Los actos, vídeos y tuits que ha prohibido la Junta Electoral

Prohibido inaugurar obras, servicios o proyectos. Nada de presumir de los logros obtenidos. Y, por supuesto, ni hablar de pedir el voto para uno u otro partido. Son algunas de las restricciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en periodo electoral –el tiempo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la fecha de la votación– a los poderes públicos, que no siempre se ajustan a esas directrices. Y ahí es donde entra en juego la Junta Electoral, con el fin de asegurar el principio de neutralidad en la antesala de una nueva cita con las urnas.

Desde el pasado 3 de mayo, fecha del punto final a la legislatura más corta que se recuerda, de la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de los comicios del próximo 26-J, la Junta Electoral Central (JEC) se ha reunido en cuatro ocasiones y se ha pronunciado sobre seis consultas o denuncias de distintas formaciones –el PP, en la mayoría de casos– que consideraban que sus adversarios políticos se estaban valiendo de los medios públicos de las administraciones que controlan para hacer campaña de forma más o menos discreta.

Hasta la fecha la JEC ha estimado de forma parcial o total tres de esas quejas y ha desestimado las otras tres. En el primer grupo, el órgano ha considerado que vulneran la ley unos tuits del Gobierno de Castilla-La Mancha que lidera Emiliano García-Page, ha ordenado a la Generalitat Valencia que retire un vídeo y ha suspendido actos en homenaje al 15-M por sus "connotaciones políticas". En cambio, la Junta ha dado el visto bueno al vídeo de Rajoy grabado en la Moncloa, ha decidido no sancionar un acto de inauguración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz –en manos del PNV– y ha permitido que la comisión de investigación de los contratos del Ayuntamiento de Madrid siga adelante pese a las quejas del PP.

Estas han sido las decisiones adoptadas por la Junta Electoral Central en sus últimas reuniones:

1. Una inauguración al límite

El pasado 4 de mayo, apenas 24 horas después de que se convocaran las elecciones del 26-J, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), inauguró en la capital vasca las nuevas instalaciones del Palacio de Europa, un complejo para grandes congresos que se ha renovado de arriba abajo tras cinco años de obras. Al acto acudieron unas 400 personas, con el lehendakari Iñigo Urkullu, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y el diputado general de Álava, Ramiro González –todos ellos del PNV– a la cabeza.

El PP presentó una queja contra esa fiesta al entender que no se podía inaugurar el recinto tras la convocatoria de las elecciones, tal como establece el artículo 50.3 de la LOREG. Sin embargo, y aunque la Junta Electoral Central dio la razón a los conservadores en tanto en cuanto "la inauguración contravenía objetivamente" la citada prohibición, advirtió de la existencia de "circunstancias" que "justifican suficientemente" la decisión de no imponer ninguna sanción, que era lo que exigía el PP.

En concreto, el órgano recordó que cuando se decidió la fecha de la inauguración no había "certeza respecto a la celebración de unas nuevas elecciones generales ni, sobre todo, que la convocatoria de las mismas iba a tener lugar el día 3 de mayo", de modo que la infracción se produjo de forma "sobrevenida e imprevisible". Contra esa decisión, adoptada en primera instancia por la Junta Electoral Provincial y ratificada por la JEC el pasado 2 de junio, sólo cabría recurrir ante el Supremo.

2. Una comisión legal

La JEC también avaló, en su reunión del 12 de mayo, la continuidad de la comisión del Ayuntamiento de Madrid que estudia la gestión de la contratación realizada durante las tres últimas legislaturas, cuando era el PP quien controlaba el consistorio de la capital. Precisamente los conservadores, a través del grupo municipal que lidera la concejal Esperanza Aguirre, presentaron una consulta sobre la "conveniencia" de que esa comisión siguiera trabajando en campaña.

Pero la Junta no encontró motivos para detener esos trabajos de investigación. "El periodo electoral no interrumpe el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas de ámbito local", señaló el órgano en el acuerdo adoptado, donde también estableció que "la creación de una comisión de investigación (...) no resulta, en principio, contraria a la prohibición de realizar campañas de logros". En cualquier caso, recordó al Ayuntamiento su deber de "garantizar el principio de neutralidad política en todas sus actuaciones" durante el periodo electoral.

3. Un escenario sin identificar

El primer vídeo de precampaña del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, estuvo igualmente bajo la lupa de la Junta Electoral Central... y salió airoso del escrutinio. En la grabación, realizada en las dependencias del Palacio de la Moncloa, Rajoy advertía contra los partidos que son "un disolvente de todo lo bueno, de nuestra unidad, nuestra democracia constitucional y nuestro progresos económico", y pedía apostar por el PP frente a "la incertidumbre, la inestabilidad y la inseguridad" que plantean otros proyectos.

El PSOE criticó inmediatamente ese documento por el "uso de medios públicos con fines electorales", y denunció al presidente del PP ante la Junta Electoral Central por vulnerar, supuestamente, el artículo 50.2 de la LOREG, que señala que en periodo electoral "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos". El órgano, sin embargo, no apreció motivos para imponer una sanción, pues en la grabación "no se aprecian signos que permitan relacionarlo con ninguna institución o poder público" ni "la utilización de medios públicos para realizar actos de campaña electoral".

4. Tuits partidistas

Peor suerte corrieron unos tuits emitidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha –liderado por el socialista Emiliano García-Page–: "El paro ha bajado en el mes de abril en 10.705 personas, la segunda mayor bajada a nivel nacional #PageCumple" o "en #CLM el #paro baja en todos los sectores, en todas las provincias y tramos de edad #PageCumple", fueron algunos de los mensajes que se publicaron a principios de mayo y hasta el día 13 de ese mes en la cuenta oficial del Ejecutivo autonómico.

Para el PP, esos tuits, difundidos ya tras la convocatoria de las elecciones, vulneraban el principio de neutralidad de las Administraciones Públicas en periodo electoral, y la JEC dio la razón a los conservadores: "La difusión de los mensajes denunciados unidos al lema #PageCumple supone una vulneración del artículo 50.2 de la LOREG, ya que se está utilizando una página pública para realizar un mensaje de logros del presidente de la Comunidad Autónoma", argumentó el órgano, que indicó además que esos mismos mensajes se habían difundido en la página web del PSOE regional.

"Durante el periodo electoral –resolvió la Junta Electoral Central en el acuerdo adoptado el pasado 26 de mayo– la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no podrá utilizar esta cuenta oficial ni ninguna otra red social, página web o medio público para la difusión de mensajes de logros o realizaciones del Gobierno regional". Sin embargo la JEC decidió no sancionar al PSOE o a Page por dos motivos: por la "entidad de la infracción" y porque el hashtag #PageCumple dejó de utilizarse en el Twitter oficial del Ejecutivo regional el 13 de mayo.

5. Prohibido "ensalzar" el 15-M

La Junta Electoral Provincial primero y la Junta Electoral Central después también consideraron que los actos organizados por el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gran Canaria para conmemorar el 15-M infringían la LOREG, y dieron la razón a una denuncia de Coalición Canaria y el PP. En concreto, la JEC coincidió con los conservadores en que debía suspenderse el acto porque las citadas instituciones tenían previsto financiar un acto que buscaba "ensalzar" el movimiento 15-M, "del que una de las formaciones políticas que integran los gobiernos insultar y municipal, Podemos, ha reivindicado su condición de heredera".

En un acuerdo adoptado el pasado 2 de junio, la JEC admitió que "la LOREG no prohíbe la realización de eventos como éste" sino que se "limita a impedir" que en periodo electoral puedan ser "organizados o financiados por los poderes públicos", como ocurría en el caso descrito. "No se trata de actos imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos y pueden por tanto celebrarse con posterioridad al periodo electoral para evitar que puedan quebrantarse los principios de neutralidad política de los poderes públicos durante el periodo electoral", agregó el órgano en su resolución.

6. Un vídeo poco neutral

La última de las decisiones adoptadas hasta la fecha por asuntos de este tipo por la JEC se refiere a otra queja del PP contra un vídeo confeccionado y difundido por la Generalitat Valenciana –que gobiernan PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos–, y titulado "orgullo de ser valencianos". El órgano consideró que, en efecto, el Ejecutivo autonómico vulneró con esa grabación el principio de neutralidad política y ordenó su eliminación "de forma inmediata".

De acuerdo con la resolución de la Junta, el vídeo utiliza "frases e imágenes relativas a actuaciones de gobiernos anteriores de otra formación política concurrente a las elecciones [en referencia al PP] con un tono peyorativo y a continuación se insertan imágenes vinculadas a símbolos y tradiciones generalmente considerados como propios de la identidad valenciana que subliminalmente se asocian a quienes en este momento ostentan el Gobierno (...)".En esa misma línea, la JEC apuntó que "dichas imágenes revelan una intencionalidad política de crítica a gobiernos anteriores y ensalzamiento al actual", por lo que difundirlas por parte de un ente público en periodo electoral "conculca" el artículo 50.2 de la LOREG.

Otras decisiones

La Junta Electoral Central tiene previsto reunirse de nuevo este miércoles a las cinco de la tarde para estudiar otras quejas. En cualquier caso, las suyas no han sido las únicas decisiones de este tipo desde que se convocaran las elecciones para el próximo día 26: muchas reclamaciones de los partidos se estudian en el ámbito de las juntas electorales de zona, que tienen competencias provinciales o incluso de ámbito más reducido. Este mismo martes, otras tres juntas decidieron sobre asuntos similares.

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Así, la Junta Electoral de Zona de Valencia rechazó en un dictamen suspender hasta después de las elecciones la comisión municipal del Ayuntamiento de Valencia –ahora en manos de Compromís– que investiga la gestión del anterior equipo de Gobierno local, del PP, tal y como habían reclamado los conservadores. En una decisión similar a la de la JEC sobre el Ayuntamiento de Madrid, la Junta Electoral de Zona resolvió que "no ha lugar" a esas suspensión, si bien recordó al consistorio que no debe emplear la investigación con fines políticos.

También este martes, la Junta Electoral Provincial de Alicante suspendió un acto organizado por Casa Mediterráneo –una institución que depende del Ministerio de Exteriores– y en el que estaba previsto que participase el ministro en funciones de ese ramo, José Manuel García-Margallo. El órgano admitió así una queja del PSOE, que había tachado de electoralista el evento que llevaba por título "España contigo. Fortaleza de la Marca España: turismo" y donde iba a presentarse un informe sobre la situación del tursmo en España.

Finalmente, la Junta Electoral de Zona de Avilés decidió ordenar la suspensión de los "encuentros ciudadanos" que había convocado la alcaldesa de la localidad, Mariví Monteseirín (PSOE), una serie de actos en los que, en palabras del portavoz socialista en el municipio, Luis Fernández Huerga, el objetivo era "explicar las inversiones previstas en la ciudad para este año y escuchar las demandas y preocupaciones ciudadanas". La Juna Electoral consideró en cambio que esas reuniones contravienen lo dispuesto en la LOREG y dio la razón a Unidos Podemos, que las había denunciado.