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Memoria histórica

El Parlamento europeo investigará la negativa de España a extraditar a Argentina a excargos franquistas

Acepta una queja de una asociación contra la actitud del Ejecutivo ante la investigación argentina sobre los crímenes de la Dictadura

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Publicada el 22/02/2016 a las 14:43 Actualizada el 22/02/2016 a las 14:44
Pancarta principal de la Manifestación por la Memoria Histórica

Manifestación por la Memoria Histórica en Madrid.

M.P.
El Parlamento Europeo investigará si la negativa del Gobierno central a extraditar a antiguos cargos franquistas, por la causa judicial abierta en Argentina contra los crímenes de la dictadura española, vulnera varios tratados y acuerdos comunitarios sobre derechos humanos y memoria histórica.

La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo ha admitido a trámite una queja de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, que representa a los damnificados por una carga policial contra una protesta obrera celebrada en 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía y en la que hubo alrededor de 150 heridos.

La queja fue presentada ante este organismo del Parlamento europeo por la mencionada asociación y por los europarlamentarios del PNV, Izaskun Bilbao, y EH Bildu, Josu Juaristi, respectivamente, que este lunes han confirmado que la denuncia ha sido admitida a trámite.

La decisión de la Comisión de Quejas, según han explicado, responde a que este organismo estima que existen "visos" de que, tal como se plantea en la queja, la actuación del Gobierno central en este asunto pueda haber contravenido diversos acuerdos y tratados europeos sobre derechos humanos y memoria histórica.

La queja se centra en el rechazo del Gobierno central a atender a la petición de extradición formulada por la juez argentina María Servini contra varios antiguos ministros y cargos franquistas. Esta magistrada mantiene abierta una investigación por los posibles crímenes cometidos por el régimen de Franco durante la dictadura española, entre ellos los relacionados con el 3 de marzo de 1976.

La queja denuncia que este modo de proceder del Ejecutivo español "vulnera" la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como varias decisiones marco y "el acervo comunitario en materia de atención a las víctimas de delitos".

El rechazo a la extradición también implicaría, según la denuncia, la vulneración del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, y las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica, incluidas las bases del programa Europa para los ciudadanos 2014-2020.

La Comisión de Quejas del Parlamento europeo citará a una representación de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo para que exponga sus argumentos en una comparecencia ante este órgano.
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