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Centrales nucleares

Fractura en el Consejo de Seguridad Nuclear a cuenta de la posible reapertura de Garoña

  • Sus miembros, tres a propuesta del PP y dos del PSOE, discrepan sobre una nueva licencia para la central nuclear burgalesa
  • En el pleno del 3 de febrero se acordó informar favorablemente sobre varios puntos del orden del día relativos al expediente de la planta

infoLibre
Publicada el 10/02/2016 a las 17:32 Actualizada el 10/02/2016 a las 17:33
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Central de Santa María de Garoña en Burgos.

Imagen de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantiene un debate interno en el marco de la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que ha dado lugar a la emisión de dos votos particulares y una explicación de voto tras el pleno del pasado 3 de febrero, cuando se acordó informar favorablemente sobre varios puntos del orden del día relativos al expediente de la planta burgalesa.

En esa cita, pleno del Consejo apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central de Santa María de Garoña, solicitada por el titular, hasta 2031. El pleno está compuesto por cinco miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE).

Así, Cristina Narbona, que votó a favor de esta resolución, emitió un voto particular en el que solicita la paralización de la evaluación, mientras que Dies Llovera ha defendido en otro voto particular la independencia del pleno de "cualesquiera motivaciones políticas" en su toma de decisión. Mientras, el consejero Fernando Castelló ha explicado su voto y ha advertido de que paralizar este proceso podría llevar al pleno a incurrir en un "acto de prevaricación", al tiempo que critica la publicación de votos antes de la aprobación del acta del citado pleno.

En concreto, la consejera Cristina Narbona pide que el regulador atómico paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la planta hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

Narbona, la consejera que ha mostrado en varias ocasiones sus discrepancias en el CSN a consecuencia de este proceso de renovación, ha votado en contra de varias decisiones de este proceso y ha emitido con anterioridad votos particulares. La semana pasada, sin embargo, votó a favor de la decisión del pleno de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación que es necesaria para el desmantelamiento de la central.

"Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de tres años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña", manifestó en su voto particular al que ha tenido acceso Europa Press.

Defensa de la experiencia nuclear

Asimismo, en su toma de decisión favorable al orden del día, Díes Llovera expone que su voto se basa también en sus "conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear".

En base a este bagaje, afirma compartir "plenamente" la fundamentación técnica de las propuestas y que son el resultado de la "estricta aplicación de la normativa" y del seguimiento del procedimiento, además de "en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero".

El consejero explica también en su voto particular, los distintos puntos del orden del día relativos a Garoña y que se aprobaron en el pasado pleno del 3 de febrero y defiende que todo ello se ha hecho en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno "le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas" en la Ley y, por tanto, "adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios" para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Del mismo modo, defiende que la normativa permite garantizar la "transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y que determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse".

En todo caso, afirma que "ninguna" de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.
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