Justicia
El 9 % de jueces de lo penal dice que ha sufrido presiones en casos de corrupción
El 9 por ciento de los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal afirma haber sufrido presiones externas en la tramitación o en el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción, según la VI Encuesta a la Carrera Judicial.
La encuesta ha sido elaborada a petición del Consejo General del Poder Judicial por SigmaDos mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la carrera judicial, informa el CGPJ.
De los que dicen haber sufrido presiones en casos de corrupción el 51% sitúa su origen en los medios de comunicación; el 43 por ciento en los políticos y el 26 por ciento en particulares.
El 67 por ciento asegura que reaccionó haciendo caso omiso de esas presiones, mientras que el 7 % se dirigió al CGPJ, el 14 % no contestó a esta cuestión y un 12 % optó por otras soluciones que la encuesta no especificaEl 68 por ciento de los jueces y magistrados españoles considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las comunidades autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13 por ciento que opina que sí, según revela la última encuesta a la carrera judicial hecha pública este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.
La gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales –dependientes de los juzgados– con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86 por ciento); de la revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito o en su despacho– que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79 por ciento); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66 por ciento).
Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60 por ciento); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60 por ciento); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59 por ciento).
La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las comunidades autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84 por ciento en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Además, la práctica totalidad de la Carrera Judicial –el 91 por ciento– se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52 por ciento considera que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.
En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15 por ciento de los que trabajan en alguna de las comunidades autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización.
Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en las Islas Baleares y al 5 por ciento en Galicia.
Por el contrario, el 54 por ciento de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43 por ciento contesta que no.
La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52 por ciento de los encuestados se muestra en contra y el 41 por ciento a favor.
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Además, 65 por ciento de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres. Esta posición –mayoritaria en todos los tramos de edad– es también compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52 por ciento rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33 por ciento que se muestra partidaria de ella.
Además, el 72 por ciento de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la Carrera Judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es asimismo compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57 por ciento niega la existencia de discriminación, frente al 26 por ciento que opina que sí existe.
En la actualidad, las mujeres suponen el 52 por ciento de los miembros en activo de la carrera judicial.
