Corrupción

Casi 150.000 personas exigen protección para quienes denuncien casos de corrupción

Casi 150.000 personas exigen protección para quienes denuncien casos de corrupción

El periodista y bloguero Pablo Herreros lanzó a primeros de septiembre una recogida de firmas en Change.org para que se proteja a las personas que han denunciado casos de corrupción. La campaña, que supera ya los 142.000 apoyos, pide una normativa que incluya cinco medidas: protección de su intimidad, defensa jurídica, protección de su integridad física, estabilidad laboral y atención psicológica y médica.

Herreros explica a infoLibre que no ha querido concretar más para evitar el "rechazo de la gente o de los partidos". "Es el momento de abrir este debate y cuanto más genéricas mejor", defiende. Como ejemplo de cómo no debería abrirse el melón cita la propuesta de Ciudadanos. El partido quiere recompensar a quienes denuncien un caso de corrupción con el 10% del dinero defraudado. "Estaríamos haciendo como los padres que le compran a su hijo un ordenador si aprueba", opina Herreros, que considera que "todo esto nos ha pasado por falta de valores, así que hay que revertir el camino usando valores, no un premio económico". No obstante, le parece "muy interesante que [Ciudadanos] haya entrado en el debate".

Lo que este periodista propone, entre otras cosas, es que denunciantes y testigos puedan solicitar su inclusión en un programa de protección de testigos. También que se les permita denunciar de forma anónima, que tengan derecho a una asistencia jurídica gratuita para aquellas situaciones que les afecten tras la denuncia (acoso, amenazas, injurias), que los juicios por estos casos sean exprés para evitar el desgaste psicológico y económico, y que se considere "nulo" el despido de un denunciante durante el tiempo que dure el proceso judicial.

La petición está dirigida a los líderes de los partidos más representativos: Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Alberto Garzón "y desde el domingo a Andrés Herzog", que fue designado candidato de UPyD a las elecciones generales. Herreros dice que todavía no ha recibido contestación de ninguno aunque espera que por la repercusión que está teniendo su iniciativa alguno de ellos se pronuncie.

Los interventores no quieren saber de Urbanismo y Servicios

Lo que Pablo Herreros propone es que gente como Fernando Urruticoechea, que ha denunciado múltiples casos de corrupción en los ayuntamientos en los que ha ejercido como interventor a lo largo de 30 años, puedan cumplir con su deber sin necesidad de sufrir represalias por ello. Concretamente él tiene a sus espaldas dos expedientes disciplinarios y una demanda al honor que le acaba de interponer Abornasa, la empresa que gestiona los residuos de Crevillente (Alicante). Le pide 150.000 euros por las declaraciones que hizo en un acto público criticando su actividad. Antes había redactado "varias decenas de informes por la situación ilegal de su actuación en la planta de basuras", explica a este periódico, por lo que considera que "el importe de la denuncia es de castigo".

Urruticoechea dice que tiene un "caparazón", "pero la afección psicológica a mí y a mis familiares es enorme, nos llevan a situaciones personales insostenibles". Asegura que muchos compañeros han sufrido el divorcio después de enfrentarse a las ilegalidades de sus superiores. Es por ello que "la mayoría no quieren saber nada de Servicios y Urbanismo", comenta.

Otros, en cambio, prefieren ser cómplices y percibir algún detalle. "Aunque somos funcionarios del Estado dependemos del alcalde, y cada ayuntamiento puede aportar una parte de nuestra retribución". Unos complementos que disparan el salario de algunos interventores hasta los 80.000 euros y que sirven para comprar su silencio. "Por eso pedimos depender exclusivamente de las autonomías o del Estado, no del ayuntamiento", concluye.

Denunciar la 'Gürtel' y tener que vender tus propiedades

Ana Garrido sigue inmersa en la estela de problemas que se formó tras denunciar el caso Gürtel, hace más de seis años, mientras trabajaba como técnica de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP. Según explica el propio Pablo Herreros, "le pidieron que firmase documentos que suponían –creía ella– enormes beneficios para gente extraña y pérdidas para las arcas" del pueblo. "Por supuesto, la presionaron para que diese contratos a personas y empresas concretas, sin posibilidad de evaluación alguna por su parte". Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta, hacía y deshacía en este municipio.

Según explicó a El Confidencial, su respuesta fue siempre negativa, se negó a ceder a estos chanchullos y hubo de soportar un fuerte acoso laboral: le quitaron el despacho y su movil del trabajo. Al final acabó denunciando esta madeja de irregularidades, escribiendo en primer lugar una carta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el 2 de diciembre de 2007. Le describía con pelos y señales en qué líos andaba metido el entonces alcalde, Arturo González Panero, El Albondiguilla. Nadie respondió.

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Ana tuvo que pedir una baja por depresión (como consecuencia del maltrato psicológico) que duró 18 meses, tiempo en el que aprovechó para recopilar toda la documentación sobre lo que estaba ocurriendo en Boadilla y que luego aportó –en un informe de 300 páginas– al juez Pablo Ruz. Intentó rehacer su vida en Costa Rica pero hubo de volver a España en repetidas ocasiones para que le tomaran declaración.

En 2011 cambió el Gobierno de Boadilla y, aunque siguió en manos del PP, Ana creyó que el nuevo alcalde, Antonio González Terol, cumpliría su promesa de barrer la corrupción. Se reincorporó a su puesto de trabajo, con menor salario al que le correspondía, y comprobó que eran el acoso laboral y el menosprecio quienes habían ganado las elecciones. Se repetía la historia, pero no estaba dispuesta a que continuaran las malas formas.

Presentó una denuncia por acoso, y aunque la ganó en primera instancia, fue recurrida por el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a darle la razón, y, para no variar, la Alcaldía presentó un nuevo recurso. Este otoño será el Supremo quien decida, pero para entonces Ana Garrido se habrá dejado en este laberinto judicial más de 5.000 euros. De hecho, este verano sacó a la calle algunas de sus pertenencias para ponerlas a la venta.

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