La jueza intenta despejar cuatro incógnitas sobre la actuación del PP en el borrado de los ordenadores

La investigación sobre la destrucción de los dos ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas se reactiva este miércoles con la declaración en calidad de testigos del propio extesorero del Partido PopularPartido Popular, pero también del letrado de la formación política Alberto Durán Ruiz de Huidobro; la secretaria de Bárcenas Estrella Domínguez; y el ex jefe de seguridad del partido Antonio de la Fuente.

Estos interrogatorios y los previstos para este jueves como imputados de la actual tesorera del PP, Carmen Navarro Fernández-RodríguezCarmen Navarro Fernández-Rodríguez, y del jefe de informática de la formación política Javier Barrero, podrían desembocar en un posible procesamiento del PP por encubrimiento de los delitos cometidos por mantener una caja B "al margen del circuito establecido".

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, investiga al PP y a su actual tesorera, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, por un delito informático y otro de encubrimiento. El PP justificó en su momento el borrado de los ordenadores de Bárcenas, en plena investigación sobre la caja B, en virtud de la Ley de Protección de Datos.

El juez Ruz

El caso se inició tras conocer el anterior instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, un escrito firmado por responsable de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, en el que aseguraba que esta formación política no tenía a su disposición las unidades de disco duro que le había reclamado el magistrado.

Ruz pretendía con un análisis del contenido de los ordenadores completar la información que Bárcenas había aportado en su declaración de 15 de julio de 2013 sobre la existencia de una contabilidad paralela del PP.

En ese testimonio, Bárcenas reconoció por primera vez de la caja B, al mismo tiempo que aportó un pen drive que contenía una copia de los archivos de uno de sus ordenadores, que contenían muchos más documentos, que podrían ser de interés para la investigación.

Fueron destruidos

El letrado del PP explicó que ambas unidades de almacenamiento digital "habían sido físicamente destruidas para garantizar la confidencialidad de los datos en ellas almacenados debido a su alto nivel de criticidadcriticidad, una vez que el 21 de abril de 2013 el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid había sobreseído libremente la denuncia presentada por Bárcenas en la que imputaba al partido político un delito de robo, hurto o apropiación indebida de dichos ordenadores", recuerda el auto de la Audiencia de Madrid que reabrió la investigación.  

Y tal y como expresó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, deberá disipar las incógnitas sobre la actuación del partido presidido por Mariano Rajoy.

Las cuatro incógnitas

infoLibre utiliza como base para contestar a los interrogantes apuntados por los magistrados en el caso del borrado de los ordenadores la documentación aportada por el PP a la Audiencia Nacional en 2013 que muestra sus protocolos de actuación en la protección de datos.

Desde un punto de vista legal, el conjunto de información sobre el tratamiento de los ficheros se denomina Documento de Seguridad, y en el mismo se reflejan "por escrito todas las medidas, normas, procedimientos de actuación y reglas encaminadas a garantizar la seguridad de los datos en una organización determinada, según la definición de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Estas son las cuatro principales incógnitas sobre el caso:

1. ¿Existía un protocolo sobre el uso de datos informáticos?

La magistrada Rosa Freire tendrá que determinar si el PP disponía de un protocolo sobre el uso de las herramientas informáticas que se ponían a disposición de sus trabajadores. De esta forma, la jueza sabrá si la formación conservadora dice la verdad cuando alega que destruyó los discos duros en virtud de una guía o protocolo sobre "utilización y reciclaje de material informático asignado a sus trabajadores".

Si se analiza el denominado Documento de Seguridad enviado por el PP a la Agencia de Protección de Datos, se llega a la conclusión de que el partido de Mariano Rajoy no disponía en 2013 de ningún documento firmado por sus trabajadores en el que aceptaran las normativas internas sobre el tratamiento de las herramientas informáticas.

Tampoco existe ninguna mención al compromiso de confidencialidad acerca de los datos personales a los que tenían acceso en el seno del partido. De esta forma, en 2013 la Agencia de Protección de Datos no tenía ningún documento firmado por Bárcenas en el que aceptara las directrices del partido sobre el uso de los datos informáticos, lo que significaría que en ningún momento Bárcenas se habría comprometido a no utilizar el material informático para su uso personal.       

2. ¿Había un reglamento sobre la confidencialidad de los datos informáticos?

La segunda duda que plantean los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid es si en el PP existía un reglamento para asegurar la confidencialidad de los datos almacenados en los dispositivos de los empleados del partido cuando abandonaban su puesto de trabajo. Y según la documentación a la que ha tenido acceso este diario de la Agencia de Protección de Datos la respuesta debe ser negativa.

El denominado Documento de Seguridad no aporta ninguna información acerca del tratamiento que se debía dar a los ficheros informáticos de los trabajadores que cesaban en sus empleos. En este sentido, este documento especifica que la entrega de un ordenador portátil, como es el caso de Bárcenas, requería de la autorización del responsable de seguridad del PP, que en 2013 era José Manuel Moreno Alarcón.

Además, estos ordenadores debían disponer de una clave, que solo debían conocer Bárcenas y el jefe de seguridad. Según estos documentos, el PP no disponía de un protocolo específico de destrucción de los soportes de ordenadores.

Sin embargo, estas conclusiones contrastan con los datos aportados por el PP al Juzgado número 32 de Madrid, en el que asegura que los ordenadores de Bárcenas estaban sujetos "al protocolo habitual de utilización y reciclaje de material informático". La formación conservadora también ha remitido a la jueza el procedimiento de Borrado Seguro (BS) y la Guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información.

3. ¿Entregaba el PP los ficheros informáticos a los empleados?

La tercera incertidumbre es si el PP disponía en el momento de la destrucción de los ordenadores de un procedimiento para entregar los ficheros informáticos a los trabajadores que cesaran en sus empleos, tal y como obliga la Ley de Protección de Datos. Según el Documento de Seguridad mencionado, la respuesta debería ser también negativa.

Esta documentación no aclara nada acerca de la obligación del PP de devolver a los empleados salientes, como fue el caso de Bárcenas, sus ficheros informáticos. Es decir, pese a que los empleados podían utilizar los ordenadores del partido para su uso personal, el PP no habilitó un protocolo para devolver los datos personales a los empleados que dejaran la formación política.

4. ¿Quién ordenó la destrucción de los discos duros?

Y la cuarta incógnita que deberá disipar la jueza Freire será conocer la identidad de las personas que ordenaron en la sede del PP la destrucción de los discos duros utilizados por Bárcenas.

En este sentido, la documentación aportada por el PP a la Audiencia Nacional no contempla ninguna directriz sobre el borrado de los terminales de sus exempleados. Quizá por ello, entre las diligencias ordenadas por la jueza se incluye un requerimiento al PP para que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado o destrucción de los discos duros de los ordenadores asignados al extesorero de la formación conservadora.