El PP sólo ha recurrido al trámite exprés que aplicará para reformar el TC en dos ocasiones esta legislatura

Cuando antes de disolverse las Cámaras para la convocatoria de elecciones se apruebe la polémica reforma de la ley del Tribunal Constitucional (TC) presentada este martes por el Partido Popular serán tres las ocasiones en las que el partido del Gobierno haya recurrido a esta vía de tramitación exprés, ultra rápida, para sacar adelante proposiciones de ley. En lectura única y por el procedimiento de urgencia. Unos procedimientos que, salvo excepciones en las que hay consenso de todos los grupos o una verdadera urgencia, siempre están en el punto de mira por el tiempo que sustraen al debate parlamentario.

Según consta en el registro de iniciativas del Congreso de los Diputados, hasta la fecha han sido dos las proposiciones de ley tramitadas de forma urgente y en lectura única. La primera de ellas fue la que modificaba la Ley Orgánica del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, el polémico pacto yihadista que los conservadores suscribieron con los socialistas y que implicaba la inclusión como pena de la cadena perpetua revisable para los terroristas. PP y PSOE figuran como autores de esta proposición.

La segunda, fue la modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal. Un portazo que los conservadores dieron en solitario.

Si las proposiciones de ley ya suponen de por sí un proceso parlamentario más ágil al no tener que enfrentarse a la correspondiente fase de informes de los órganos consultivos a los que se somete a los proyectos de ley, la tramitación en lectura única y por el procedimiento de urgencia imprimen más rapidez. Hasta el punto de permitir que una iniciativa, como la que pretende garantizar el cumplimiento de las sentencias del TC [consúltala aquí, en PDF], pueda estar aprobada la penúltima semana de octubre.

El artículo 150 del Reglamento del Congreso señala que "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única". Con este visto bueno, el texto se tramita en un único debate en pleno, sin pasar por ponencia ni Comisión.

El procedimiento de urgencia implica, por su parte, la reducción a la mitad de los plazos ordinarios del procedimiento legislativo. Puede ser promovido por el Gobierno, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados. En este caso, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular iba acompañada de un escrito al presidente del Congreso, Jesús Posada, firmada por el portavoz, Rafael Hernando, en la que reclamaba que se le permitiesen recurrir a estas figuras del procedimiento legislativo. 

La controvertida decisión de Posada

Este mismo martes, el presidente de la Cámara admitió que había tramitado la reforma del PP sin esperar a una reunión de la Mesa del Congreso. Según informó Europa Press, Posada consultó con los servicios jurídicos del Congreso, que avalaron la calificación de la iniciativa sin esperar a la reunión del órgano de Gobierno de la Cámara de la semana que viene ya que el presidente tiene competencia para hacerlo en aquellos "escritos de carácter urgente que puedan presentarse o cuya calificación no proceda demorar hasta una próxima reunión de la Mesa".

Antes de que estas explicaciones se hiciesen públicas, el PSOE, junto con Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Convergència (CDC) y Unió (UDC), el PNV, UPyD y varios partidos del Grupo Mixto (CC-NC, BNG y Compromís), habían presentado un escrito conjunto pidiendo a Posada que reconsiderase la admisión a trámite de la reforma del PP. Entendían que se había excedido en sus competencias.

“Una vez más”, reaccionó la secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Magdalena Valerio, “todos grupos se oponen al abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular".

Nueve proyectos de ley por el mismo procedimiento

En lo que tiene que ver con las iniciativas que llevan el sello del Gobierno, los proyectos de ley, en lo que va de legislatura se han aprobado nueve en lectura única y por el procedimiento de urgencia, entre otros el que hacía efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I o la ley de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este miércoles, 24 horas después del registro de la iniciativa, los conservadores digerían las críticas de la oposición y les devolvían los ataques asegurando que lo verdaderamente electoralista es su reacción de cierre en banda. No obstante, había un hueco para la autocrítica, aunque en privado. Destacados cargos del partido calificaron de "error" la presencia de Xabier García Albiol en el Congreso el mismo día que se anunciaba esta proposición con la que podrían tomarse medidas en un escenario de declaración unilateral de independencia. "Puso bastante complicado defender que no se trata de una iniciativa hecha a medida de Artur Mas", defendía un destacado miembro del PP en declaraciones a infoLibre.

¿Por qué no se presentó en el Senado como enmienda?

Fuentes conocedoras del proceso de elaboración de esta ley admiten que en un primer momento se debatió presentar esta iniciativa en forma de enmienda a la proposición de ley de reforma del TC "para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación", ahora en el Senado. Pero la dirección del Grupo Parlamentario Popular se decantó por esta otra vía al entender que iba a ser menos polémica.

Según comentan las citadas fuentes, de haberlo hecho así a las críticas de electoralismo se habrían sumado las de los intentos del PP de desvirtuar la esencia de una reforma colando otra por la puerta de atrás.

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Pero no sólo se temía la reacción de la oposición a este respecto. También quisieron evitar enfrentamientos en el mismo sentido con el Tribunal Constitucional. El Grupo Parlamentario Popular recibió en el mes de julio el encargo del Gobierno de trabajar en una iniciativa en el sentido de la presentada. El PP de Cataluña se había quejado a Mariano Rajoy tras la consulta del 9-N de que la respuesta del Ejecutivo no había sido lo suficientemente contundente y que eso les iba a pasar factura.

El PP se agarra a que hay multitud de sentencias del TC que no se han cumplido para justificar este movimiento de última hora a menos de un mes de las elecciones catalanas. No obstante, admiten que para redactar la proposición de ley no se trabajó con un listado exhaustivo de los incumplimientos. Eso sí, sostienen que en Cataluña se han incumplido algunas que tienen que ver con el Estatuto, con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y con la consulta del 9-N.

Desde que el PP hizo el anuncio de su propuesta, desde diferentes partidos se ha acusado al Gobierno de Rajoy de incumplir algunas sentencias del TC. En el partido se defienden apuntando a que para que pueda decirse que se ha incumplido una sentencia de este tribunal, primero tiene que haber una sentencia que indique que realmente se está incumpliendo. "No es cuestión de opiniones", precisan.