#NopagoCastor: a los promotores les toca el Gordo y a los ciudadanos, pagar su deuda

Ecologistas en Acción, junto a otras ONG, lanzó este miércoles la campaña #NopagoCastor en la que denuncia que los consumidores pagarán a partir de 2016 la deuda acumulada por el fracaso del proyecto gasístico y que la OCU cifra en 4.730 millones de euros. 

Será a partir del 1 de enero de 2016 cuando los ciudadanos empiecen a abonar, en sus facturas del gas, una deuda que se prolongará más de 30 años, según señala la asociación, debido a la inversión en unas instalaciones que funcionaron durante menos de dos años.

La campaña, que incluye un vídeo viral, recuerda que el proyecto Castor tiene una causa abierta en el juzgado número 4 de Vinarós (Castellón), donde se instruye un caso por delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y contra los recursos naturales. También el real decreto por el que el Gobierno comensó a sus promotores tiene tres recursos ante el Tribunal Constitucional, y en los últimos meses, subraya la ONG, "el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la declaración de impacto ambiental del gasoducto Castor, que fue fraccionada para evitar mayores exigencias".

Ante este escenario, las organizaciones hicieron un llamamiento para el no pago de la deuda, así como para que las instalaciones sean desmanteladas, "puesto que ya se han demostrado como peligrosas e incluso innecesarias". En este sentdio recuerdan que la Comisión Nacional de la Energía alertaba ya en 2012 cómo “se generan incentivos a los promotores para construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación, y de otro lado, se trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas".

El proyecto Castor fue aprobado por un real decreto el 16 de mayo de 2008 bajo el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián al frente de la cartera de Industria. Fue entonces cuando se asignó el encargo a Escal UGS, en la que ACS –empresa de Florentino Pérez– participa en un 66,67%.  En 2013, el proyecto cesó de su actividad a causa de los terremotos registrados en las inmediaciones donde se llevaban a cabo los trabajos. El Gobierno del PP decidió pagar los 1.350 millones de euros de indemnización a la empresa en 2014. 

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"Esto es un auténtico escándalo y una muestra más de lo que ha hecho este Gobierno durante esta legislatura", denunció el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, quien explicó que esta deuda perjudicará "aún más" a los que ya sufren la pobreza energética y "no pueden ni cocinar ni poner la calefacción por no poder pagar las facturas del gas". Se calcula que un 17% de la población está en en situación de pobreza energética.

¿La solución? "Congelar el pago de la deuda". Este es el lema que lanza esta campaña, que recuerda a los votantes que el Ejecutivo benefició a la promotora del presidente del Real Madrid al obviar las otras opciones que suponían menos cargos para los ciudadanos. Un "error" de gestión que se lanza durante la carrera electoral de los partidos para avisar de lo que se viene encima a partir del 1 de enero: "A los promotores de Castor les toca el Gordo, a la ciudadanía pagar la lotería de los 4.730 millones de euros". _______________

Tras esta campaña se encuentran las siguientes organizaciones: Aliança contra la Probresa Energètica, Amigos de la Tierra, Associació de Naturalistes de Girona, Associacó Salut i Agroecologia, Attac España, Confederación de Consumidores y Usuarios, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Greenpeace, InspirAction, Observatori del Deute en la Globalització, Observatori DESC, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ReHd Mad! (red de huertos urbanos comunitarios de Madrid), SEO/BirdLife, Som Energia y Xarxa per la sobirania energètica