El PP recurre la fianza impuesta por el juez de 1,2 millones de euros por su ‘caja B’

El Partido Popular (PP) recurrió la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le impuso en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una "caja B", desde "1990 hasta, al menos, el año 2008".

El partido presentó un recurso, al que tuvo acceso Europa Press, en la que denuncia la "patente indefensión" que sufrió, toda vez que se le requirió "el 100%" del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.

"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando éste, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsables directos y solidarios", añadió.

El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación, en la que informó de que las cantidades impuestas en concepto de responsabilidad civil no fueron totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de la sede de Génova. Impuso a los dos primeros sendas cauciones de 8,9 millones, mientras que Páez debía cubrir una de 7,4 millones y el despacho otra de cuatro millones.

En opinión del PP, los responsables civiles directos y Unifica acreditaron una "solvencia superior" a la cantidad que se le reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda pública eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración", resaltó.

"Un afianzamiento exorbitado"

En opinión del PP, los responsables civiles directos y Unifica acreditaron una "solvencia superior" a la cantidad que se les reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado", resaltó.

El partido conservador puso de relieve que Lapuerta dijo contar con 320.000 acciones de la inmobiliaria El Royuelo y de un inmueble con un valor catastral de 1,64 millones de euros a fecha de 2005. "En un principio, y a salvo de una valoración pericial posterior, la cuantía asegurada por Lapuerta ascendía a 4,18 millones", remacharon.

En el caso del otro antiguo responsable de las finanzas del partido, Luis Bárcenas, advirtieron de que el juzgado se "contradice" cuando dice que sus bienes se encuentran embargados, pero en otra resolución posterior indica que "este señor ha asegurado una parte de las responsabilidades exigidas". Por ello, ve "útil" aclarar este aspecto.

Tras señalar que Páez ofreció acciones en garantía por importe de 455.370 euros, el PP agregó que la empresa Unifica Servicios Integrales ofreció bienes valorados en 10,9 millones para cubrir las cantidades exigidas al despacho y a sus trabajadores Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

Al haberse afianzado un total de 15,61 millones de euros, el Partido Popular dijo no entender por qué no afectó a las cuantías que le han sido requeridas y que "no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro".

"Los responsables civiles directos y el directo y subsidiario --Unifica-- habrían acreditado una solvencia que asciende a 4,18 millones, 455.370 euros y 10,97 millones, las cuales necesariamente se deberían haber tenido en consideración en relación con las cuantías con carácter previo a llamar al Partido Popular como responsable civil subsidiario", alegó el recurso.

El PP, que pide suspender el plazo de diez días para afrontar la fianza civil, cree que el juzgado cometió un "error" en el cómputo de la responsabilidad civil, que "debería haber sido reducida en 432.936 euros".

"Posteriormente, debería haberse procedido a calcular el nuevo importe de las multas a partir del resultado obtenido al restar 432.936,86 € a la antigua responsabilidad civil. Y, finalmente, debería haberse sumado el nuevo importe de multas y la cuantía de la responsabilidad civil, incrementando el resultado en un tercio para obtener el importe total por el que debería prestarse fianza", concluyó en el anexo, que acompaña al recurso de 34 páginas.

Auto de apertura de juicio oral

El juez fija una fianza de 1,2 millones para el PP por su responsabilidad en la caja B

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Según el juez, la formación presidida por Mariano Rajoy "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".

Además, entiende que la formación conservadora era responsable civil subsidiaria del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central en Génova, 13.

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con "cajas B", que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".