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Informe Rights International 2014

Lydia Vicente: “Cada vez es más difícil acceder a los tribunales para defender los derechos y libertades”

  • La presidenta de Rights International Spain hace un balance negativo de la legislatura al recordar todas las críticas que se ha hecho desde organismos internacionales contra las políticas del PP
  • "Se ha hecho tan mal todo que ha conseguido poner de acuerdo a los operadores de la justicia, que normalmente no solían ser muy activos y ahora lo han sido", asegura

Publicada 14/12/2015 a las 22:58 Actualizada 14/12/2015 a las 23:52    
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ley Mordaza

Protesta contra la 'ley mordaza' en Madrid.

GREENPEACE
"Un año más, continúa la mala tendencia en España en lo que a la protección de derechos humanos y cumplimiento de obligaciones internacionales respecta". Así de tajante empieza el Balance 2015 en el que Rights International Spain repasa los principales retrocesos en materia de derechos y libertades civiles. Lydia Vicente, abogada y directora de esta organización, explica a infoLibre que el año que está a punto de terminar (y en general toda la legislatura de Rajoy) se ha caracterizado por el "recorte de derechos y libertades unido a que cada vez es más difícil para los ciudadanos acceder a los tribunales para proteger sus derechos".

Preguntada por los avances de los últimos años, Vicente no destaca ninguna de las políticas del Gobierno sino la consecuencia que estas han tenido: "Se ha hecho tan mal todo que ha conseguido poner de acuerdo a los operadores de la justicia, que normalmente no solían ser muy activos y ahora lo han sido", asegura. Se refiere a las críticas unánimes que se han lanzado desde la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Comité contra la Tortura... y así hasta una decena de entidades.

La mayoría ellos –dice Lydia Vicente– coinciden en sus reproches por la reforma del Código Penal, de la Justicia Universal, la reforma de la ley del aborto, la ley mordaza, la falta de medidas para prevenir y castigar la tortura. "Se critica también que España hace poco caso a las recomendaciones de la ONU", añade la abogada. Pero además, los informes de estas organizaciones citan otros problemas que el Gobierno debería atajar. Por ejemplo, acabar con las detenciones de perfil étnico, es decir, "cuando detienen a una persona solo por sus rasgos", explica Vicente. "No se le detiene porque esté cometiendo un delito, sino que la estás discriminando por ser gitana, marroquí o árabe y presupones que va a delinquir", concluye.

También recuerda Rights International Spain que el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó España en enero para conocer la situación de los inmigrantes en la frontera con África. El comisario incidió en la ilegalidad de las devoluciones en caliente y pidió al Gobierno que garantizase el acceso de todas las personas a un procedimiento de asilo eficaz. De igual manera recordó que el abuso de fuerza por parte de la policía tiene que investigarse y castigarse.

Y precisamente de castigos habló el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas. Criticó con dureza que el Gobierno de Rajoy se negase a extraditar a varios españoles tal y como pedía la justicia argentina, que investiga los crímenes del franquismo. "Los expertos expresaron grave preocupación por los argumentos esgrimidos (entre ellos, la prescripción) pues ignoran las normas y estándares internacionales", recuerda el informe, y asume que España "está obligada a extraditar", y "de no hacerlo, el Estado tendría la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justica para las víctimas".

Vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El informe subraya que, en 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "concluyó en dos ocasiones que el Estado español había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Las condenas se refieren a un caso de tortura y a otro en el que no se dio un juicio justo.

En el primero de ellos, Arratibel Garciandía denunció malos tratos durante su detención incomunicada en enero de 2011, que se prolongó cinco días. "El Tribunal resolvió a favor del demandante considerando (...) que se había producido una vulneración del artículo 3" ante la falta de una investigación "detenida y efectiva" de los hechos denunciados, recoge balance de Rights International Spain. El TEDH cree que "se debieron practicar" las pruebas adicionales que había solicitado Garciandía, y aprovechó entonces para cuestionar la legalidad de las detenciones incomunicadas.

El segundo caso tiene como protagonista a Antonio Carlos Blesa Rodríguez, exprofesor de la Facultad de Farmacia en la Universidad de La Laguna (Tenerife). A principios de este año, el TEDH obligó a España a indemnizarle con 4.000 euros al tener dudas sobre la imparcialidad del juicio. Los hechos tienen su raíz en 2003, en la denuncia que presentó contra él la universidad por haber falsificado el currículum que le sirvió para conseguir una plaza como docente. En 2004 se suspendió la investigación porque el juez entendió que no se había cometido ningún delito, una decisión que fue anulada en 2006 por la Audiencia Provincial. "La composición del tribunal juzgador fue modificada sin que dicha decisión fuese comunicada al demandante de forma inmediata", advierte el informe, y añade que tampoco se justificó este cambio. Pero lo sorprendente es que uno de los jueces de ese tribunal era profesor asociado de la Universidad de La Laguna. Estrasburgo entendió legítimas las dudas que planteó el denunciante sobre la imparcialidad de dicho juez.
EL AUTOR


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