La situación en Cataluña

Rajoy advierte: “El Gobierno no dejará pasar ni una sola actuación ilegal”

Rajoy reacciona a la investidura de Puigdemont

Puntual, prácticamente a las 20.30 horas, tal y como se había anunciado, y sin admitir preguntas de los medios de comunicación a los que la Moncloa había convocado, el presidente del Gobierno en funciones respondió personalmente al acuerdo que permitirá que el Parlament de Catalunya nombre president de la Generalitat a Carles Puigdemont, alcalde de Girona. Para Mariano Rajoy, el discurso del heredero del puesto de Artur Mas es más de lo mismo: la declaración del 9 de noviembre que un mes después declaró inconstitucional el TC. En este sentido, el jefe del Ejecutivo advirtió a Puigdemont y al Parlament de que "el Estado funciona siempre con independencia de que el Gobierno esté o no en funciones". Y que "no dejará pasar ni una sola actuación" que vaya en contra de la ley o en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional.

Rajoy avanzó que a lo largo de la tarde había mantenido contactos con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, y que pudo constatar "su respeto" a que las decisiones del Alto Tribunal sean tenidas en cuenta "por todas las instituciones esté quien esté al frente". También señaló que había intentado hablar con Pablo Iglesias (Podemos), pero que le había sido imposible y que lo seguirá intentando en las próximas horas.

"Vamos a preservar todo lo bueno que juntos hemos logrado [...] No permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados fuera de la ley", advirtió el jefe del Gobierno en funciones.

Los pasos de Moncloa

El Gobierno dispone de dos herramientas para intentar frenar el "desafío independentista": la ley del Tribunal Constitucional (TC), reformada el pasado septiembre, y el recurso al artículo 155 de la Constitución.

La reforma de la ley del TC contempla que si aprecia el incumplimiento de una de sus resoluciones, podrá adoptar varias medidas, desde imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión de las funciones "de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal". 

Al hilo de esto, desde Moncloa se recordó este sábado, poco después de conocerse el acuerdo para la investidura del nuevo president que "el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional ya acordó, por unanimidad, declarar nula por inconstitucional la Resolución I/XI del Parlamento de Cataluña". Se trata de la resolución que indicaba la hoja de ruta para la construcción de la república catalana.

Aplicación del artículo 155

Pese a que el Gobierno esta en funciones, otra de las herramientas que tiene en su mano es la de la suspensión de la autonomía, consagrada en el artículo 155 de la Constitución, que reza como sigue: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

A partir del miércoles 13 de enero la Cámara alta quedará constituida con, por cierto, mayoría absoluta del Partido Popular.

De llegarse a este escenario, la intención del Gobierno de Rajoy es, a priori, la de una aplicación parcial. Una de las posibilidades de las que se habla es, por ejemplo, la de intervenir la tesorería de la Generalitat para bloquear la salida de dinero para la creación de estructuras de Estado.

El Gobierno en funciones no puede legislar, pero sí aplicar el artículo 155

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Pasos a seguir

Si el Gobierno en funciones quiere dar este paso, tiene que presentar al presidente del Senado un escrito con el contenido y el alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de que se ha requerido al presidente de la comunidad para que adopte una serie de medidas que no se han cumplido.

A partir de ahí, la Mesa del Senado trasladará el escrito a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y se reclamará al presidente autonómico que presente alegaciones, se estudiarán las mismas y la Comisión propondrá al pleno sus argumentos a favor o en contra. Tras el debate parlamentario, se vota la propuesta.

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