Las víctimas del Alvia esperan que la Agencia Ferroviaria Europea ponga en evidencia la investigación del accidente

El viaje que realizaron a Bruselas en noviembre víctimas del siniestro del tren Alvia ocurrido hace ya casi tres años en Santiago de Angrois ha dado su primer fruto formal: la Agencia Ferroviaria Europea ha terminado su examen del informe de la comisión española de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) en torno a las causas del descarrilamiento.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, está a la espera de este estudio sobre el informe de la CIAF, ya terminado, y confía en que suponga un "palo" para la comisión de investigación, que se define como independiente pero está adscrita a la Subsecretaría de Fomento. "Y no es para nada independiente", en palabras del presidente de la asociación, Jesús Domínguez.

En este sentido, Domínguez entiende que la CIAF "no cumplió las normativas europeas" relativas a la necesaria independencia de los entes que investigan este tipo de sucesos, y llama la atención sobre que sus consecuencias son "importantes" porque "lo utilizaron" peritos en el proceso judicial. "Si la Agencia lo tira por tierra, solo quedaría en pie el informe del perito independiente", advierte, en alusión al peritaje que concluye que, con el sistema de frenado automatico, el descarrilamiento no se habría producido.

Casi cinco meses después de la visita a las instituciones comunitarias, a las que dieron a conocer su impresión de que en el siniestro hubo más responsables que el maquinista, por medidas que, a juicio de las víctimas, supusieron disminuir la seguridad en el tren y en la vía, la Agencia Ferroviaria Europea ha hecho saber al colectivo de afectados que sus recomendaciones al informe están ya listas.

El informe de la CIAF determinó como único culpable al conductor del Alvia, que llegó al entorno de una curva pronunciada tras una prolongada recta con un exceso de velocidad tras responder una llamada telefónica del interventor.

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Pero, para los perjudicados de un descarrilamiento que significó 81 muertes y más de 100 heridos, aspectos como el balizamiento, la señalización y, fundamentalmente, la inoperatividad del sistema de frenado propio de la alta velocidad (el ERTMS) en el punto en el que se produjo la tragedia, son claves también para la eventual depuración de responsabilidades.

Ahora, las víctimas esperan con expectación el informe de la Agencia Ferroviaria, en un contexto en el que la instrucción judicial está a punto de cerrarse –la Audiencia Provincial de A Coruña debe resolver sobre los recursos interpuestos por las partes contra el cierre dictaminado por el juez, con el maquinista como único imputado–.

Una petición al amparo de la regulación del Parlamento y el Consejo europeos que da acceso público a los documentos de estas dos instituciones y de la Comisión es la que, en caso de no existir inconvenientes legales, les permitirá conocer las recomendaciones que responsables de seguridad de la agencia ferroviaria han elaborado.