Un exalumno de un curso de elaborador de productos cárnicos: “No sé elaborar un chorizo”

Javier Martín, exalumno de un curso de formación subvencionado por la Junta de elaborador de productos cárnicos, indicó que obtuvo el título de la Junta pero que "no sé elaborar un chorizo", así como que sabían de antemano cuándo iba a visitar un inspector el curso y que trabajó como "peón" en la empresa en la que desarrollaron las prácticas.

Así se pronunció Martín durante su comparecencia ante la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en la formación, quien relató que recibió el curso de formación en 2010 de mano de la empresa Zureja Formación en Alhaurín el Grande (Málaga) y que las prácticas las realizó en la empresa Embutidos Moreno Plaza.

Explicó que empezaron el curso 15 alumnos pero lo terminaron diez, y que, aunque el compromiso de contratación era del 60%, sólo contrataron a dos, mientras que el administrador de la empresa del curso, Juan Enrique Zumaquero Merino, según Martín, "nos contrató a otros cuatro alumnos, para que no le penalizaran, pero hicimos trabajos en su casa de fontanería o albañilería a pesar de que nos contrató como matarifes y trabajadores de empresas cárnicas", además, señaló que le despidió cuando reflejó lo ocurrido en el curso en su blog personal, informa Europa Press.

Sobre las clases, indicó que las teóricas las recibieron en una nave "con techo de chapa, no era un espacio habitable", y las prácticas en la fábrica, "no hicimos nada que nos enseñara a desarrollarnos profesionalmente, sino que hicimos el trabajo sucio, como lavar cestas o mover y orear chorizos, pero a elaborar no aprendimos nada". "El título fue regalado, no nos exigieron absolutamente nada", apostilló.

"No teníamos que haber aportado nuestra mano de obra a la fábrica, teníamos que haber sido formados", señaló el exalumno, quien aseguró que la empresa tuvo lucro "cuando 15 personas han estado trabajando por nada, por una ilusión". Además concretó que incluso trabajadores de la empresa cárnica "cogieron vacaciones cuando llegamos nosotros".

Las instalaciones donde recibieron el curso teórico era una nave que estaba desprovista de duchas, agua caliente, vestuarios o taquillas, y afirmó que las sillas eran "de colegio de Primaria", así como que eran los propios alumnos los que se autoexaminaban, "preparábamos preguntas y copiábamos las respuestas".

Durante las prácticas, como indicó Martín, le enseñaron "el trabajo sucio como descargar furgonetas, pesar tocino, envasar o poner etiquetas" pero nada relacionado con el título que obtuvo porque "el tiempo que tardan en instruirte son pérdidas para la fábrica y ahí no se desperdicia nada".

De la misma manera, explicó que sabían de antemano cuando iba a visitar una inspectora el curso, "había una mano negra que avisaba de iban", y entonces "dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y hacíamos como que aprendíamos algo" porque "nos daban instrucciones de cómo comportarnos si venía la inspección".

Sobre la inspectora explicó que "hacía su papel, nos preguntaba si había algo que estaba mal, pero cómo íbamos a decir algo porque si levantas la voz te echan y no consigues tu fin que estar en ese 60% de contratación". "Te tienes que callar la boca, por ahí nos tenían agarrados", lamentó.

Dijo que se sintió "como un idiota" y que los cursos sirvieron para que otros se lucraran, cuando concretó que a Zureja Formación "se le concedió en 2010 un total de 83,763,5 euros por el curso, y en el 2009, 162.715,5 euros", por lo que consideró que "¿qué menos que ir a mirar cuando se le concede ese dinero a dónde va?", así como advirtió de que, una vez que terminó el curso, la Junta no llevó a cabo ninguna actuación para determinar su inserción laboral.

"Siento que el SAE no sirve para nada, solo para poner impedimentos y hacerte perder la cabeza cuando vas a pedir lo que sea", dijo en otro momento de su comparecencia Martín, quienindicó en que "no conozco a nadie que el SAE le haya dado un puesto de trabajo".

Advierte a la Junta vía e-mail

También explicó que trasladó todos estos incumplimientos a un funcionario de la Junta, Pedro Jesús Sánchez Becerra, por e-mail pero que no hicieron nada para comprobar que sus denuncias, "si las instalaciones cumplían los requisitos o si las personas que impartían el curso estaban capacitadas para darlos". Indicó que no acudió a la vía judicial porque implicaba "tiempo, dinero y ganas", y que tiempo y ganas tenía pero dinero no.

Precisamente, la diputada del PSOE-A en la comisión, Marisa Bustinduy, le recriminó al compareciente que no acudiera a los tribunales para denunciar estos hechos y le recordó que "acudir a la Fiscalía es gratuito", a lo que Martín le replicó que "usted no sabe que es que te falte para tus hijos o que tengas que acudir a los servicios sociales por un poco de arroz, no sabe lo que es eso, yo sí lo sé, por eso nos teníamos que callar".

La socialista señaló que se ha pedido reintegro a la empresa porque "la Junta entiende que ha incumplido parte de su compromiso" y consideró que el compareciente habló de una manera "ligera" pues "lo que ha dicho está por demostrar". "Lamento que no haya sido una vivencia buena, pero me parece que un alumno es poco representativo" para valorar el desarrollo de los cursos, ha dicho Bustinduy, porque entiende que "lo que le ha pasado no responde a la generalidad".

De su lado, la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet reprochó al PSOE-A que "le recrimine" al exalumno que no haya acudido a denunciar a los tribunales, y consideró que es "palmario" que el curso no cumplió con el compromiso de contratación. Entiende que la Junta "no ha obrado con diligencia" pues, tras sus avisos a la Junta, "se llevaron a cabo más cursos en esta empresa".

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Desde Podemos, Jesús Romero criticó que el PSOE-A "se preocupa de lo que hacen los que reciben los cursos y no de por qué conocían de antemano las visitas de la inspección. "El PSOE-A, en sus intervenciones, solo echan una capa de inocencia a todas las actuaciones de la Junta, y está muy dispuesto a reconducir a los comparecientes sobre lo que debían o no hacer", agregó.

El parlamentario del PP-A Miguel Ángel Torrico consideró que sí hay menoscabos de fondos públicos en este caso cuando señaló que la empresa que impartió el curso a este alumno ya no existe, así como dijo que se plantean citar en la comisión al administrador de la empresa de formación, Juan Enrique Zumaquero Merino. "Mi caso es lo de menos, estoy resignado, pero lo que hay que limpiar es mucho", dijo el exalumno.

De su lado, la representante de IULV-CA en la comisión, Elena Cortés, lamentó la circunstancia que tuvo que padecer este exalumno y defendió que "ningún trabajador sirve para que le vendan duros a pesetas y le tomen el pelo".