Politización de la Justicia

El Poder Judicial convoca y anula en un día una plaza en la Sala del Supremo que controla al Gobierno

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en un congreso de jueces.

Un supuesto "error informático" cuya génesis y  características nadie ha explicado aún condujo la semana pasada a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciara en el BOE la convocatoria para cubrir de forma discrecional una plaza de juez en la Sala del Tribunal Supremo que controla al Gobierno y la anulase al día siguiente bajo el argumento de que el acuerdo para convocarla jamás existió.

Frente a la versión oficial sobre la existencia de un error informático por ahora inexplicable y que pone en solfa nada menos que la fiabilidad del Boletín Oficial del Estado (BOE) y la del propio órgano de gobierno de los jueces, otras fuentes jurídicas que exigen reserva de identidad ofrecen una explicación por completo distinta.

Según esas fuentes, la plaza cuya convocatoria llegó al BOE para ser cubierta por el turno de juristas de reconocido prestigio –abogados que no son jueces de carrera– tendría de antemano dos firmes candidatos a ocuparla. Uno de ellos, aseguran los informantes, desempeña un cargo de relevancia en la Abogacía del Estado. La segunda aspirante estaría vinculada sentimentalmente a un vocal del CGPJ. El temor a una polémica de gran envergadura explicaría el cambio de planes y la marcha atrás, sostienen las citadas fuentes.

Los portavoces oficiales consultados por infoLibre en el Poder Judicial enfatizan por el contrario que todo se reduce a un error informático por cuanto "no hay vacantes" que cubrir en la Sala Tercera del Supremo. "Hay 34 magistrados y la planta [la plantilla orgánica] es de 33, con lo que no hay vacantes que convocar", aduce el Consejo.

Un informe del Servicio de Personal Judicial que llegó a la comisión permanente del Consejo dice, no obstante, esto: "En la actualidad la Sala cuenta con 13 magistrados del turno general (descontados 1 que se encuentran en servicios especiales), 13 magistrados del turno de especialistas (decontados 2 que se encuentran en servicios especiales) y 6 juristas. Existe, pues, una vacante que corresponde al turno de juristas". O sea, justamente al turno para el que el anuncio del BOE convocaba la plaza en virtud de un acuerdo que el Consejo declaró "inexistente" un día después de su publicación en el boletín.

Los portavoces del Poder Judicial subrayan cómo la convocatoria de esa plaza para la Sala Tercera, que según el BOE del 12 de noviembre había sido acordada por la comisión  permanente del órgano de gobierno de los jueces en su reunión del 22 de octubre, jamás figuró en el orden del día de esa sesión ni en el de ninguna otra.

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En efecto, el orden del día de esa reunión, publicado en el portal de transparencia del CGPJ "y que como todos –dicen los portavoces oficiales– se vuelca en la web con al menos 24 horas de antelación", no contiene ese punto. 

Pero es precisamente esa ausencia en el orden del día lo que añade incógnitas al extraño episodio: porque si la cobertura de la plaza hubiera constado entre los temas a tratar y finalmente se hubiese retirado ganaría enteros la hipótesis de que, por error, alguien dio el punto por aprobado y pulsó el botón de envío del anuncio al BOE. Y ese botón solo lo manejan "tres o cuatro personas", asegura el Consejo: el secretario general de la institución, el vicesecretario general "y alguien más" cuya identidad no han precisado los portavoces consultados.

La Sala Tercera del Supremo, encargada de pronunciarse sobre asuntos como los pleitos del Gobierno Central con otras administraciones –los llamados contencioso-administrativos– o los indultos concedidos, ya se situó en el vórtice del huracán este verano. En julio, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, logró que el hasta entonces presidente de la Sala, José Manuel Sieira, no renovase su mandato y fuese desplazado por su propio candidato, Luis María Díez Picazo.

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