Podemos sostiene que puede revertir todos los recortes reduciendo a la vez el déficit

96.000 millones de euros más de gasto público en la próxima legislatura en comparación con la previsión del Gobierno, pero tan sólo 1,9 puntos de déficit más que permitirán, según sus datos, revertir los recortes de esta legislatura. Ese es el cálculo que hizo público este lunes Podemos en la memoria económica de su programa electoral, cuya versión definitiva también presentó junto a las líneas básicas de su campaña electoral. La receta del partido se basa, fundamentalmente, en dos claves: un incremento de los ingresos a través de una reforma fiscal y una prórroga de los objetivos de déficit acordados con la UE.

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, fue el encargado de presentar este lunes el diseño básico de la campaña electoral con la que Podemos tratará de darle la vuelta a las encuestas para llegar a la Moncloa. El partido colgó en su nueva página web su programa electoral completo, y pese a que Errejón no quiso detenerse especialmente en este punto –las propuestas serán presentadas en otro acto–, sí que hizo referencia en varias ocasiones a las memorias económica y jurídica que lo acompañan. La primera es ya un clásico de los programas del partido, pero la segunda es una novedad con respecto a anteriores documentos. 

En este sentido, Podemos basa su memoria económica en comparar las previsiones de su programa con las que están contenidas en el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas por el Gobierno. El partido propone aumentar el gasto en la próxima legislatura –que, salvo adelanto electoral, abarcará los años 2016, 2017, 2018 y 2019– en un total de 69.700 millones de euros con respecto a la cifra prevista por el Ejecutivo, y realiza un desglose año a año de las partidas en las que gastaría el dinero.

De igual forma, la memoria incluye un apartado en el que se expone de dónde provendrá el aumento de los ingresos necesario para sufragar un gasto que, sin embargo, no permitirá a España cumplir los objetivos de déficit previstos por el Gobierno en ninguno de los cuatro años de la legislatura. Así lo admite Podemos, que señala que pone "por delante la corrección del déficit de empleo, del déficit social y del déficit estructural de la economía española, frente a la corrección del déficit presupuestario".

Una legislatura divida en dos

El partido divide su estrategia con respecto al gasto público durante la próxima legislatura en dos partes. La primera de ellas comprendería los dos primeros años de la misma –2016 y 2017– y concentraría el grueso de aumento de la inversión pública: en este sentido, durante "los dos primeros años de la legislatura el gasto aumentaría en 28.000 y 29.000 millones de euros, respectivamente; y los dos siguientes, en 19.000 y 20.000 millones". Esta dinámica, explica Podemos, supondría aumentar el gasto público expresado en porcentaje del PIB con respecto al actual en un punto al final de la legislatura, en contraste con el plan del Gobierno, que según la estimación de Podemos –el Programa de Estabilidad sólo abarca hasta 2018– plantea una reducción de cuatro puntos para 2019.

Los dos primeros años de la legislatura, según sostiene Podemos, deberían dedicarse a "revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales" –se invertirían 9.000 millones más de los previstos en Sanidad, 7.000 en Educación y 10.000 en "otras partidas relacionadas con la protección social"– fomentar el empleo a través de inversiones públicas, "poner en marcha el programa de renta garantizada" –que supondría un gasto de 15.000 millones de euros– e "iniciar el programa de inversiones para la transición energética y la transformación de la economía" –16.000 millones de euros–.

"Una vez revertidos los recortes, durante la segunda parte de la legislatura (2018-2019) se emprendería el camino hacia la convergencia con la media de los 15 países más ricos de la UE en el gasto por habitante en servicios fundamentales", continúa explicando Podemos en su memoria. Este gasto redundaría, según los planes del partido, en "la extensión de derechos", como "la educación entre 0 y 3 años, la extensión de permisos de paternidad y su equiparación con los de maternidad" o "la extensión de la protección a la dependencia".

En cifras, esta segunda parte del programa implicaría gastar 10.000 millones más de los previstos por el Gobierno en Sanidad y otros 10.000 en Educación, así como otros 25.000 millones en "transición energética, I+D+i y otras inversiones públicas". El resto de partidas de protección social se reforzarían con otros 20.000 millones, y se prevé que "el coste del Plan de Renta Garantizada sería decreciente a lo largo de la legislatura, en la medida en que el desempleo se reduzca, hasta alcanzar una cifra próxima a los 10.000 millones".

Tres vías para financiar este gasto

Pero, ¿cómo se financiaría todo este aumento del gasto? Según Podemos, fundamentalmente a través de tres vías: una reforma fiscal combinada con lucha contra el fraude, una relajación de los objetivos de déficit y, por último, una mejora de la actividad económica fruto del propio aumento del gasto público. "Los aumentos de gasto que proponemos pueden financiarse sin poner en peligro en absoluto la estabilidad de las finanzas públicas", sostiene el partido.

De esta forma, la propuesta de Podemos para el primer año de legislatura implica que los 28.700 millones de gasto adicional con respecto a las cifras previstas por el Gobierno se financiarían en parte relajando el ritmo de reducción del déficit: de dejarlo en el 2,8% del PIB, los de Pablo Iglesias lo reducirían "únicamente hasta el 3,9%" del PIB, lo que reportaría –siempre según sus cálculos– 13.500 millones de euros extra al Estado.

Por otra parte, otros 15.200 millones provendían de la reforma fiscal, por la que el Estado ingresaría 8.200 millones más de los previstos por el PP. Esta reforma plantea cambios en el IRPF –un aumento de los tramos y los tipos por encima de los 60.000 euros hasta un máximo del 55% para las rentas de más de 300.000 euros anuales–, el impuesto de Sociedades –se eliminarían "los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones" y se establecería "un impuesto mínimo para las grandes empresas"– o el IVA –se incluirían más alimentos básicos entre los productos gravados al 4% y calefacción, gas y electricidad tributarían al 10%–.

Por su parte, el "efecto multiplicador del gasto público" generaría 7.000 millones de euros extra que acabarían en las arcas públicas gracias a la "actividad económica" provocada por la propia inversión del Estado. "Si utilizamos los propios multiplicadores estimados por el FMI, se puede deducir que por cada 100 euros que gasta el sector público la recaudación aumenta en 40 euros, debido al propio aumento de la actividad económica", asegura Podemos.

Durante los tres años restantes de legislatura también se utilizarían estas vías para recaudar los 96.000 millones de euros de más –siempre en comparación al planteamiento del Gobierno en el Plan de Estabilidad– necesarios para aplicar las políticas propuestas por Podemos. 26.400 millones provendrían de la relajación de los objetivos de déficit –"para 2019 el Gobierno espera tener un déficit del 0,3% y el escenario de Podemos contempla un déficit del 2,2%"– y el grueso, otros 69.700 millones, procederían del "efecto multiplicador" de las inversiones públicas –un total de 29.800 millones– y la reforma fiscal –los 39.900 millones restantes–.

Revolución legal

De igual forma, Podemos también hizo pública este lunes su memoria jurídica, el documento que contiene las normas que serían modificadas, examinadas o derogadas con el fin de cumplir el programa del partido. Podemos plantea una auténtica revolución legal en este sentido, aunque la Constitución, que antaño Pablo Iglesias tildaba de "candado", experimentaría varios cambios pero no está entre la normas a eliminar: de la Carta Magna, sólo se derogaría la reforma del artículo 135 realizada en 2011 "para devolverlo a su estado anterior".

Otros cinco artículos de la Constitución se encuentran dentro del apartado "reformas legislativas" de la memoria: el 29.1 –que regula el derecho de petición–, el 40.1 –referente a la necesidad de promover "las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa"–, el 69 –que establece la existencia del Senado y sus bases–, el 71 –que regula, entre otras cosas, el aforamiento de los diputados– y el 122 –el que recoge la misión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–.

En este sentido, el programa de Podemos recoge propuestas que tienen que ver con el cambio de estos artículos de la Carta Magna, como la relativa a la "ampliación de la Ley de Transparencia" –que incluye medidas como la eliminación de la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas o el establecimiento "de un régimen de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta"– o la modificación del Senado para que cuente con "representantes de los Gobiernos regionales, intercambiables y con voto en bloque" que se ocupen exclusivamente de los asuntos de índole territorial.

De igual forma, Podemos también asegura que derogará leyes como la polémica LOMCE –más conocida como ley Wert–, la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana promovida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno en 2013 o las dos últimas reformas laborales –la del PP y la última del Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero–, así como la "ley Sinde".

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No obstante, es en las modificaciones legales donde se centra realmente el grueso de cambios en la estructura de las instituciones. Podemos propone reformar la ley que regula "el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" para "introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo", y también plantea cambiar la norma referente al Tribunal Constitucional para "despolitizar" la elección de sus miembros a través de un nuevo sistema. También se derogaría la reforma exprés realizada por el PP hace unas semanas, que otorga al Constitucional poderes para sancionar a quienes no cumplan sus resoluciones.

El órgano de gobierno de los jueces también sufriría cambios, ya que Podemos propone reformar la ley orgánica que lo rige con el fin de establecer la "elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas".

Además, el partido de Pablo Iglesias plantea reformar el Código Penal en varios puntos: la despenalización de la eutanasia se encuentra entre ellos, así como la aprobación de una norma que permita convertir a los partidos políticos en responsables penales de posibles delitos. De igual forma, Podemos aboga por eliminar "los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos".