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Pedro Sánchez guarda silencio tras el último auto de la jueza sobre Besteiro

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Ibon Uría

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, guardó silencio este jueves y declinó pronunciarse sobre la situación del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, imputado por cuatro delitos. La instructora de la causa, la magistrada Pilar de Lara, dejó claro en un auto fechado el pasado 7 de octubre que desconfía de las explicaciones de Besteiro acerca de la compra y reforma de su vivienda, y solicitó abundante documentación para avanzar en el caso, tal como publicó infoLibre.

Este diario preguntó al partido por la posición de Sánchez sobre Besteiro –que además es miembro de la Ejecutiva federal del PSOE– y el proceso judicial que le afecta después de que la jueza señalara en su escrito que considera poco "lógicas" o "manifiestamente extrañas" las explicaciones del secretario general del PSdeG. Besteiró, entre otras cuestiones, extrajo 36.000 euros en efectivo de dos cuentas bancarias para pagar la señal de un piso en mano a un constructor. No hubo respuesta por parte del PSOE.

El letrado del líder gallego, por su parte, anunció que recurrirá el citado auto y argumentó que "hace diez años había muchas cosas que se pagaban en efectivo". Para la defensa de Besteiro, la jueza De Lara teje en su texto "una relación de causalidad" con elementos que no están vinculados entre sí, en una maniobra que constituye una "huida hacia delante" y que provoca "un daño inaceptable" al líder de los socialistas gallegos.

El abogado del político, Cándido Conde-Pumpido Varela –hijo del ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido Tourón–, subrayó que su cliente "quiere lo mejor para el partido y para los ciudadanos" e ironizó indicando que, de persistir la magistrada en su actitud de investigar un supuesto delito que "no está acreditado", podría llegar a decir que Besteiro "mató a Manolete".

Tras su imputación, Besteiro –que recientemente manifestó que quiere ser el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta en las elecciones que han de celebrarse a finales de 2016– recibió el apoyo público de Pedro Sánchez. El secretario general indicó que no tomaría medidas salvo que se llegase a la fase de apertura de juicio oral, tal como marca el Código Ético del partido, si bien otros dirigentes –Chaves y Zarrías, por ejemplo– abandonaron el escaño después de ser imputados en el caso ERE y antes de sentarse en el banquillo, cosa que no se ha producido por ahora.

Tras el último auto de la jueza, Sánchez no se ha referido en ningún momentoa este asunto ni se ha pronunciado para modificar la posición de apoyo y respaldo a Besteiro que manifestó anteriormente.

Las sospechas de la magistrada

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La instructora de la causa alberga dudas sobre los pagos en efectivo del político gallego y también acerca de la reforma que realizó en el inmueble entre 2005 y 2006 y que, sin embargo, no pagó hasta cinco años después a la constructora. El constructor a quien Besteiro compró el piso fue el mismo que, meses atrás, había vendido a otro empresario los terrenos donde se levantó una polémica urbanización. Ese proyecto inmobiliario recibió luz verde definitiva el 31 de diciembre de 2005, en un Pleno municipal en el que Besteiro, entonces concejal de Urbanismo, no se abstuvo. 

De Lara sostiene que no es "habitual" pagar cantidades tan elevadas en efectivo, "siendo lo normal la realización de una transferencia bancaria". Además de los 36.000 euros que Besteiro pagó como señal de esa forma, posteriormente extrajo otros 36.000 euros en billetes de una tercera cuenta bancaria, los ingresó en una entidad diferente y, desde esta última, emitió un cheque con el que completó el pago. La jueza dice en su auto que este proceder "llama notablemente la atención", y solicita la relación de movimientos bancarios de las cuentas del político y su mujeres correspondientes a toda una década.

El escrito añade que Besteiro habría recibido de forma indiciaria un trato "ciertamente especial en el pago" de la reforma de su casa. Los trabajos se encargaron en 2005, se ejecutaron entre ese ejercicio y 2006, pero no se facturaron y abonaron hasta 2010, de acuerdo con el resguardo de transferencia que presentó el número uno de los socialistas gallegos. La jueza añade que la empresa que realizó el remozado no declaró en sus libros de contabilidad esos ingresos y señala que hay datos que "llevan a pensar en el carácter ficticio de la operación"

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