Escándalo de las tarjetas

Bankia evita echar una mano a Rato y reitera al juez que 'camufló' los gastos de las tarjetas 'black'

Miguel Blesa junto a Rodrigo Rato durante la inauguración de un foro financiero en 2008.

Bankia evita echar una mano a su expresidente Rodrigo RatoRodrigo Rato en relación a las tarjetas black. Así se puede resumir el escrito enviado por el director de la asesoría fiscal de Bankia, Javier María Tello, al juez Fernando Andreu que investiga en la Audiencia Nacional el hundimiento de la entidad financiera creada con la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño.

El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, incluye un certificado en el que el banco reconoce a preguntas del propio Rato que Bankia no elaboró ningún informe ni recomendación en relación con las consecuencias tributarias para Caja Madrid y sus directivos y consejeros de la cuenta contable con la que se pagaban los gastos de las tarjetas black. De esta forma, el exvicepresidente del Gobierno del PP trata de extender la responsabilidad en el control de las tarjetas hacia la entidad financiera, que no alertó de ninguna irregularidad.

Pero a continuación el escrito de Bankia justifica su inacción en el hecho de que ninguna de las unidades o direcciones del banco tuvo conocimiento de la existencia de tarjetas emitidas al margen del circuito ordinario, "sin que resultase posible certificar sobre cuestiones y extremos cuyo conocimiento no constase". Es decir, si Bankia no hizo ningún informe ni inspeccionó los gastos realizados por los directivos con estas tarjetas fue los dirigentes camuflaron la existencia de las black. Este es el motivo por el que las tarjetas no pueden considerarse un complemento retributivo de los directivos, explican a esta redacción fuentes del caso.

Contradice al juez

No es la primera vez que Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri desde la dimisión inesperada del propio Rato en 2012, argumenta en sentido contrario a las conclusiones del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón; y del propio juez, Fernando Andreu; y en contra de los intereses de Rato y del también expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El magistrado, a instancias de Luzón, acordó el archivo de la acusación contra 11 directivos de Bankia al considerar que las black eran un complemento salarial.

"En el caso de los directivos, quienes mantenían una relación estrictamente laboral como empleados por cuenta ajena de Caja Madrid, el dinero aplicado a sufragar los gastos derivados del uso de las tarjetas cuyo examen nos ocupa parecería formar parte de su paquete salarial o retributivo", aseguraba el magistrado en su auto de 5 de mayo de 2015 en el que archivaba la imputación de los directivos de Blesa y Rato, pero que sin embargo focalizaba la culpa en los consejeros nombrados por los partidos políticos y sindicatos. 

Andreu consideraba que los auténticos responsables de la creación de las tarjetas black eran los integrantes del consejo de administración de Caja Madrid y Bankia, mientras que los equipos directivos de Blesa y Rato solo estarían salpicados como partícipes a título lucrativopartícipes a título lucrativo.

Pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se encargó de analizar la decisión de Andreu de archivar las acusaciones contra los directivos, volvió a imputar a la guardia pretoriana de Blesa y Ratoguardia pretoriana, al tiempo que justificaba esta decisión al considerar que todavía era pronto para finalizar la investigación.

Escrito de Rato

En este punto del procedimiento, en el que que el juez y el fiscal tuvieron que imputar de nuevo a los lugartenientes de Blesa y Rato, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) envió un duro escrito contra Bankia, en el que pedía al juez Andreu que se dirigiera a la entidad presidida por Goirigolzarri para reclamarle información sobre "algún informe, comunicación, estudio o información en relación a las conclusiones alcanzadas por la Agencia Tributaria en su labor inspectora al uso de las tarjetas de crédito, y sus consecuencias tributarias para la entidad, los directivos y consejeros de las entidades".

Con esta iniciativa, explican a infoLibre fuentes del caso, Rato lo que pretende es demostrar que Bankia no le alertó de las supuestas irregularidades, como tampoco lo hizo la Agencia Tributaria. Pero ante esta estrategia, Bankia opta por no defender a Rato, al asegurar en su escrito: "Los gastos correspondientes a las tarjetas de los consejeros ejecutivos y directivos referidos en la manifestación de la dirección corporativa de auditoría interna no estaban afectados por las conclusiones alcanzadas por la Agencia Tributaria en relación a la cuenta contable 6.192.02 'Gastos de órganos de Gobierno'.

Esto último significa, tal y como consta en el escrito de Bankia, que la entidad financiera no incluyó en el apartado salarial y de gastos de representación los gastos realizados con las tarjetas de los directivos, por lo que la conclusión más evidente es que las black de este colectivo no podía ser considerado un complemente retributivo. "No era posible certificar sobre cuestiones y extremos cuyo conocimiento no constase", especifica el documento enviado por Bankia a la Audiencia Nacional a requerimiento del juez Andreu.

El certificado del director de la asesoría fiscal incluye un último párrafo en el que reitera que su área "no tuvo conocimiento de la existencia de tarjetas emitidas al margen del circuito ordinario para consejeros ejecutivos y otros directivos asociadas a la cuenta corriente 6.691,10 denominada 'Tratamiento administrativo Circular 50/99, regularizaciones por fraudes, negligencias, errores internos, deficiencias de los clientes y reclamaciones de los clientes'.

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Uso ilegítimo

Pero el conflicto con Rato no es el único que mantiene Bankia con sus anteriores consejeros, que consideran que el banco hizo un uso ilegítimo de los datos que obraban en su poder sobre las tarjetas. En concreto, los exconsejeros José María Arteta Vico y Gonzalo Martín Pascual han registrado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sendos escritos en los que aseguran que la entidad financiera presidida por Goirigolzarri denunció el caso cuando no estaba legitimada, ya que utilizó para ello archivos que en realidad eran propiedad de la heredera de Caja Madrid, ahora denominada Fundación Montemadrid.

En este caso, Bankia considera que sí tiene la potestad de utilizar los datos sobre los gastos realizados con las black ya que es "dueña" de los datos provenientes de los negocios bancarios y parabancarios de las siete cajas de ahorros que crearon el banco. Además, la entidad dirigida por Goirigolzarri considera que la legislación vigente le ampara en su denuncia de los hechos, ya que la ley de reestructuración del sistema bancario de 2012 especifica que los administradores de las entidades "responderán de los daños y perjuicios causados".

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