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Justicia

La jueza propone juzgar a dos exdirectivos de la CAM por la venta de preferentes y deuda

  • Les atribuye un delito de estafa por irregularidades en la información que facilitaron a los clientes
  • Se archivan las actuaciones respecto al resto de directivos investigados, en total tres

infoLibre Publicada 18/03/2016 a las 14:03 Actualizada 18/03/2016 a las 14:04    
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Afectados por las preferentes protestan ante la Audiencia Nacional.

Afectados por las preferentes protestan ante la Audiencia Nacional.

CHEMA MOYA
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós por la venta de preferentes y deuda subordinada. No obstante, la magistrada ha archivado la investigación sobre la comercialización de cuotas participativas.

En un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, la juez asegura que ambos deben ser juzgados por delitos de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos, informa Europa Press.

Además, considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell. Se archivan las actuaciones respecto al resto de directivos investigados: el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez ya que no existen indicios de que participaran en los hechos.

En su resolución, la titular del Juzgado Central 3 destaca que existen irregularidades en el test de idoneidad que se distribuyó a través de una circular interna en la que también se adjuntaba el folleto informativo, que explicaba en que consistía el producto y sus riesgos.

La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".

La Fiscalía y las acusaciones tendrán ahora un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación o de sobreseimiento o solicitar la práctica de nuevas diligencias.

En cuanto a la parte que afecta a la venta de cuotas participativas, el auto explica que los informes de la CNMV y del Banco de España apuntan a que las cuentas de 2007 de la caja, con las que se contaba cuando se comercializaron, no estaban falseadas. "Las cuentas que han sido detectadas como falseadas son las de 2010 y 2011", precisa.

La juez investiga en otra causa, la principal, irregularidades en la gestión de la CAM. En este procedimiento se mantiene la instrucción en lo afecta a las cuotas vendidas desde las 13:05 horas del 1 de marzo de 2001 al 22 de julio de ese año.

En ese procedimiento, la magistrada acusa a López Abad y Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de cuentas.

Los directivos no se opusieron pese al perjuicio

Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado, Javier Gómez Bermúdez, en un auto, los cinco exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".

Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivos que permitían el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros –actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro–comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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