La polémica de los titiriteros
La jueza se inhibe en favor de la Audiencia Nacional por el 'caso de los titiriteros'
El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, al que le había sido asignada la denuncia que el Ayuntamiento de la capital interpuso contra los dos titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo por la representación de La Bruja y don Cristóbal, decidió el pasado doce de febrero inhibirse en favor de la Audiencia Nacional por "falta de competencia objetiva". Así, en un auto de dos páginas al que ha tenido acceso infoLibre, considera necesario inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional porque "ya entiende de los mismos hechos" al haberlos investigado "con anterioridad", y añade que se pondrá a su disposición "el dinero y efectos ocupados".
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En concreto, fue el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que el 6 de febrero ordenó la prisión provisional contra Alfonso Lázaro y Raúl García al imputarles un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales. Una medida excepcional que apenas estaba argumentada en el auto judicial. Después de cinco días en la cárcel de Soto del Real, el mismo magistrado ordenó su puesta en libertad con la imposición de comparecencias diarias al juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir del territorio nacional.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, anunció el mismo día que había interpuesto una demanda contra Títeres desde Abajo. Así lo comunicó la concejala de Cultura, Celia Mayer, que horas después, y viendo el apoyo que estaban recibiendo los dos titiriteros, decidió recular y pidió a través de Twitter a Madrid Destino, empresa que ella misma preside, que retirase la denuncia. "Fue puesta exclusivamente con la intención de esclarecer lo sucedido durante el espectáculo y nunca por nada que tuviera que ver específicamente con un supuesto enaltecimiento del terrorismo", apuntó en un comunicado en la red social.
En el escrito, Mayer volvió a hacer hincapié en lo inapropiado de representar esta obra de títeres para todos los públicos, pero rechazó "la utilización interesada" que, en su opinión, se trató hacer del caso. "Es un ataque contra la democracia el que las instituciones judiciales se estén utilizando como herramienta contra este Gobierno municipal y un claro intento de distraer la atención respecto a las decenas de casos de corrupción abiertos en la actualidad. Pero, sobre todo, esta ofensiva tiene el objetivo de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente y que representa las aspiraciones de cambio de mucha gente", cerraba el comunicado.
