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Memoria histórica

Un juez inicia por primera vez un procedimiento civil para sacar a dos republicanos del Valle de los Caídos

La Memoria Histórica entra por primera vez en los juzgados

Purificación Lapeña tiene 30 días para acreditar que los restos de su abuelo y su tío, fusilados hace casi 80 años, no están enterrados en una fosa común de Calatayud sino en el Valle de los Caídos. Así se lo ha pedido un juez de San Lorenzo de El Escorial, dando pie a que por primera vez un caso de Memoria Histórica sea tramitado por la vía civil, y a que por vez primera la familiar de un represaliado del franquismo sea citada en sede judicial tras solicitar la exhumación de los restos mortales de sus seres queridos.

En conversación con infoLibre, el abogado de Lapeña, Eduardo Ranz, se ha felicitado porque "hoy se ha hecho un ejercicio de reconocimiento humanitario y justo hasta el punto de que se les ha puesto voz a los republicanos", y ha elogiado la actitud del juez, "bastante educado y respetuoso", ha dicho, para luego añadir que "ya podían copiarle el resto de jueces en esta materia". Asegura que les ha solicitado "documentación consistente" para acreditar que la fosa original está vacía. Una fosa a la que fueron arrojados los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás.

Ranz dice que ya disponen de los documentos necesarios, entre otros el último análisis que se hizo a la fosa para detectar posibles restos. En sus manos tienen también los informes que elaboró el propio Ministerio de la Gobernación, según el cual, "se procede el 3 y 4 de abril de 1959 a la exhumación y traslado de los restos mortales de don Manuel y don Antonio-Ramiro Lapeña Altabás a El Valle de los Caídos con motivo de su inauguración".

Además podrán aportar el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle, en el que consta que llegaron al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959. Y allí fueron enterrados junto a otras 33.000 personas, "en cuatro criptas con columbarios de seis u ocho cuerpos", explica Ranz, que considera que toda esta documentación tiene "valor probatorio suficiente", algo que de momento ninguna institución ha cuestionado según el abogado. La búsqueda podría verse facilitada ya que además las cajas de madera en las que llegaron los fallecidos tienen inscrito el lugar de procedencia.

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"Delito de adhesión a la rebelión"

El escrito de demanda, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que Manuel Lapeña Altabás, de profesión inspector veterinario, nació el 3 de septiembre de 1892 en Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Según el libro de familia, desapareció el 14 de agosto de 1936; según el acta de defunción, el 27 de julio de ese mismo año.  "Presumiblemente en días inmediatamente posteriores al levantamiento militar del 18 de julio de 1936, don Manuel Lapeña Altabás, fue detenido en El Orcajo, lugar sito en las afueras de la localidad de Villarroya de la Sierra, y posteriormente trasladado al barranco de La Bartolina, en Calatayud, donde fue fusilado", añade.

En cuanto a Antonio-Ramiro Lapeña, se echó al monte tras recibir el aviso de que la Guardia Civil iba a detenerle. En octubre de 1936 se entregó a las autoridades y ese mismo mes fue ejecutado en la tapia del cementerio de Calatayud, donde sus restos fueron "arrojados" a una fosa común. Dice Eduardo Ranz que "se les acusaba de un delito de adhesión a la rebelión, pero no se les juzgó", "se les arrojó salvajemente a la fosa".

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