctamente un contrato para la construcción de una estación de tratamiento de aguas residuales, que recibió unos 33 millones de euros con cargo al FEDER", sostiene este informe. "Posteriormente –añade–, más de la mitad de las obras contratadas fueron sustituidas por otras obras que implicaban tecnologías, materiales y cantidades distintos de los iniciales". 

"Aunque no se modificó el objeto y el precio global del proyecto, las obras que acabaron llevándose a cabo diferían de forma considerable de las licitadas en un principio. Por consiguiente, más de la mitad de las obras definitivas no se habían adjudicado a través del procedimiento de licitación", reza el informe.

Uno de los puntos clave para la localización, el estudio y la búsqueda de soluciones de este tipo de errores en materia de contratación pública es, a ojos de la Comisión Europea, que los países miembros dispongan de bases de datos en las que las instituciones auditoras internas, en España el Ministerio de Hacienda, lleven un control exhaustivo.

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Errores sin analizar

El informe de los expertos del Tribunal de Cuentas Europeo señala que "en España, la base de datos de la autoridad de auditoría se remonta a los primeros años del periodo de programación 2007-2013 y contiene información sobre los errores  de contratación pública que detecta. Sin embargo, en el momento de la presente fiscalización, aún no se había utilizado la base de datos para analizar en profundidad la naturaleza de estos errores".

El marco legal de los Fondos estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020 ha cambiado. La nueva legislación implica que si la Comisión Europea considera que un Estado miembro incumple las condiciones del sistema de contratación pública podrá interrumpir los pagos efectuados al mismo.