La Fiscalía de Las Palmas ve delito en la actuación del juez Alba en el ‘caso Rosell’

La Fiscalía de Las Palmas informó este miércoles de que ve indicios de la comisión por parte del juez Salvador Alba de al menos un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos tras analizar el contenido de las grabaciones entre este magistrado y el empresario Miguel Ángel Ramírez.

Alba sustituyó a Victoria Rosell como titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas después de que esta juez pidiera una excedencia para concurrir con Podemos en las elecciones del 20D, de las que resultó elegida como diputada. Tras disolverse las Cortes con la convocatoria de nuevas elecciones, Rosell pidió recuperar su plaza, que ocupa de forma interina Carla Vallejo.

Será esta última juez la que tenga que atender a la petición de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por ser la competente para el conocimiento de los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

"El Ministerio Fiscal considera que, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, de la documentación aportada se desprende, al menos, la indiciaria comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, previsto y penado en el artículo 441 del Código Penal, atribuible al magistrado Salvador Alba Mesa", recogió el comunicado de la Fiscalía de Las Palmas.

Tras el escrito remitido desde el Juzgado de Instrucción Número 8, la Fiscalía valorará la posible relevancia penal que se desprende de la grabación del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, un empresario que está siendo investigado por un posible delito a la Seguridad Social, y que hizo negocios con la pareja de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa.

Tres delitos

El Tribunal Supremo investiga a Victoria Rosell precisamente por su instrucción como juez en un caso que afectaba a Miguel Ángel Ramírez al entender --tras una querella presentada por el exministro José Manuel Soria-- que pudo cometer los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso.

Esta investigación fue derivada al TSJ canario después de que Rosell perdiera su condición de aforada ante el Supremo al renunciar a la Diputación Permanente del Congreso. El alto tribunal se inhibió sin esperar a saber si la candidata por Podemos volverá a repetir en las listas de este partido, como sí hizo en otros casos similares con anterioridad.