El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una moción para recuperar los bienes de la Iglesia

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este viernes una moción del grupo municipal de CHA para que el gobierno de la ciudad inicie la recuperación de la titularidad pública de inmuebles registrados por la Iglesia católica desde 1998.

La moción contó con el apoyo de PSOE y Zaragoza en Común (ZEC), mientras que el PP se opuso y Ciudadanos (C's) se abstuvo. El texto de la moción pidió que el equipo de gobierno solicitara al Ministerio de Justicia toda la información sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en el término municipal de Zaragoza desde la reforma del Reglamento Hipotecario en 1998.

Otro apartado de la moción solicitó que el Ayuntamiento elaborara en seis meses un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Zaragoza inmatriculados por la Iglesia católica desde 1998 e impulsar la recuperación para que sean de titularidad pública.

Asimismo, se instó al Gobierno de Aragón a que informara de todas las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica y que detalle el origen de las aportaciones.

El cuarto punto también reclama al Gobierno de Aragón que se persone en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales aragonesas con el fin de recuperar estos bienes.

El último apartado solicita al Gobierno de España que inicie los trámites para declarar inconstitucional los artículos modificados de la Ley Hipotecaria y del Reglamento Hipotecario para evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de los bienes inmatriculados.

"Ingente" cantidad de bienes inmuebles de alto valor

El portavoz del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, solicitó que se recuperara la titularidad pública de los bienes inmuebles inmatriculados en el Registro de la Propiedad por la Iglesia católica desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 hasta el 2015.

Esta reforma del reglamento permitía a la Iglesia católica proceder a la inscripción registral de una "ingente" cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico que hasta entonces tenían el carácter de dominio público y "además sale muy barato" al señalar que cada procedimiento puede costar en 20 y 30 euros, aseguró.

La Iglesia católica se acogió al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equipara a esta institución con la Administración pública, "otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin documentación que acredite la titularidad de bienes de uso de culto y litúrgico", criticó Asensio para observar que "es inadmisible".

Además, la Iglesia "se amparó" en el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, que "equipara a los diocesanos con notarios de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él diga", resaltó Asensio.

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Alberto Casañal, argumentó la abstención porque "aunque la moción tiene buena voluntad en la práctica es de difícil aplicación" y dudó del resultado de los pleitos que se pudieran abrir, según informó Europa Press.

"Situación anacrónica e injusta"

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, explicó el apoyo porque "es una situación anacrónica e injusta" porque genera una "ventaja especial que no es aceptable que tenga la Iglesia católica o cualquier otro" y apostilló que "desde una posición aconfesional no es razonable que existan estos vericuetos legales".

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, explicó que los movimientos laicistas acabaron con algunos privilegios, pero "queremos saber la verdad y qué ha ocurrido estos años y qué bienes están en manos de la Iglesia católica y que se devuelvan al bien común y acabar con los privilegios".

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, observó que la moción de CHA "tiene errores", al recordar que en 2015 se eliminó el privilegio de inscribir bienes con certificado de la propia Iglesia y "eso lo hizo el PP", enfatizó.

Navarro señaló que la inscripción registral "es recurrible" y apostilló que el acceso al registro es público para pedirle a CHA que "presente iniciativas con rigor jurídico".