Una plataforma responsabiliza a la Xunta del riesgo de tener que pagar 20 millones a la empresa que denunció un intento de soborno

La plataforma Salvemos Cabana, una de las organizaciones que más se movilizó para impedir el proyecto de la mina de oro de Corcoesto, en la localidad coruñesa de Cabana de Bergantiños, lamentó este jueves que “ahora” sea “la propia Galicia” la que tenga “que enfrentar las consecuencias de una actuación que se ha demostrado finalmente tan poco acertada”. La empresa canadiense Edgewater reclama 20 millones de euros en compensaciones al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo después de que éste pasara de impulsar la iniciativa a retirarle los permisos.

Esta situación, subraya la organización contraria a la mina, debe suponer “una lección de futuro” para el Gobierno gallego”. “Si la Xunta de Galicia hubiera actuado de manera responsable desde el principio, se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento en la comarca de Bergantiños”, subraya el portavoz de Salvemos Cabana, Moncho Varela.

Varela deja claro que “no se puede hablar de corrupción porque no sería justo” y tampoco tienen “pruebas de ello”, pero concede que “está claro que las cosas quizás no se han hecho como deberían en la parte administrativa”, informa Europa Press. Un correo interno de Edgewater fechado en 2014 y publicado este martes por infoLibre reveló que, según el director de la compañía, George Salamis, amigos de Alberto Núñez Feijóo le pidieron dinero a cambio de llevar a cabo gestiones que desbloqueasen el proyecto minero. 

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Lo que, a su juicio, “no es comprensible”, es cómo la Xunta “pudo aprobar una declaración de impacto ambiental con algunas carencias” que la plataforma consideró en su momento “tan significativas”. Salvemos Cabana se opuso a aquella declaración, pero la Xunta no quiso tener “en cuenta las fundamentadas alegaciones de especialistas y colectivos”.

En relación con el “escándalo desatado” tras “las graves acusaciones” que realiza la minera contra la Xunta (el correo interno que habla de sobornos ha sido incluido en la demanda judicial planteada para recalmar compensaciones), Salvemos Cabana considera “que se impone la necesidad de un modelo extractivo cuya sensatez permita que las tareas extractivas no puedan interferir en sectores productivos básicos como la agricultura o la ganadería”.

“Sin duda, la Administración gallega tomó la decisión acertada al cancelar el proyecto de Corcoesto, pero no es comprensible cómo, con la problemática asociada a este tipo de proyectos, pudo aprobar la declaración de impacto ambiental, que facilitaba enormemente los planes de la empresa”, señala Varela.