El Gobierno denunció a Botín por contrabando nueve días antes de que Francia incautara su 'picasso'

La incautación en Córcega de un picasso del banquero Jaime Botín cuando presumiblemente iba a ser enviado a Suiza no fue el detonante que activó este verano la intervención judicial por contrabando, que es lo que hasta ahora sugería el relato conocido. Muy al contrario, esa incautación fue la consecuencia de una denuncia previa interpuesta por la Guardia Civil y cuyo contenido no había trascendido hasta ahora. La denuncia revela que Botín ya comunicó a la Comunidad de Madrid en febrero de 2014 que el cuadro “se encontraba fuera de España”.

La denuncia de la Guardia Civil llegó el 22 de julio al juzgado de instrucción 4 de Pozuelo (Madrid), nueve días antes de que, el 31 de julio, el servicio francés de aduanas incautase en el puerto de Calvi (Córcega) el cuadro Cabeza de mujer joven.

El lienzo, cuya declaración de inexportabilidad había confirmado la Audiencia Nacional en mayo, viajaba ya embalado en el interior del AdixAdix, un lujosísimo yate de bandera británica propiedad en última instancia del expresidente de Bankinter, aunque su titularidad formal corresponde a una compañía panameña.

Una vez requisado el cuadro, Francia aseguró que los aduaneros entraron en el Adix tras detectar que Botín había presentado una solicitud para exportar la obra a Suiza. A tenor de la información facilitada a la agencia France Presse (AFP), esa solicitud tuvo como escenario la oficina aduanera de la ciudad corsa de Bastia y fue detectada el jueves 30 de julio. La confiscación se produjo al día siguiente, justo después de que la Aduana francesa recibiera un requerimiento de la Guardia Civil para que se hiciera de inmediato con el cuadro.

Ni la denuncia de la Guardia Civil presentada el 22 de julio ni el oficio enviado a Francia el día 31 de ese mes ni el auto dictado por la juez de Pozuelo el 6 de agosto, cuando ya había transcurrido una semana desde la incautación del cuadro, dedican una sola palabra a Suiza.

Pero parece fuera de duda que Botín había efectuado gestiones con la intención de trasladar allí la obra, no se sabe si para evitar su incautación o si para venderla. Constituye, por tanto, una incógnita el porqué de la omisión sobre Suiza, pieza clave en el rompecabezas de un operativo que ha sumergido de nuevo en el escándalo a otro miembro de la saga familiar más poderosa de la banca española.

Una obra inexportable

El Instituto Armado, que seguía instrucciones del Ministerio de Cultura, vigilaba desde mayo los movimientos del AdixAdix como contenedor del valioso óleo, aunque el Gobierno sostenía originalmente que la obra estaba colgada en tierra firme y española sin discusión: exactamente, en el domicilio de Jaime Botín en Pozuelo, de ahí que la denuncia se presentara en ese municipio.

Declarado inexportable en diciembre de 2012, Cabeza de mujer joven está sujeto desde entonces a un pleito civil entre Botín y el Estado por la nacionalidad del cuadro.

Cultura considera que la obra, valorada en más de 26 millones de euros y representativa del llamado periodo Gósol (Lleida) de Picasso, pertenece al patrimonio artístico español. Botín sostiene, por el contrario, que el cuadro es propiedad de una compañía panameña –Euroshipping Charter Company Limited– y que nunca ha estado en España por cuanto el barco que lo albergaba, el Adix, es británico. El 26 de marzo, la Audiencia Nacional confirmó la declaración de inexportabilidad del lienzo. Botín ha recurrido ante el Supremo.

La secuencia de los hechos indica que en cuanto la Audiencia Nacional avaló la declaración de inexportabilidad del cuadro –Cultura no ha pedido la ejecución del fallo judicial al entender que en sí mismo goza de plena eficacia– el Gobierno concluyó que la vía civil no aseguraba la permanencia del cuadro. Y se decidió a actuar contra Botín por contrabando.

El atestado con que la Guardia Civil presentó su denuncia el 22 de julio maneja dos argumentos clave: el primero, que Jaime Botín ya había comunicado el 21 de febrero de 2014 –o sea, un año y medio antes de que la orden de confiscación fuese lanzada– que la pintura en cuestión se encontraba fuera de España. El segundo argumento fue que en la fecha del atestado, elaborado el 10 de julio aunque presentado en el juzgado el 22, la obra había podido “ser exportada de manera ilícita”.

La comunicación de febrero de 2014 a que se refiere la Guardia Civil fue la que Botín hizo a la Comunidad de Madrid, que planeaba entonces iniciar los trámites para declarar el cuadro Bien de Interés Cultural (BIC). Mientras que la declaración de inexportabilidad es una medida cautelar y por tanto transitoria, la declaración de BIC asegura de manera automática la permanencia en España de cualquier obra que adquiera ese rango.

La versión de Cultura

A consultas de infoLibre sobre el hecho de que la denuncia fuese previa a la incautación, fuentes del Ministerio de Cultura remarcaron que su interposición se produce “en cuanto se tiene indicios de que el cuadro ha podido salir de nuestras fronteras”. La Guardia Civil no ofreció ninguna respuesta.

Tampoco accedió a pronunciarse el bufete Ramón y Cajal, que representa a Botín y al que este diario preguntó si antes de la incautación del 31 de julio su cliente recibió algún requerimiento para que el Adix se abstuviera de abandonar las aguas territoriales con el picasso entre sus cuadernas o para que comunicara la localización de la obra si era otra.

El despacho ni siquiera se avino a confirmar la ruta seguida por el Adix desde que el 11 de junio una inspección de la Guardia Civil en el puerto de Valencia constató que los documentos entregados por el capitán del yate no incluían el cuadro. “Mientras las diligencias sean secretas no podemos decir nada”, fue el pasado viernes la versión del bufete, que el 5 de agosto, cuando trascendió la operación de Córcega sí se apresuró a emitir un comunicado.

En ese comunicado, los abogados de Botín subrayaban dos ideas centrales: que "el cuadro no ha podido ser exportado ni lícita ni ilícitamente porque siempre ha estado en el extranjero en un barco [el Adix] bajo pabellón británico" y que, por tanto, la declaración de inexportabilidad "provisionalmente dictada por el Ministerio” carece de objeto “por cuanto el cuadro no estaba en territorio español cuando fue dictada ni ha sido importado después".

La segunda idea motriz de su defensa es la de que el cuadro no está conceptuado “como bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español" dado que, transcurridos dos años y medio desde que Cultura lo declaró inexportable nadie ha iniciado siquiera los trámites para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos Comunidades Autónomas, Valencia –en cuyo puerto fondea habitualmente el Adix cuando está en España– y Madrid –donde reside Botín–, podrían haber acometido el proceso para la conversión del cuadro en BIC. 

Del comunicado lanzado en agosto por el bufete Ramón y Cajal se desprende que los defensores del banquero otorgan gran importancia a ese agujero en la historia administrativa del lienzo, aunque las dos sentencias de la Audiencia Nacional que en marzo y en mayo revalidaron la inexportabilidad del cuadro no lo consideran relevante.

El espaldarazo de la Audiencia al Gobierno

La Audiencia se pronunció dos veces porque había dos recursos contra la declaración de inexportabilidad: uno, impulsado por la compañía panameña que reclama la titularidad del lienzo, Euroshipping Charter Company; y otro, formulado por el propio Jaime Botín.

El litigio comenzó cuando la filial española de Christie's solicitó permiso de exportación el 5 de diciembre de 2012 con un formulario según el cual la obra estaba depositada en la residencia que Botín tiene en Pozuelo.

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El banquero alegó días después que se había tratado de un error de la galería y que el cuadro nunca había salido del Adix. Pero la maquinaria gubernamental para evitar la salida del cuadro ya había entrado en funcionamiento: el cuadro fue declarado inexportable y Botín se lanzó a pleitear contra el Ministerio de Cultura.

Al igual que el Gobierno, la Audiencia Nacional cree verosímil que Christie's errara al señalar la localización del cuadro. Y así se encargó de subrayarlo en las dos sentencias que en primavera dictó sobre la materia.

Ambas sentencias han sido recurridas ante el Supremo. Es decir, no son firmes y, en teoría, el alto tribunal podría acabar dándole la razón al magnate. Pero la incautación del cuadro por la vía penal y su decomiso provisional por parte del Estado –la obra ha sido depositada en el Reina Sofía– han marcado en la práctica un punto que se perfila como de difícil retorno para el banquero.