Todo lo que Soria no ha hecho en el escándalo de Volkswagen

Pedir información a la empresa. A eso se ha limitado, por el momento, la actuación del Ministerio de Industria con respecto al descubrimiento de que la compañía automovilística Volkswagen instaló un programa en algunos de sus modelos para engañar a las plataformas de medición de emisiones contaminantes. Pese a que los expertos explican que el Gobierno podría multar a la empresa si ha superado los límites de emisiones y también revisar si la compañía ha incluido datos falsos en sus expedientes, el ministro del ramo, José Manuel Soria, no se plantea por ahora iniciar una investigación, como sí han hecho países como Francia, Reino Unido, Italia o Corea del Sur.

La semana pasada, las autoridades estadounidenses acusaron a Volkswagen –primera marca automovilística del mundo por ventas– de haber instalado en parte de sus vehículos con motor diésel un programa informático que detectaba cuándo el coche estaba siendo sometido a una prueba de control de emisiones y falseaba los datos reales de contaminación, que podían llegar a ser hasta 40 veces más elevados de lo permitido por la normativa. Poco después, la propia marca reconocía los hechos y pedía disculpas a los consumidores.

Sin embargo, el engaño no sólo se circunscribe a los modelos distribuidos en EEUU. De hecho, en España las fábricas de Seat montaron más de 500.000 motores con este dispositivo en coches vendidos desde 2009, según publicó este jueves El País. Y es que Volkswagen asegura no poder "precisar qué modelos se ven afectados así como tampoco los datos sobre el año de fabricación", pero se calcula que el problema podría afectar a 11 millones de vehículos: sólo en Alemania, según cifras facilitadas por su secretario de Estado de transportes, 2,8 millones de vehículos incluyen este programa informático.

Por ello, el país germano ha creado una comisión para investigar el fraude, además de anunciar pruebas “independientes” a todos los diésel de la marca de Wolfsburgo. Francia, por su parte, realizará controles aleatorios de emisiones a vehículos de todas las marcas, e Italia ha pedido a Volkswagen que le entregue los certificados de control de los vehículos. Pero España, por el contrario, se mantiene a la espera: lo único que ha anunciado el ministro Soria es que ha pedido a la compañía que "suministre lo antes posible toda la información necesaria" para saber cuántos vehículos están afectados en el país.

Consultado por infoLibre, Industria explica que se encuentra "a la espera" de que la empresa facilite estos datos para decidir los próximos pasos a seguir. No obstante, los expertos sostienen que el Ministerio podría tomar medidas mucho más expeditivas que podrían desembocar en sanciones administrativas por la comisión de un posible fraude en los datos incluidos en los expedientes de los coches, así como por superar los límites de emisiones permitidos.

Mediciones para una posible multa

El departamento dirigido por Soria "podría aclarar las circunstancias de los hechos a través de mediciones" de las emisiones contaminantes de algunos vehículos, al estilo de lo que están haciendo otros países europeos, explica Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que explica que también está en las manos del Ministerio "revisar la documentación" depositada por la marca "que puede incluir elementos de fraude" y que habría permitido que Volkswagen haya podido disfrutar de subvenciones o reducciones de impuestos por fabricar coches con niveles bajos de emisiones contaminantes.

"Lo que ha habido es una infracción de la normativa de medio ambiente, y si se descubre que los coches contaminan por encima de lo permitido legalmente, tendría que haber sanción", coincide Conrado Gallardo, portavoz de Foro Judicial Independiente. Para imponer esta multa no haría falta la intervención de la Justicia, ya que según explica el juez, la Administración está legitimada para realizar este tipo de actuaciones "y luego, si la marca lo considera conveniente, ya podría recurrir por la vía contencioso-administrativa".

Por su parte, Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se muestra muy cauto a la hora de determinar las posibles medidas que se podrían tomar contra Volkswagen porque, recuerda, aún no se tiene información detallada. Pero sí deja entrever que si la marca "hubiera flasificado intencionadamente parámetros de los vehículos en documentación que forma parte de expedientes, podríamos hablar de fraude a los consumidores" o incluso "estafas", aunque insiste en que se trata de hipótesis que no se pueden concretar sin datos.

El portavoz de Foro Judicial Independiente, por el contrario, se muestra más escéptico con la posibilidad de que exista un delito de estafa, ya que para ello tendría que haber un "perjuicio económico" claramente identificable. En contraposición, Rosell sí ve posible que la Justicia estimase que se ha podido producir este delito "ya que supuestamente, la empresa se ha ahorrado un coste al vender un vehículo declarando unos niveles de contaminación falsos", aunque hace hincapié en que "hay que ser muy cautelosos" hasta que no se tengan más datos.

Los usuarios, por la vía civil

En cualquier caso, los consumidores sí que tendrían que seguir la vía judicial si su coche está entre los afectados y quieren reclamar. Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, los propietarios de uno de estos vehículos podrían recurrir a la vía civil y tendrían derecho a que se les reembolsase el importe equivalente a la prestación de la que no han disfrutado, así como "daños y perjuicios". Conrado Gallardo va más allá y afirma que es posible que se sentenciase "la nulidad de la compraventa" del auto si se demostrara que la empresa engañó al consumidor en sus prestaciones.

Las asociaciones de consumidores ya se han pronunciado en este sentido. Tanto Facua como OCU han alertado de que es probable que Volkswagen se ponga en contacto con los propietarios afectados para pedirles disculpas y efectuar las modificaciones necesarias para reducir los niveles de contaminación hasta los límites establecidos en la legislación europea. Pero ambos colectivos afirman que la empresa está obligada a que "estas actuaciones no deberían suponer coste alguno para los usuarios ni implicar pérdida de calidad en las prestaciones de los automóviles", en palabras de Facua.

"Si las reparaciones provocasen que los vehículos redujesen de forma sustancial su potencia o aumentasen considerablemente el consumo de gasóleo, los usuarios podrían negarse y exigir una indemnización al no cumplirse las características ofertadas cuando fueron adquiridos", detalla Facua, que explica que esta suma "puede ir desde el abono de una cantidad por los perjuicios causados, la devolución del importe del automóvil atendiendo a un criterio de proporcionalidad con su antigüedad o su sustitución por uno nuevo". Y, además, la OCU recuerda que los afectados pueden exigir "un coche de sustitución o transporte alternativo" mientras el suyo esté en el taller, así como "un documento desglosado en el que figuren las actuaciones realizadas".

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Un ministro poco dado a sancionar

La actitud de Soria con respecto a Volkswagen no es una novedad. De hecho, no es la primera vez que el ministro se muestra poco resolutivo a la hora de resolver problemas con empresas que afectan a su Ministerio. Un caso muy claro es el que afectó al almacen Castor, un proyecto que el Gobierno decretó paralizar porque la inyección de gas natural para su almacenaje podía estar provocando seísmos frente a las costas de Castellón. En aquel momento, Industria envió técnicos a valorar la relación entre estos terremotos y las actividades de la empresa gestora del almacén, pero no le impuso ninguna sanción y, de hecho, le ha abonado 1.350 millones de euros en concepto de indemnización.

Tampoco fue especialmente resolutivo Soria cuando Repsol canceló la búsqueda de hidrocarburos cerca de las costas canarias al no encontrar suficiente petróleo ni gas cuya extracción fuera comercialmente rentable. El proyecto, que generó un fuerte rechazo de la oposición y también del Gobierno del archipiélago, contemplaba autorizaciones para perforar en tres lugares diferentes. Pese al revuelo social y la oposición institucional, el ministro se ha opuesto a cancelar los dos permisos restantes –sólo se realizó una búsqueda– y aseguró el pasado enero que "será el propio operador", esto es, Repsol, quien "tenga que plantear" al Ministerio qué quiere hacer con ellos.