El Gobierno crea un Registro de Delincuentes Sexuales para evitar que puedan trabajar con niños

El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al Real Decreto que crea y regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. A él deberán acudir a partir de ahora todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad para acreditar ante sus jefes que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, como es el caso de unas 43.000 personas en España.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró tras el Consejo de Ministros que se establece así "un sistema eficaz" para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan "tener acceso o seguir ejerciendo" profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad, pero también para perseguir estos delitos en colaboración con otras autoridades europeas.

Por su parte, Rafael Catalá explicó que el registro, que "empieza a estar operativo inmediatamente", recogerá a los 43.765 condenados por delitos sexuales que hay en la actualidad en España y se irá ampliando bebiendo tanto del Registro Central de Penados como del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.

Condenados por sentencias firmes

En palabras del ministro, la misión principal del registro es "prevenir la delincuencia sexual y proteger a los menores de edad". En concreto, como manda la Ley de Protección de la Infancia, la persona que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, además deberán acreditar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen.

El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, "con independencia de la edad de la víctima o del condenado". En este sentido, Catalá matizó que la identidad de la víctima no figurará, aunque sí quedará constancia de su minoría de edad, si la hubiera.

Acceso al ADN para seguir y controlar a estos delincuentes

Asimismo, incorporará el código identificador del perfil genético (ADN) de los condenados cuando lo establezca una resolución judicial, lo que posibilitará el seguimiento y control de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España.

Sobre este asunto, el ministro destacó que el registro servirá para evitar "algún caso de descoordinación y de falta de información" que se ha "conocido en el pasado", así como "facilitar la investigación y establecer mecanismos de cooperación eficaces en el ámbito jurisdiccional".

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En este sentido, la información no será pública pero podrán acceder a ella los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial para la prevención y persecución de los delitos sexuales, así como los propios interesados, que podrán solicitar la certificación gratuitamente, y cualquier órgano de la Administración Pública que tramite un procedimiento que precise de forma preceptiva de la información respecto de una persona, previo consentimiento de ésta.

Por otra parte, se podrán realizar certificados de los datos inscritos, sin consentimiento de los interesados, por el encargado del Registro cuando exista petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación.

"El sistema de acceso al registro tiene que ver con el máximo de garantías, un sistema plenamente garantista en el que pueden acceder jueces, tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero siempre asociado con procesos en los que tengan competencias para ello. No se trata de que alguien quiera hacer la tesis doctoral y pida informe al registro, no, lo que persigue es fortalecer el sistema de garantías y el Estado de Derecho para que alguien que ha tenido delitos de esta naturaleza no pueda estar cerca de menores de edad", añadió el ministro.