La Guardia Civil atribuye delito de malversación al secretario general del PSOE en Almería

La Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado al juez de Sevilla que investiga las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos, en el que atribuye un delito de malversación de caudales públicos al secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel.

En este nuevo atestado ampliatorio entregado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, fechado el día 30 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Equipo de Delincuencia Económica y Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla ponen de manifiesto que existen "claros, tajantes y reiterados indicios" que hacen que "coja mayor consistencia" el presunto delito de malversación de caudales públicos "que se viene investigando" en esta causa.

Al hilo de ello, los agentes de la Guardia Civil aluden a continuación a todas las personas, entre ellas Sánchez Teruel, que serían responsables de este delito "por acción u omisión", ya que "tienen una participación imprescindible para que se facturen y autoricen las certificaciones" de obras "y por la omisión de fiscalización de la Administración".

Cabe recordar que, en un primer atestado, los agentes atribuyeron a Sánchez Teruel, por su actuación como director general de Regadíos de la Junta de Andalucía, los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

En este sentido, y en este atestado consultado por Europa Press, los agentes destacan que Sánchez Teruel, "quien fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, tenía entre sus obligaciones planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)".

Añaden que el parlamentario andaluz "firma cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28ª hasta la 34ª y en adelante de las obras de mejoras de regadíos" de la comunidad de regantes, "dando su conformidad a lo certificado", punto en el que aclaran que "no se procede a tomar declaración como imputado por este delito al ser miembro del Parlamento de Andalucía y por ende tener la condición de persona aforada, por lo que procedemos a informar sobre el mismo".

Imputa a un interventor de la Junta

La Guardia Civil, además, ha imputado un delito de prevaricación al actual interventor de la Consejería de Hacienda de la Junta Juan Luque –imputado también en el caso de los ERE fraudulentos–, mientras que también ha imputado, por malversación, a los exgerentes de la UTE Riegos Marismas Antonio Jesús Viciana y Juan Bautista y al segundo director de Obras de la comunidad de regantes en la fecha investigada, Joaquín María Sánchez Mancha. Hay que recordar que el juez mantiene imputadas a 21 personas, las cuales prestaron declaración el pasado mes de junio.

La Guardia Civil, en un apartado del atestado titulado Pago de certificaciones sin aval preceptivo, considera que ha quedado "patente" la realización "de pagos de subvención por parte de la Administración sin avalar esas cantidades el beneficiario, como así está preceptuado", y alude a una primera certificación por importe de 3.167.192,76 euros y a otra docena de certificaciones por importe de 4.504.348,16 euros.

En esta línea, dice que, tras estudiar y analizar la documentación aportada por la Consejería de Agricultura, "detectamos un presunto delito de prevaricación" cometido por el interventor delegado Juan Luque y por el exdirector general de Regadíos y Estructuras de la Consejería Tomás Martínez Jiménez --ya imputado por el juez--, quienes firmaron una serie de documentos "imprescindibles para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria haga efectivo el pago de la subvención en la primera certificación, sin estar avalada ésta, se formalizó su aval/garantía, a los siete meses de su abono" a los regantes.

"Sobrecoste"

En su declaración, Luque "hace mención varias veces a que su deber es hacer cumplir la norma reguladora, cosa que no hizo", mientras que "nadie, y decimos nadie, técnicos de fiscalización de la Intervención Delegada, ni de la Dirección General de Regadíos, paralizó el expediente de pago u orden de pago, por no estar constituido el aval, algo que será de obligado cumplimiento el fiscalizar por éstos".

De igual modo, los agentes de la Guardia Civil analizan los "sobrecostes" pagados en las 34 primeras certificaciones emitidas y aseveran que "se han ido aplicando en las certificaciones precios muy por encima de lo firmado por contrato entre las partes, comunidad de regantes y UTE Riegos Marismas.

"Tras un análisis exhaustivo de las 34 primeras certificaciones, se detecta un sobre-precio cobrado de 12.093.201 euros, incluido el IVA, de los que 6.255.103,98 euros aproximadamente es subvencionado con dinero público y 4.170.069,32 euros ha sido pagado" por la comunidad de regantes "junto con el total del IVA, que es 1.667.867,67 euros".

A juicio de los agentes, "estos claros, tajantes y reiterados indicios hacen que coja mayor consistencia el presunto delito de malversación de caudales públicos que se viene investigando", del que consideran responsables, además de a los anteriormente citados, al presidente de los regantes, Diego García Santos; al primer director de Obras, Manuel Vázquez Segovia; al exjefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, o al exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura Manuel Antonio Cruz-Guzmán.

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En el atestado, la Guardia Civil analiza también la "participación de La Caixa en todo lo relacionado con el préstamo y el pago de certificaciones", ya que de la investigación se desprende que la comunidad de regantes "realizaba imposiciones a plazo fijo (IPF) inmediatas, con el dinero público ingresado por la Administración como subvención para ayuda a la financiación de las obras de modernización de regadíos, por lo que no podían disponer de ese dinero durante el tiempo que duraba esa IPF".

"Estas IPF, independientemente de los intereses a su favor que les producía, hacían que no pudiesen pagar las preceptivas certificaciones cuando se les presentaban al cobro, ya que tenían inmovilizado el mismo, esto con la mala o errónea práctica de pagar estas casi al contado, en vez de a los 120 días que estaban estipulados por contrato y resolución, y que la Consejería de Agricultura no ingresaba de forma regular las ayudas", lo que "obligaba a que dispusiesen del dinero del préstamo concedido por La Caixa".

Los agentes consideran, así, que el informe emitido por La Caixa cuantificando el coste de intereses que las diferentes disposiciones del préstamo para pagar al contado las certificaciones de obras que ha soportado la comunidad de regantes, ascendente a 489.784,33 euros, "así como el no reingreso o descuento en la subvención de los interseses obtenidos por parte de la comunidad de regantes por las IPF de 412.954,70 euros, refuerzan las imputaciones por malversación, contra la Hacienda Pública y fraude a la subvención que se realizaron a las personas que componían la Junta Rectora" de los regantes.