Anticorrupción sostiene que el PP se lucró en tres de las tramas tejidas por ‘Gürtel’

La Fiscalía Anticorrupción y los jueces que han instruido el caso de Francisco Correa se empeñan en desautorizar las palabras que Mariano Rajoy hizo en febrero de 2009, arropado por todos los integrantes de su Comité Nacional, en las que aseguró que Gürtel no era una trama del PP sino contra el PP. Rajoy acusaba el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al juez Baltasar Garzón de inventarse la existencia de una trama para perjudicar al Partido Popular.

Pero más de siete años después de esas palabras, la Fiscalía Anticorrupción ha determinado que el PP también se lucró de las mordidas abonadas por la trama liderada por Francisco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, considerado el epicentro de la red corrupta.

Anticorrupción quiere juzgar a 27 excargos del PP y empresarios por ocasionar un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación  irregular de una parcela a la entidad UFC. Pero también se vio perjudicada la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV) con un agujero mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría.

La trama de Correa también se benefició de un sobreprecio de 31.215 euros abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Francisco Correa y que estaría destinado al Partido Popular y al exdiputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor.

204.198 euros

En total, el Ministerio Público sostiene que el PP habría resultado beneficiado con la actuación del grupo delictivo en el municipio madrileño en una cuantía de 204.198 euros. Este es el principal motivo por el que Anticorrupción pide al juez José de la Mata que dirija también el procedimiento de la pieza separada de Gürtel en Boadilla del Monte contra el PP como partícipe a título lucrativo.

De acordarlo el juez De la Mata, sería la tercera vez que un magistrado considera al PP partícipe a título lucrativo de la trama de Francisco Correa. La primera vez fue con motivo de la denominada Época I de Gürtel, que abarca los años 1999-2005.

En concreto, tanto el juez Pablo Ruz como la Sala de lo Penal confirmaron que el PP pudo haberse beneficiado de hasta 236.864 euros de las mordidas vinculadas a los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda.

Caja B del partido

También en el caso Bárcenas o de la contabilidad B, el PP ha sido considerado por el juez Ruz como partícipe a título lucrativo. El sucesor de Ruz, José de la Mata, también consideró que el PP debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido. "El PP, desde 1990 y hasta al menos 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".

En el auto de apertura de juicio oral del procedimiento, el magistrado estableció que el PP tendría que afrontar una fianza de 1,2 millones: algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede central de los conservadores en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008.

Entre los procesados por llevar la caja B se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez. Pero el escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre Boadilla del Monte reclama al juez que procese a otros 27 excargos del PP y empresarios. Como por ejemplo los exalcaldes del municipio en el que es concejal por Alternativa por Boadilla Arturo González Panero El albondiguilla y Juan Siguero.

Anticorrupción también pide al juez que siente en el banquillo de los acusados al presunto cerebro de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; al exconcejal José Galeote; al cargo de confianza Tomás Martín Morales; al exdiputado Alfonso Bosch Tejedor; y a los empresarios Alfonso García-Pozuelo Asins, Rafael Naranjo, José Luis Ulibarri y José Ramón Blanco Balín.

Correa dirigía el Ayuntamiento

Según la Fiscalía, el "entramado" de Correa en Boadilla del Monte "habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los concretos expedientes".

Este control era especialmente evidente en la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), entidad que la trama de Correa controlaba de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que, consecuentemente, "trasferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención".

García-Pozuelo, Ulibarri y Teconsa

El escrito de Anticorrupción especifica las actividades presuntamente irregulares que se incluyen la pieza separada de Boadilla del Monte. Como por ejemplo, la adjudicación de la recogida de basuras municipal a la empresa Sufi; otras adjudicaciones vinculadas con el empresario Alfonso García-Pozuelo Asins; y con la mercantil UFC, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana; con la constructora Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; con Artas Consultoría de varios de los imputados; y con las sociedades del propio Correa.

Por estas y otras adjudicaciones, los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315 euros; en el de Pablo Crespo a 593.000 euros; en el de José Galeote a 557.609 euros; en el de Arturo González Panero a 1.800.000 euros; en el de Tomás Martín Morales a 1.327.235 euros y en el de Alfonso Bosch a 941.652 euros.

Sociedades panameñas

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Una parte de los fondos percibidos por Tomás Martín Morales, Arturo González Panero y Pablo Crespo Sabarís se habrían ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

La cuenta que habría utilizado Pablo Crespo Sabarís, a nombre de Mall Business, fue bloqueada en junio de 2012 por Suiza con un saldo de 1.557.227 euros. La utilizada por González Panero, a nombre de la entidad Longridge Internacional SA, fue congelada por las autoridades helvéticas con un saldo de 120.379 euros.

Los 27 excargos y empresarios están acusados de haber cometido los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública y delito de blanqueo de capitales.