El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publican este martes sendos reales decretos por los que se declara
el cese de
Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña y se nombra a su sucesor,
Carles Puigdemont i Casamajó.
Los decretos están firmados por el Felipe VI y por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. En el caso del texto que decreta el cese de Mas, en esta ocasión
se ha suprimido la frase "agradeciéndole los servicios prestados", que es habitual en los ceses de los cargos públicos.
Esta expresión
también desapareció del decreto de cese de Gustavo de Arístegui como embajador en la India, publicado el pasado 19 de diciembre, después de que éste
renunciase al puesto tras publicarse sus negocios como intermediador de contratos.
Ambos decretos para cesar y nombrar president se basan en el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en el caso del nombramiento, también en el 152.1 de la Constitución.
El nuevo presidente tomará posesión este martes.
El Parlament solicitó audiencia al rey el mismo día de la investidura de Puigdemont para que Forcadell pudiera informarle en persona este lunes, pero la comunicación
se ha hecho por escrito a petición de la Casa Real, ha señalado el Parlament en un comunicado.
Un portavoz de la Casa del Rey indicó que los servicios de la Cámara autonómica preguntaron por la mañana a la Casa Real
cómo debían proceder para cumplir con este trámite.
Desde la Secretaría General de la Casa del Rey se les contestó que agradecerían que la comunicación oficial de la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, al Rey se realizara
"por escrito, a través del jefe de la Casa".
Tras recibir la respuesta de Zarzuela, Forcadell envió un correo electrónico a Zarzuela para comunicar oficialmente el nombramiento de Puigdemont.
Ya en 2012, después de que se invistiese a Artur Mas como presidente de la Generalitat, este trámite
se solventó también por correo electrónico, si bien entonces la convalecencia del entonces Juan Carlos I tras una operación reciente le obligaba a limitar su agenda.
También con otros presidentes autonómicos en ocasiones se ha cumplido con este trámite por escrito, sin que haya sido necesario el desplazamiento del presidente de la Cámara autonómica a Madrid.
No quieren que se vayan pero tratan a sus líderes como si no fueran españoles, como si fueran basura, contribuyendo así a una mayor desafección. Y lo mismo con la exénción forzada de audiencia real. El rey anterior, por lo menos, se lo curraba, pero este parece que pasa de todo, o le hacen pasar, claro.
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