Los abusos de la banca

Exdirectivos de Novacaixagalicia, condenados a dos años de prisión y a devolver casi 14 millones de euros

Julio Fernández Gayoso, a la izquierda, y Mauro Varela, junto a Feijóo en una imagen de 2010.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel a los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Además, tres de ellos –Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada– tendrán que devolver casi 14 millones de euros, las cantidades por indemnización que se les abonaron indebidamente.

El exdirector general de la entidad, José Luis Pego, está obligado a devolver más de 8,5 millones de euros; el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, a reintegrar más de cinco; y Óscar Rodríguez Estrada, a devolver una cantidad superior a los 200.000 euros. Los tres son autores de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.

El excopresidente Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas son considerados por el fallo cooperadores necesarios, ya que "aportaron su colaboración con hechos relevantes sin los cuales el delito no se hubiera cometido".

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La pena de prisión impuesta no alcanza los cinco años de cárcel, por lo que, de recurrirse la condena, los exdirectivos podrían solicitar una suspensión de la pena que les evitaría, por el momento, el ingreso en prisión.

La Audiencia Nacional condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros (unos 75.000 euros) y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.

La sentencia destaca que la entidad "valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección", una cantidad tuvo que ser abonada el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado". La Sala explica la difícil situación de la entidad bancaria fusionada que llevó al FROB a tener que inyectar cantidades millonarias. Los acusados, "sabedores de estos avatares, mejoraron (tres de ellos) intencionadamente sus condiciones económicas para el caso más que probable por razonable, de su salida de la nueva entidad fusionada dada su gestión anterior, al querer prescindir de sus servicios los nuevos inversores que pudieran venir a hacerse carga de la entidad".

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