El PSOE sale en defensa de los dos expresidentes andaluces

El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, salió este miércoles en defensa de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, contra quienes el juez de refuerzo que investiga el caso ERE, Álvaro Martín, dictó auto de procedimiento abreviado.

En concreto, el juez atribuye un delito continuado de prevaricación a Chaves, mientras que a Griñán también le atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos. Martín cree que ambos pudieron participar en la creación del sistema y en la tramitación o concesión de ayudas de forma irregular en el marco del conocido como caso ERE.

En declaraciones a los medios durante una visita a Móstoles (Madrid), Hernando –también portavoz del partido en el Congreso y número tres en la candidatura por Madrid para el 26-J– aseguró que en el PSOE están "absolutamente convencidos" de la "inocencia" tanto de Chaves como de Griñán.

"Son personas que no se han llevado ni un euro, ni un céntimo. No tienen cuentas en paraísos fiscales ni han recibido sobres ni sobresueltos", insistió Antonio Hernando, quien destacó que el PSOE "respeta la Justicia y a los jueces y tribunales", a diferencia de "otros" que ante casos similares "empiezan a insultar a los jueces".

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"Son personas honradas, honestas y creemos en su inocencia", subrayó el cargo socialista, que añadió que "ojalá este proceso se termine cuanto antes", porque para los expresidentes andaluces está suponiendo un "auténtico calvario".

Hernando opinó finalmente que Chaves y Griñán "siempre han ido por delante de los acontecimientos", pues "ya no ocupan ningún cargo institucional, renunciaron a sus escaños –Griñán abandonó el escaño de senador el 15 de junio de 2015 y Chaves renunció al acta de diputado días después– e incluso han renunciado voluntariamente y temporalmente a su militancia".

"Lo que quiero dejar claro es que ellos mismos han renunciado a su militancia estos días, yendo por delante del Código Ético", apuntó. En concreto, el código establece en su artículo 5.4 que "a los militantes que se les abriera juicio oral por un delito (...) ligado a la corrupción" se les suspenderá "cautelarmente" de militancia, y que de ser condenados serán "sancionados con la expulsión del partido".