Jueces para la Democracia pide que se aclare si Lesmes presionó para acelerar la querella contra Mas

Jueces para la Democracia (JpD) reclamó este viernes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que aclare las informaciones "que no han sido desmentidas"informaciones que apuntan a que se habría "interesado directamente" por la querella que se tramita contra el presidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. Según estas informaciones, Lesmes se habría puesto en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, para reclamarle mayor rapidez en la instrucción de dicha causa.

"Dichas presiones serían impropias de quien preside el órgano constitucional que ha de garantizar la independencia judicial", según la asociación independiente de jueces, que solicita "que se aclare la veracidad de estos hechos, que se sumarían a otras actuaciones de Lesmes favorables al Gobierno al que debe su cargo".

Gimeno acaba su mandato

JpD recuerda que Gimeno, que pertenece a esta asociación, va a agotar pronto su mandato en el TSJC, "por lo que sería muy censurable que se produjeran maniobras para evitar su continuidad en el cargo en el caso de que el tribunal no se plegara a determinados intereses partidistas".

Añade que este tipo de actuaciones cuentan con "un precedente muy cercano" como lo fue la reciente decisión de no renovar como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a José Manuel Sieira, "un magistrado independiente que había adoptado decisiones que no fueron del agrado del Gobierno".

Según dicha asociación, en esta actuación "desempeñó un papel decisivo el propio Carlos Lesmes", y que precisamente por ello, tanto JpD como otras asociaciones de jueces y una organización defensora de los derechos humanos presentaron una queja ante la Relatora Especial sobre Independencia Judicial de la ONU.

Desde Jueces para la Democracia exigen "respeto hacia el juez instructor que está actuando en la querella contra Mas y reiteran que el tribunal "va a actuar con criterios estrictamente jurídicos".

"Desgraciadamente las interferencias políticas en este asunto comenzaron desde el principio, al presentarse una querella por parte de la Fiscalía General del Estado tras unas indisimuladas presiones públicas desde el ámbito político, con dirigentes que se expresaron como si el ministerio publico fuese a actuar a su dictado", añaden.

A pesar de ello, JpD considera que la realidad es que el órgano judicial competente está investigando los hechos denunciados y "resulta inadmisible cualquier presión hacia sus actuaciones".

Por ello, reclaman "una mayor responsabilidad institucional" y recuerdan que "la separación de poderes es un principio básico de una sociedad democrática", e instan al Gobierno y al CGPJ "a que no reiteren sus constantes intentos de instrumentalización partidista de nuestros órganos judiciales".

Queja contra el ministerio de Justicia

Por otra parte, JpD solicita expresamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que, en relación con la citación judicial de Mas y otros cargos por la organización de la consulta del 9-N, se abstenga de "realizar afirmaciones que representen interferencias partidistas en la independencia de la judicatura y erosionen la credibilidad de la ciudadanía en nuestro sistema judicial".

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La asociación progresista de jueces se refiere a unas recientes declaraciones en las que el ministro señalaba que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había optado por aplazar dicha decisión en función del calendario electoral.

"Dichas manifestaciones han sido vertidas con la apariencia de que el citado ministro tiene capacidad de decisión sobre las resoluciones judiciales y sobre las razones de las mismas", considera el JpD, redundando en la idea de que "los tribunales siguen la estrategia del Gobierno o del partido que lo sustenta".

"Como no es la primera vez que el ministro de Justicia indica lo que hacen o deben hacer los órganos judiciales, debemos recordarle que vivimos en un Estado de Derecho con separación de poderes, y que el tribunal que instruye la citada causa actúa de forma independiente y adopta sus decisiones al margen de cualquier expectativa política", añade la asociación.