Justicia

La ineficacia del plan ‘papel cero’ provoca bloqueos en los tribunales y quejas de jueces y abogados

Los razones que esgrimen los jueces para plantar al ministro Catalá

El revelador nombre del plan impulsado por el Gobierno evidencia las pretensiones de sus autores. El papel cero fue diseñado, esencialmente, para reducir el papeleo que alimenta el sistema burocrático por el que se rige la Administración de Justicia. La intención era que en enero el plan estuviese en funcionamiento en todas las comunidades autónomas. La realidad, sin embargo, dista del escenario dibujado por el Ejecutivo.

Pasados dos meses desde el pistoletazo de salida, el plan papel cero no ha conseguido superar los muchos obstáculos con los que se ha topado en la mayoría de las comunidades. Así lo denuncian prácticamente todos los organismos: desde las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y Asociación de Jueces Francisco de Vitoria– hasta el Consejo General de la Abogacía, pasando por la gran mayoría de consejeros y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Todos ellos aseguran que el sistema no funciona y que los problemas no han cesado desde el primer día. Lo que contradice la versión oficial del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que quita hierro a los incidentes surgidos.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo la obligatoriedad de que las comunicaciones y trámites entre los órganos y las sedes judiciales se realizasen a partir de enero de 2016 de manera telemática. El ministro Catalá dejó claro desde el anuncio del nuevo plan que el cambio sería "una obligación, no una opción". La total puesta en marcha, sin embargo, será progresiva. Así tendrá que ser, inevitablemente, debido a las disfuncionalidades que ha presentado en la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

Los problemas de LexNet

LexNet es el sistema de comunicación electrónico diseñado por el Gobierno para digitalizar los documentos y agilizar los trámites. Los profesionales que deben hacer uso de él tienen a su disponibilidad dos vertientes: LexNet Abogacía y LexNet Justicia. Sin embargo, el sistema cuenta desde el minuto uno con toda una serie de incompatibilidades y errores.

En primer lugar, utilizar LexNet implica una serie de requisitos que dificultan en muchos casos su puesta en marcha. Se trata de problemas de compatitibilidad, por un lado con el navegador y por otro con el sistema operativo. LexNet sólo es compatible con ciertas versiones de Internet Explorer y Firefox, siempre y cuando se trate de usuarios de Windows, ya que Apple y Linux resultan operativos únicamente con Firefox. No es la única incompatibilidad. A lo largo del mapa existen diferentes instrumento de gestión informática propios de cada comunidad –Minerva o Adriano son algunos ejemplos–, que son en muchos casos incompatibles entre sí y con LexNet, imposibilitando, por tanto, la comunicación entre los distintos puntos del Estado.

De conseguir superar esta primera barrera puramente tecnológica, los trabajadores se encuentran con otra: la mayoría no disponen de los recursos necesarios para desempeñar sus labores. Ni firma digital, ni tarjetas criptográficas, ni expedientes digitales. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, destaca en conversación con infoLibre la necesidad de "un expediente informático" y no sólo "digitalizado, ya que este evita su materialización en papel, pero resulta inmanejable". Rodríguez Padrón destaca que el "verdadero expediente digital consiste en una serie de archivos informáticos encadenados que forman un solo cuerpo navegable que pueda manejarse con agilidad y a través medios técnicos".

Los jueces necesitan, además, de dos pantallas para poder redactar las sentencias, por un lado, mientras que por otro revisan los documentos digitalizados que les llegan. "En una pantalla el juez está redactando la resolución que tiene que pronunciar en cada caso, y en la otra está consultando el expediente electrónico", explica Padrón. "Hasta ahora podíamos redactar teniendo en la mesa los autos en papel, pero ahora necesitamos un método que permita una visualización simultánea", continúa. La doble pantalla debe ser proporcionada por cada comunidad, en el caso de aquellas que tienen competencias transferidas en materia de Justicia, pero a día de hoy se trata de una necesidad que no está cubierta en comunidades como Madrid.

Sumado a esto, el sistema LexNet lleva dos meses registrando caídas que impiden a los profesionales ejercer su trabajo con fluidez. Rafael Catalá reconoció que "a media mañana" es habitual una sobresaturación en la red que genera lentitud en el sistema y fallos puntuales. Esto hace que LexNet no esté disponible las 24 horas del día, entorpeciendo el trabajo de los profesionales. "Por el día casi nunca funciona, de modo que algunos profesionales se tienen que quedar hasta las 2:00 de la madrugada", denuncia el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, quien añade que "la gente está muy preocupada".

La consecuencia principal es, paradójicamente, un aumento del gasto en papel. Las trabas a la hora de tramitar los expedientes de forma digital y con firma electrónica hace que los escritos presentados en los decanatos deban ser imprimidos para poder ser repartidos a los órganos judiciales. "El trabajo es doble y, en consecuencia, el tiempo invertido también", tal y como advierte el Colegio de Abogados de Madrid.

Antonio Viejo destaca, en declaraciones a infoLibre, la solicitud de Madrid de usar una doble vía, es decir, emplear también papel "para facilitar la tarea de registro y reparto". Sin embargo, esto también ha supuesto un problema de tiempos, y es que implica un doble registro y por tanto una ralentización y un retraso en las remisiones. "Registrar un escrito puede llevar hasta 25 minutos", señala Antonio Viejo, "y se pueden tramitar hasta 60 escritos al día", explica. En Madrid , además, se maneja "muchísima documentación, en un año pueden tramitarse hasta un millón de escritos y entre 1.400 y 1.700 denuncias, multiplicadas por los 101 juzgados que hay", apunta Viejo.

El juez decano muestra a este periódico las quejas que le han llegado desde juzgados de lo penal, civil y social: dificultades para abrir documentos en PDF, problemas para rechazar los documentos que vienen mal, retrasos "inusuales" de una semana en el registro de demandas... "¿Rafael Catalá dice que funciona bien? Yo digo que no. No lo hace", lamenta, a lo que añade que le "encantaría que fuera verdad" la realidad planteada por el ministro.

Por otra parte, existe un límite de capacidad en el envío, que de ser superado desencadena una serie de incidencias y obliga a continuar con el procedimiento vía papel. Todo esto desemboca en otra consecuencia directa: retrasos en las remisiones. "Se produce, por un lado, una ralentización de los juzgados, y por otro eventuales nulidades de las actuaciones judiciales porque se haya dado trámite a un procedimiento sin tener un escrito que no ha llegado a tiempo", señala Antonio Viejo.

El ministro Catalá aseguró que "para un procedimiento ordinario se ha reducido el plazo de una media de 60 a 19 días". Preguntado por posibles retrasos registrados en las comunidades autónomas, Catalá negó su existencia y aseveró que "si algo se genera es una mejora". Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no obstante, confirmaron a infoLibre que no fue hasta el viernes 26 de febrero cuando empezaron a registrarse "las denuncias que se presentaron a mediados del mes de enero". Es decir, más de un mes de retraso. Como ejemplo, la querella de Manos Limpias contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su marido, Eduardo Leira, remitida a la capital el pasado 15 de diciembre, "se registró en la semana del 15 y 19 de febrero".

Todos estos errores llevaron a que el pasado 22 de enero el subdirector general de nuevas Tecnologías, Luis Bustamente, fuera cesado de su cargo. Fuentes de Justicia justifican en declaraciones a este periódico el cese de Bustamante y su sustitución por el subdirector adjunto, José Luis Hernández Carrión, como una estrategia "para darle un impulso" al plan. Por el contrario, para Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, es "un síntoma bastante claro del despropósito de querer empezar algo sin dinero ni recursos".

Una iniciativa "electoralista"

A juicio del presidente del Foro Judicial independiente, Conrado Gallardo, el problema es que "se ha hecho una operación de propaganda". El diagnóstico es compartido por Joaquim Bosch, quien señala que "suprimir el papel no se puede conseguir a través de grandes anuncios en periodo prelectoral". Para Bosch, la realidad de los juzgados difiere de las espectativas generadas por Catalá: "No se ha cumplido absolutamente nada de lo prometido", remacha.

La implantación de papel cero estaba dirigida a las doce comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, sumadas a las otras cinco que dependen del Ministerio: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Baleares. Las diferencias en el funcionamiento del plan para eliminar definitivamente el papel de los archivos hacen del proyecto un fracaso anunciado.

Así lo predijo la Comunitat Valenciana, que ya en diciembre anunció su intención de aplazar la puesta en marcha de LexNet. La consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, resaltó que "el presupuesto –seis millones a repartir entre las comunidades autónomas– es claramente insuficiente para que el proceso de informatización sea una realidad". A juicio de Antonio Viejo, "Madrid no se atrevió a dar el paso de la Comunidat Valenciana", de modo que fueron los jueces quienes pidieron "la suspensión de LexNet, una vez implantado, pero el Gobierno se negó".

Cataluña, Cantabria y País Vasco, por su parte, han anunciado que no cumplirán totalmente con el objetivo papel cero en la Administración de Justicia, y que de momento sólo lo aplicarán en algunas órdenes jurisdiccionales. 

Para Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el sistema iniciado en enero "no sólo no está funcionando, sino que hay una disfunción total entre las distintas comunidades". Además, continúa, "los decanatos lo han paralizado para evitar un auténtico caos. Seguimos funcionando exactamente igual". Coincide con él Conrado Gallardo, quien añade que "está funcionando mal sobre todo en las grandes comunidades, que es donde más falta hace", al tiempo que lamenta que "en Madrid está suspendido ahora mismo, de modo que en casi todos los sitios se sigue admitiendo el papel". Así lo ratifica el Colegio de Abogados de Madrid: "Es imposible hablar de papel cero en Madrid. No se ha dotado a los juzgados madrileños de los medios materiales y humanos necesarios".

Ante el caos generado y la ausencia de soluciones, el Consejo General de la Abogacía emitió un comunicado el pasado 18 de febrero con el fin de exigir "un plazo realista para que se garantice el correcto funcionamiento de LexNET en todo el territorio y que –para respaldar la seguridad jurídica en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos– se mantenga durante este periodo la posibilidad de presentar escritos tanto en formato digital como en papel".

Presupuesto, formación y recursos

El diagnóstico de los expertos en Justicia es prácticamente idéntico: hace falta un aumento de presupuesto, mayor formación y no escatimar en los recursos necesarios para su puesta en marcha.

Jueces, abogados, asociaciones, colectivos y profesionales del campo coinciden además al ratificar su voluntad de caminar hacia la digitalización real y la eliminación del papel. "Es una aspiración muy antigua que vamos a acoger siempre con agrado porque suponemos que no puede tener otro resultado que el beneficio del funcionamiento de la Administración de la Justicia, y por tanto también el de los ciudadanos", destaca Celso Rodríguez.

"El problema es que se ha intentado hacer todo muy rápido, sin presupuesto, sin formación", asevera Raimundo Prado. "Todos estamos de acuerdo en que hay que modernizarse, pero eso ahora es una entelequia", remata. "Hace falta invertir en tiempo, recursos y coordinación, y eso es algo que no se ha hecho", añade el magistrado Conrado Gallardo.

Catalá y las cuentas del Gran Capitán

Antonio Viejo considera que "las buenas intenciones han quedado en cierta medida desdibujadas por la problemática del día a día". El sistema "es bueno", continúa, "pero tenían que haberlo comprobado para evitar estos problemas, porque la situación actual es de colapso y vivencia problemática para quienes estamos en este negociado". Para el juez decano de Madrid, se trata de un "problema de primer orden" con unas soluciones muy claras: "Se tenía que haber impartido información precisa para el conocimiento de la mecánica operativa", además de haber invertido en una mayor formación, señala, "que se impartió después de la entrada en vigor y fue muy insuficiente". Finalmente, el jurista echa en falta "unos medios materiales necesarios" para alcanzar los objetivos marcados, así como un "ensayo preciso del funcionamiento del sistema" que evite el caos desatado por el fallido plan en la gran mayoría de juzgados y tribunales del país.

Joaquim Bosch se suma a la percepción señalada por sus compañeros, y sostiene que "sólo una planificación suficiente y la aportación de los elementos técnicos necesarios" harán posible la eliminación definitiva del papel.

Las críticas han llegado incluso a la Fiscalía. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, envió una carta al Gobierno en funciones denunciando que el sistema provoca "ineficiencia, retraso e inseguridad" y le pide que se replantee su mantenimiento y extensión, según informó El País, poniendo en cuestión la realidad perfilada por el ministro Rafael Catalá.

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