Blanqueo capitales
Anticorrupción trata de desmontar la coartada con la que el presidente de Damm quiere evitar la cárcel
La Fiscalía Anticorrupción trata de desmontar la coartada del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, que en enero se sentará en el banquillo de los acusados junto a su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos personas que trabajaban para ellos; José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus.
Los Carceller han incluido entre sus testigos a tres mujeres con nacionalidad de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyen al empresario Javier Ribas Vila, que se sentaba en el consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.
Y Anticorrupción quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También quiere saber si el desplazamiento desde Estados Unidos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos. La tercer testigo se llama Tracy P. N.
Una trama defraudatoria
Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un fraude a Hacienda gigantesco por el que tuvieron que abonar un total de 764,8 millones en concepto de fianzas civiles.
Según los escritos de acusación, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas al fisco español. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban. De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero, acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.
Además, el padre del actual responsable de las empresas de los Carceller trasladó de forma ficticia, según la acusación, su residencia a Lisboa con la intención de no tributar en España y abonar menos impuestos.
48 y 14 años de cárcel
Por todo ello, Demetrio Carceller Coll, padre de Demetrio Carceller Arce, afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.
Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones de euros.
Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista, al que el historiador Josep Fontana califica en su obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala".
Gran importancia
Esta declaración tiene una gran importancia de cara a la posible implicación de Carceller Arce, el actual responsable de las empresas familiares, habida cuenta de que él fue procesado sobre todo por su participación en la gestión de las inversiones de esta familia en Estados Unidos, y más concretamente en el estado de Arizona.
Pero la declaración jurada de las dos testigos atribuye a Ribas Vila la auténtica responsabilidad de las inversiones en Arizona, algo que contradice las conclusiones del Tribunal Supremo, que ordenó que el procedimiento también se dirigiera contra el actual presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce.
El Supremo, en una sentencia de 10 de junio de 2014, anuló la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la acusación contra Demetrio Carceller Arce, en contra del criterio del instructor del caso, entonces el juez Pablo Ruz.
Participación activa
Y para tumbar la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara Marcos, Guillermo Ruiz Polanco y María de los Ángeles Barreiro Avellaneda, el Tribunal Supremo dio por cierto que el empresario "participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España".
A Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales.
Declaración por videoconferencia
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que en un principio iba a iniciarse el 23 de junio pasado. Por estos motivos, las declaraciones por videoconferencia de las tres testigos propuestas por las defensas cobran especial relevancia. Lynn A. M. y Lysa K. G., que son las testigos clave, están citadas el 11 de enero, mientras que Tracy P. N. prestará testimonio el 15 de enero.
La Fiscalía Anticorrupción pretende determinar el papel que desempeñaban las testigos y otros empleados de Carceller en Estados Unidos, al mismo tiempo que quieren determinar el motivo por el que la empresa no suministró información sobre las inversiones inmobiliarias de esta familia pese a los requerimientos de las autoridades españolas a las norteamericanas.
Precisamente, el escrito de acusación del Ministerio Público especifica los diferentes fraudes cometidos por los empresarios CarcellerCarceller. Como por ejemplo “el ocultamiento de fondos realizado por Demetrio Carceller Coll a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller”. Pero también las operaciones denominadas como “la estructura americana”, que realizó inversiones en empresas como la propia Damm o Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP.
Paraísos fiscales
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La finalidad de esta operación fue nuevamente crear una estructura societaria extranjera opaca mediante la cual se ocultara la titularidad real de Demetrio Carceller Coll en importantes paquetes accionariales en las sociedades españolas Disa Corporación Petrolífera SA (DISA); SA Damm; Renta Insular Canaria (Rincasa) y, hasta su venta en el año 2001, en Hidroeléctrica del Cantábrico, estando al frente de todo este entramado societario la entidad panameña Financiera Intercontinental”, especifica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
La panameña Financiera Intercontinental estaba participada íntegramente por cuatro entidades de las Antillas Holandesas, cada una de las cuales era, a su vez, socio único de una sociedad holding holandesa en la que se situaban las participaciones de Demetrio Carceller Coll en cada una de las sociedades españolas.
Carceller Coll era propietario de un paquete accionarial de Hidroeléctrica del Cantábrico, que controlaba desde la firma holandesa Halfrond BV, una sociedad participada únicamente por la sociedad antillana Araxa NV, que era propiedad al 100% de la panameña Financiera Intercontinental.
