El ‘caso de los ordenadores de Bárcenas’ vuelve a poner al PP a un paso de ser el primer partido imputado por un delito

La sucesora de la jueza madrileña Esperanza CollazosEsperanza Collazos, cuya decisión de archivar el caso del borrado de los ordenadores Luis Bárcenas sin abrir siquiera la investigación ha sido corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, deberá practicar las diligencias solicitadas por las acusaciones populares de Izquierda Unida, UPyD y la asociación Observatori Desc: la imputación de la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, y la del Partido Popular como persona jurídica.

La formación política de UPyD también ha reclamado este mismo viernes 15 de enero a la nueva jueza, Rosa Freire, que cite a declarar como testigo a Bárcenas, en calidad de afectado por la destrucción de los discos duros de sus ordenadores, a fin de que ratifique si tal información destruida por el PP era de su propiedad.

La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, ya está imputada en relación con el despido irregular de Bárcenas. Por eso, de forma independiente a la decisión de la jueza Freire, el partido de Mariano Rajoy tiene imputados o procesados a todos los dirigentes de la tesorería del partido desde que en 1990 Rosendo Naseiro, de Alianza Popular, fuera detenido por lo que se acabó llamando el caso Naseiro. Este caso de corrupción se acabó archivando, al tiempo que se inició una persecución contra el instructor de la causa, el juez Luis Manglano: el caso Naseiro se convirtió en el caso Manglano.

Tesorería del PP

Después fue el turno de Ángel Sanchís (caso Gürtel), Álvaro Lapuerta (papeles de Bárcenas), Luis Bárcenas (Gürtel y papeles)Gürtelpapeles de BárcenasGürtel y papeles. Otros integrantes de la tesorería han resultado también salpicados por su presunta participación en casos delictivos: el exgerente Cristóbal Páez y el empleado fallecido Francisco Yáñez, que también fueron imputados en Gürtel.

El sobreseimiento de la causa del borrado de los ordenadores sin que la jueza Collazos hubiera llamado a declarar a ninguno de los implicados, tal y como le reclamaron las acusaciones, logró evitar que la formación política presidida por Mariano Rajoy se convirtiera en la primera de la democracia en ser imputada.

Y por eso ahora los magistrados superiores jerárquicamente a la jueza Freire le obligan a que reabra investigación con la finalidad de esclarecer la conducta de los dirigentes del PP PP y así valorar la relevancia penal de su actuación. En este sentido, tendrá que determinar "quién o quienes pudieran ser los responsables de la decisión de destruir dichas unidades de almacenamiento digital", especifica el auto de la Audiencia madrileña.

"Eliminar la impunidad"

La responsabilidad penal de un partido político es posible desde que el 27 de diciembre de 2012 cuando los grupos parlamentarios aprobaron en el Congreso de los Diputados una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de estas formaciones y de los sindicatos.  Según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este cambio tenía como finalidad "eliminar la sensación de impunidad".

Hasta ese momento, los partidos políticos que se habían visto implicados en delitos de corrupción, especialmente de financiación ilegal como es el caso del Partido Popular (casos Gürtel y Bárcenas), PSOE (Filesa) y Convergència Democràtica de Catalunya (casos Palau y tres por ciento), solo habían sido considerados partícipes a título lucrativo, ante la imposibilidad de atribuirles conductas penales.

Dirigentes responsables

Ante lo inviable de imputar a los partidos, los jueces se veían obligados a acusar de las prácticas corruptas a sus dirigentes. Como ejemplo, en los dos casos del PP (Gürtel y caja B), pese a que la investigación de los hechos supuestamente delictivos ha sido reciente, los delitos fueron presuntamente perpetrados antes de diciembre de 2012, por lo que el partido de Rajoy no puede tener responsabilidad penal. Al final el juez Ruz solo pudo procesar en el caso de la contabilidad del PP a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, como responsables de la tesorería del partido.

En el caso de la eliminación de los ordenadores de Bárcenas, los hechos objeto de investigación, según los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, "son la destrucción física en la sede del Partido Popular, después del 21 de abril de 2013, de las unidades de disco duro de los ordenadores que, como herramienta de trabajo, utilizaba en ella Luis Bárcenas Gutiérrez, quien al menos durante los años 1990 a 2008 ocupó en dicho partido político diversas funciones de responsabilidad administrativa y económica (fue gerente nacional y tesorero)".

Y por ello, el presunto delito cometido por los dirigentes del PP que se consideren responsables se habría cometido después de diciembre de 2012, tras la modificación del Código Penal que atribuye la responsabilidad penal a los partidos y a las personas jurídicas en general.

Por eso, Izquierda Unida ha hecho público un comunicado en el que recuerda que la querella formalizada por la coalición fue la primera presentaba en España contra un partido político después de la reforma del Código Penal.

Hechos insólitos

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas custodiados en el sede del PP madrileño ha sido adoptada después de que la causa se perdiera en los tribunales, unos hechos que se reflejan en el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, que llega a calificar como "insólitos y azarosos".

Los recursos interpuestos por las acusaciones tras la decisión de la jueza de archivar el caso, que fueron interpuestos en noviembre de 2013 (UPyD) y enero de 2014 (IU y otros), no fueron recibidos en la Audiencia Provincial para su resolución hasta "más de un año y tres meses después, en los últimos días del mes de marzo de 2015, dado que las actuaciones originales han permanecido extraviadas durante más de un año sin que nadie lo advirtiera (lo que ha dado lugar a su reconstrucción parcial con auxilio de las partes)".

Reacciones de IU y UPyD

En una nota de prensa, UPyD recordó este viernes que el Juzgado Central de Instrucción 5 fue contundente al apuntar "a la intervención activa y fundamental que tuvo el partido en la decisión de eliminar toda información relativa a los llamados papeles de Barcenas de los equipos informáticos que estaban bajo su posesión.

"Resulta indiciariamente clara la voluntad expresa e inequívoca del PP de hacer desaparecer toda información de tales soportes", dijo, y añadió que la formación "llevó la batuta en la destrucción informática" para hacer desaparecer todo lo que pudiera afectarles en los procedimientos judiciales abiertos contra miembros y ex miembros del partido, así como contra el propio partido.

Por su parte, IU mostró su "satisfacción" por la decisión y "confió" en que la jueza sucesora "atienda la demanda original que desde Izquierda Unida planteamosjueza sucesora  desde un principio y ahora sí cite a declarar como imputado al PP, después de la actuación que dirigimos en octubre de 2013 contra este partido como persona jurídica, al considerarlo penalmente responsable de los hechos".